Nuevo tropiezo en caso Jamundí

Para los expertos en el intrincado camino que debe recorrer la justicia en Colombia, no fue una sorpresa el escrito de impedimento que presentó el juez cuarto especializado de Cali, Oscar Hurtado Reina, ante el Tribunal Superior de Cali ayer en la tarde. Por el contrario, el común de la gente ve en esta decisión una nueva piedra que demora un proceso cuya finalidad es lograr esclarecer lo qué pasó realmente al atardecer del 22 mayo pasado en Potrerito, Jamundí, cuando hombres del Ejército dieron muerte a diez policías y a un informante civil.

En julio pasado, antes de iniciar la audiencia de acusación, el juez Hurtado decidió que la justicia ordinaria no era competente para llevar el proceso y resolvió trasladarlo a la justicia penal militar. Sin embargo, su determinación no era la última palabra. Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, después de estudiar los argumentos del funcionario, consideraron que la duda acerca de que los militares no actuaron en un acto del servicio, es una premisa suficiente para que sea la justicia ordinaria la que adelante el juicio.

Por eso el Consejo Superior de la Judicatura devolvió el expediente al despacho del juez Hurtado. Pero este hombre insiste en que no puede aceptar esa responsabilidad y esta vez su argumento es más simple.
 
Dice en el escrito que envió al Tribunal Superior de Cali que al declarar a la justicia ordinaria no competente para fallar este caso, emitió un concepto y fijó una posición, dando oportunidad para que las partes involucradas puedan recusar o anular el resultado del juicio. Esto dilataría aun más la posibilidad de que se haga justicia en esta caso.

El juez Hurtado puede enfrentar duras sanciones si el Tribunal Superior considera que su argumento no es excusa para asumir el juicio. De otro lado, si este Tribunal acepta la petición del funcionario, el proceso contra los 15 militares, entre ellos el teniente coronel en retiro Byron Carvajal, será asumido por el juez Quinto Especializado de Cali o regresará al centro de servicios judiciales para que por reparto sea asignado de nuevo. El Tribunal tiene tres días hábiles para decidir que hace con este caso.

Esto prolonga la fecha para la audiencia de acusación que se debía realizar esta semana, donde la Fiscalía debe enseñar las pruebas contra los militares a quienes acusa de homicidio agravado en concurso múltiple, cuya pena es de 60 años de cárcel. En audiencias anteriores ha trascendido que los mensajes de texto y los análisis balísticos, llevaron a los fiscales e investigadores a creer que el Ejército le tendió una trampa al grupo elite de la Dijín.