‘Paras’ otra vez muestran los dientes y dicen que no volverán a las versiones libres

Los paramilitares son expertos en silenciar a sus víctimas. Cuando no recurren a las armas acuden a los efectos mediáticos. Eso quedó en evidencia en las últimas horas cuando convocaron a una rueda de prensa en la que anunciaron el congelamiento del proceso de paz. La fecha escogida para semejante anuncio fue en vísperas de cumplirse dos años de la Ley de Justicia y Paz. A propósito de esta fecha estaban previstos numerosos actos en distintas partes del país en los que las víctimas iban a exponer su situación. Incluso, iban a hablar por primera vez ante el Congreso de la República.

Con el anuncio los paramilitares vuelven a ser los protagonistas de la noticia. Todos se pusieron de acuerdo y firmaron un comunicado en el que aseguran que no volverán a presentarse ante los fiscales que reciben las versiones libres. ¿La razón? Quieren ser juzgados como delincuentes políticos. “No permitiremos que nuestros hombres sean juzgados como criminales”, aseguró Antonio López, quien ofició de vocero durante la rueda de prensa en la tardes de este martes en Bogotá.

A la noticia se sumó otro hecho que seguramente alimentará la polémica. El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, también quiere que los paras sean juzgados por los delitos de sedición, como ellos lo reclaman. “No estoy de acuerdo que se le niegue al paramilitarismo el delito de sedición. Lo he repetido a lo largo de estos cinco años de Gobierno: si se le reconoce sedición a la guerrilla, se le debe reconocer sedición con los mismos elementos al paramilitarismo. Si se le niega la sedición al paramilitarismo, se le debe negar la sedición a la guerrilla por las mismas razones”.

El Presidente habló en Medellín durante la graduación de periodistas que hicieron un diplomado en economía social, impartido por la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). Y su declaración -que va en contravía de un fallo de la Corte Suprema- fue la noticia más destacada por la página web de la presidencia. La reacción de la Corte Suprema fue categórica. “El presidente está equivocado”, sentenció el presidente de la Alta Corporación, Julio César Valencia Copete, en alusión a que hizo un pronunciamiento sin siquiera haber leído completo el texto de la sentencia. Y aún más: El magistrado consideró que las palabras del jefe del Estado, son una forma de “tomar partido sobre temas que son del resorte del poder judicial”.

La historia

Salvatore Mancuso, ‘Don Berna’, ‘Jorge 40’, Ernesto Báez y otros 20 jefes ‘paras’ desmovilizados (todos presos en la cárcel de Itagüí) dijeron a través de sus voceros en Bogotá que no permitirán que se les trate como a delincuentes comunes y que rechazan el fallo de la Corte Suprema de Justicia que determinó que ni los ‘parapolíticos’ ni ellos podrán ser procesados por delitos políticos como la sedición. Aseguraron además que no entregarán más información sobre fosas comunes.

“Lo menos que podemos exigir, ahora cuando el proceso de paz fue abandonado en la mitad del camino, es que se nos respete la condición de actores del conflicto armado”, señala el comunicado. Con esta frase también está de acuerdo el presidente Uribe Vélez, quien dijo no estar de acuerdo con el pronunciamiento de la Corte y recordó que en su primera campaña por la Presidencia él pidió que se hiciera diferencia entre los delitos cometidos por los paramilitares, y los cometidos por la guerrilla.

Francisco Aponte, uno de los voceros de las autodefensas desmovilizadas, convocó la rueda de prensa a la misma hora que las víctimas de paramilitares y guerrilla se encontraban en el Capitolio Nacional contándole al Congreso su experiencia como familiares de personas secuestradas, asesinadas y desaparecidas.

“En el marco de la anunciada celebración oficial de los dos años de la Ley de Justicia y Paz, deploramos la congelación indefinida de la s diligencias judiciales, el entorpecimiento grave del proceso de construcción de verdad histórica, la suspensión de la información sobre fosas y desaparecidos, y la parálisis del proceso de entrega de bienes destinados a la reparación de las víctimas”, leyó Aponte, quien aseguró que esta decisión se tomó después de una reflexión durante diez días en Itagüí. Es decir, que ellos meditaron la decisión y esperaron a que esta coincidiera con los actos de los dos años de la Ley de Justicia y Paz.
 
