Pese a amenazas de expulsión, congresistas disidentes insisten en depuración de listas de la U

Ni siquiera la intervención del presidente Álvaro Uribe logró persuadir a los congresistas disidentes del Partido de la U para que se acaben las rencillas en el principal bastión de la coalición gobiernista en el Congreso. El presidente escuchó sus quejas e inmediatamente le pidió al senador Carlos García, presidente del Partido, que le bajara el tono a la discusión con sus colegas Armando Benedetti, Gina Parody y Martha Lucía Ramírez. Pero su mediación no surtió efecto.

Uribe, con el pragmatismo que lo caracteriza, rompió el silencio que durante varios meses adoptó frente a la pelea del oficialismo y los ‘rebeldes’ de la U y los llamó al orden para garantizar la aprobación de la agenda legislativa. Algunos de los miembros de su bancada creen que se demoró demasiado en intervenir, pero en la Casa de Nariño creen que haberlo hecho antes podría haber sido contraproducente. Uribe necesita mantener la unidad de su bancada no para garantizar la permanencia del Partido de la U -al presidente no le gustan los partidos- sino por su utilidad para la aprobación de la agenda legislativa.

De otro lado, aun cuando el sector disidente parece más cercano a sus afectos, el del oficialismo de García tiene más votos. Ante la paradoja de jugársela por los representantes de la nueva política o los viejos caudillos con maquinaria propia Uribe optó por buscar una conciliación entre ellos.

Pero la estrategia presidencial de unidad no funcionó. Si bien García recicló de momento su propuesta de expulsar a los disidentes que lo acusan de conceder avales políticos a dirigentes vinculados con el paramilitarismo, estos no se retractan de lo dicho. Es más, anunciaron continuarán denunciando las decisiones que consideren inconvenientes para el partido.

Este comportamiento evidencia que las diferencias entre los miembros de la U tienen un componente ideológico más allá de la trivialización que de ellas quiere hacer el sector oficialista del Partido. Mientras García sostiene que sus críticos se oponen a sus propuestas por “pura envidia”, aquellos advierten que el Partido no está actuando de manera seria para evitar la infiltración de sus listas por parte de sectores involucrados con los violentos.

La fortaleza de los disidentes también tiene otra razón de tipo procedimental: No los pueden expulsar. Por mucha incomodidad que sienta el presidente del partido frente a sus ideas, los estatutos de la U son claros al expresar que la expulsión se producirá en caso de faltas graves como el robo a las arcas de ese colectivo o al Estado. Como esa no es la situación de los tres congresistas, éstos seguirán denunciando la falta de garantías y pluralismo, mientras García intenta someterlos a la disciplina del partido.

El tema de las diferencias internas entre los partidos es uno de los mayores factores de crisis en la política colombiana actual. Desde las declaraciones incómodas de la senadora Piedad Córdoba en el Partido Liberal, hasta la división del Polo Democrático en torno a la postura anti-Farc del senador Gustavo Petro, la política partidista está que arde. Y pese a que en todos estos casos se ha hablado sobre la posibilidad de que los ‘disidentes’ terminen por fuera de sus partidos la verdad es que esta alternativa es poco probable a menos de dos meses de la jornada electoral y con una reforma política que premia la unión partidista.

Lo que sí puede hacer García es enredar la postulación de candidatos que procedan del sector rebelde de su partido. Su contraparte no descarta que esto ocurra y hasta le achaca a esa rivalidad el retiro del aval de la U a Juan Manuel Benítez, el edil del grupo de Gina Parody en Engativá, la zona de Bogotá en la que más votos tiene la congresista.

García niega que la decisión obedezca a retaliaciones políticas. Benedetti, Ramírez y Parody prefieren no descuidarse ni callarse, así sus denuncias toquen al gobierno que defienden. Un ejemplo de ello lo dio la senadora Parody en una constancia pública del 11 de septiembre que pasó casi inadvertida en los medios. La congresista apremió al gobierno para que le quite beneficios como los teléfonos celulares y las visitas ilimitadas a los congresistas presos por la parapolítica. Según ella, los procesados continúan avalando candidaturas desde prisión y, de no controlarlos, la situación terminará en una “toma mafiosa del Estado con complicidad del gobierno”. Si eso le dicen al Ejecutivo, ¿qué podrá pasar con unas directivas del partido al que pertenecen pero en el cuál no se sienten cómodos?