Problemas de caja

Álvaro Leyva no lo quiso decir con tanta exactitud pero dejó la campaña presidencial por falta de recursos para su financiación. El candidato del Movimiento Nacional de Reconciliación se quedó sin dinero para financiar sus giras por el país y para pagar la campaña publicitaria que contrató.

Leyva contaba con el anticipo de recursos contemplado en la ley de garantías, según la cual cada candidato podría obtener hasta $4.000 millones para la financiación de su campaña por cuenta del Estado. Reunió los documentos de rigor, consiguió el apoyo de un partido político (el Movimiento Ciudadano), diseñó un programa de gobierno y lo inscribió ante las autoridades electorales. Lo único que le falló fue la baja intención de voto que registró en las encuestas. Eso frustró sus expectativas de acceder al anticipo de los recursos públicos.

Según la ley de garantías, los candidatos que obtengan menos del 4% de los votos deben devolver los recursos que el Estado les conceda en condición de anticipo. Y como ninguna de las encuestas le da a Leyva el 4% de la intención de voto, ninguna compañía de seguros se arriesgó a tener que responder por ese dinero. Leyva intentó conseguir el dinero por la vía de los créditos ordinarios, pero tampoco hubo entidad bancaria que le prestara para la campaña. Fue por ello que decidió salir de la contienda antes de la jornada de elecciones.

¿Hay más candaditos en la misma situación?

Álvaro Uribe (Primero Colombia), Horacio Serpa (Partido Liberal) y Carlos Gaviria (Polo Democrático) dicen que carecen de recursos, pero lograron financiar sus campañas con más facilidad que Leyva.

Uribe, el candidato presidente, optó por no pedir dinero al Estado sino hasta esta semana y hasta el momento había financiado su campaña con aportes privados. En esta oportunidad podrá gastar máximo $10.000 millones (los demás candidatos tienen un tope de $14.000 millones), de los cuales ha invertido ya unos $4.000 millones, según dijo este lunes a Caracol Radio.

La campaña de Uribe estaba apuntándole a no pedir anticipo porque –al contrario de Leyva- le resulta más fácil encontrar fuentes de financiación mediante créditos del sector bancario. Como todas las encuestas dicen que Uribe no sólo sacará el porcentaje de votos necesario para tener derecho a los gastos de reposición, sino que puede ganar la elección, el riesgo de pérdida para los bancos es mínimo.

Abstenerse de pedir anticipos al Estado tiene otra ventaja: el pago de reposición por votos es más alto. Si un candidato pide un anticipo para su campaña, el Estado le pagará $1.700 pesos por cada voto que obtenga, pero si va a las urnas sin pedir anticipo, la organización electoral le reconoce $3.700 por cada voto. En todo caso, se  aplicará el tope estipulado en la ley de garantías.

Afugias

Las campañas de Horacio Serpa y Carlos Gaviria ya solicitaron el anticipo a la organización electoral. Ambas sostienen que han tenido problemas para su financiación, pero no contemplan la posibilidad de retiros ni fusiones antes de la primera vuelta presidencial.

En el caso de Serpa, la idea es invertir una cifra cercana al tope electoral, siempre y cuando existan posibilidades de crédito con el sector financiero.

Gaviria, a su turno, espera que 10 importantes empresarios del país le cumplan la promesa de hacer aportes para su campaña. Como Serpa, ya gastó el anticipo de la organización electoral y en su campaña dicen que tiene problemas para financiar el día de las elecciones. “Ese es el día más costoso de todos porque debemos tener un veedor en cada mesa. Serán 65 mil veedores a los que hay que enviar a todos los rincones del país”, dijo Antonio Navarro, jefe de debate de Gaviria.

Las afugias son mayores en la campaña de Antanas Mockus (de la Alianza Social Indígena), quien atraviesa por una situación económica parecida a la de Leyva. Ante la imposibilidad de acudir al anticipo de recursos del Estado, Mockus optó por la estrategia de las subastas y las donaciones particulares. Con las subastas recogió más de $200 millones, que destinó para el remate de campaña. Las donaciones no le dieron resultado.

El revés económico lo obligó a desmontar la estrategia publicitaria que había montado y a limitar sus apariciones públicas a los escenarios de opinión como las universidades y uno que otro viaje para contactarse con el electorado de las áreas rurales.

Saldo en rojo

Las dos campañas más pobres son las de Enrique Parejo (Movimiento de Reconstrucción Ciudadana) y Carlos Rincón. Parejo invertirá $70 millones, mientras que Rincón dice que sólo gastará $13 millones.

Los recursos para la campaña de Parejo proceden de funcionamiento que el Estado les da a los partidos políticos y gracias a ellos el Movimiento de Reconstrucción tiene garantizada su personería jurídica hasta el 19 de julio. “De ahí en adelante veremos qué hacer. Nuestro propósito es no tirar la toalla, ni someternos a la voluntad omnímoda del señor (Álvaro) Uribe, pero es muy difícil participar en una campaña en la que hay un cúmulo de violaciones a la ley de garantías” dijo el candidato.

Rincón, quien obtuvo 7.000 votos en su aspiración al Senado, quiere sacar 650 mil en las presidenciales. “y los voy a sacar sin darle un almuerzo a nadie. No tengo plata para pagarle el transporte a mis electores, no tengo plata para nada. Mis votos serán de opinión”, señaló.