Contra Restrepo

El comunicado critica además lo que ellos llaman el desentendimiento del alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, las deficiencias en la reinserción, el fenómeno de rearme, la proliferación de grupos irregulares y la inseguridad jurídica de varios desmovilizados. Estas quejas se suman a una manifestación que frente a la sede del Ministerio del Interior en Bogotá, adelantaron varios desmovilizados la semana pasada, cuando destruyeron vidrios de la sede. En ese momento, algunos reinsertados de las Farc y las AUC fueron capturados por portar armas. Todos protestaban por las mismas razones que aducen los desmovilizados recluidos en Itagüí.

La pregunta es si este pronunciamiento podría desencadenar una nueva crisis del proceso de paz entre las AUC y le Gobierno, o si es una más de las veces que los ‘paras’ muestran los dientes porque, según ellos, el Gobierno no les ha cumplido lo pactado. Según los ‘paras’, esto no es un rompimiento del proceso, sino un congelamiento hasta que el gobierno nacional cumpla lo pactado y hasta que no se les dé el trato de delincuentes políticos.

Pero si ‘Macaco’, ‘40’ o ‘Don Berna’ deciden no presentarse nuevamente ante los fiscales, perderían todos los beneficios de la ley de Justicia y Paz y, según la norma, pasarían a ser procesados por la ley ordinaria. Todos están en la cárcel y aunque es válido que protesten o se quejen, lo que no se admite en teoría es que vuelvan a incumplir la ley, aunque tengan el respaldo presidencial.

Otras reacciones

Las reacciones por el comunicado de los paramilitares y las palabras del presidente Uribe fueron inmediatas. Caracol Radio informó, por ejemplo, que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se reunirá este miércoles para analizar el pronunciamiento del Jefe del Estado. Así mismo, los magistrados estudiarán el mensaje de los ex jefes paramilitares, en el que acusan a la Corte Suprema de hacer modificaciones a la aplicación de la ley de Justicia y Paz, con las cuales, según ellos, “queda en evidencia la inseguridad jurídica frente a la continuación del proceso con el gobierno nacional”.

Caracol Radio también recordó que hace dos semanas, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia emitieron una sentencia en la que le negaron a un ex paramilitar antioqueño la posibilidad de acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, luego de ser capturado en flagrancia cometiendo un delito. En ese fallo, el alto tribunal expresó que equiparar el concierto para delinquir con el delito de sedición “burlaría el derecho de las víctimas y de la sociedad a que se haga justicia y se conozca la verdad”. La sentencia señaló que “aceptar que en lugar de concierto para delinquir el delito ejecutado por los miembros de los grupos paramilitares constituye la infracción denominada sedición, equivale a suponer que los mismos actuaron con fines altruistas y en busca del bienestar colectivo”.

Igualmente varios expertos que sigue de cerca el proceso de paz con las autodefensas se mostraron extrañados de la reacción de los paramilitares pues el delito político ya había sido rechazado tanto por la Corte Constitucional como el Congreso cuando se firmó la ley.
 
Un mal mensaje

Así mismo, el alto comisionado para la Paz también en diversas columnas había expresado sus puntos de vista sobre las consideraciones políticas dadas a los paramilitares. Precisamente, este martes Restrepo había publicado un artículo en el que justificaba la inconveniencia de la sedición porque “era un mal mensaje que además atentaba contra la alta dignidad de la política, aceptándose de hecho que existían en Colombia dos tipos de organizaciones proselitistas: las que seguían las reglas de la democracia y las que podían recurrir al crimen para imponer sus propósitos”.

Restrepo recordó en su texto que “a diferencia de épocas anteriores, cuando se indultaba el secuestro y el homicidio, hoy por decisiones del Congreso y la Corte Constitucional, eso no es posible. Con esta certeza jurídica, durante el actual gobierno hemos perfeccionado los procedimientos para la concesión del auto inhibitorio, que debe estar precedido por identificación plena (fotos de frente y perfil, huellas dactilares completas y carta dental), así como por versión libre donde se reconozca el delito que se va a perdonar”.

Por eso, a su juicio “existe un consenso nacional sobre la pertinencia de mantener la vigencia de la ley 782, mientras se explora una legislación especial para los responsables de delitos atroces que contribuyan a la paz nacional. Tales delitos no son políticos, ni pueden ser tratados como conexos del delito político. Línea fronteriza que no debe ser pasada, para bien de la democracia”.

Para muchos analistas hay una diferencia básica entre los alzados en armas contra un Estado y los paramilitares. Ya que estos lo que hicieron fue organizar bandas criminales y ejércitos privados para atacar a los insurrectos y no para subvertir o derrocar al Gobierno establecido.

De cualquier manera, la discusión está abierta. Los paras vuelven a hablar y las víctimas serán sepultadas, ahora, por el silencio.