Protestas de campesinos cocaleros y grupos armados ilegales

Las recientes marchas de campesinos cocaleros que se están presentando en los municipios antioqueños de Taraza y Valdivia, dejan varias preguntas inquietantes, que al buscar las respuestas revelan un panorama del conflicto armado colombiano.

Para entender las movilizaciones campesinas de los últimos días en Tarazá y Valdivia hay que conocer un poco de historia de la región. Las Farc se habían asentado en el Nudo de Paramillo, una zona montañosa entre el sur de Córdoba y el norte de Antioquia desde 1984. Hacia finales de los ochenta se empezó a sembrar coca en la región y las guerrillas eran muy activas, pero al inicio de los noventa, este sector se convirtió en una zona de descanso y retaguardia para los guerrilleros.

Después llegó la arremetida paramilitar en Antioquia a finales de la década de los noventa y las Farc fueron expulsadas del Nudo de Paramillo. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) expulsaron a los frentes 18 y 35 de las Farc de Tierra Alta, Monte Líbano, Puerto Libertador y Valencia.

En su repliegue hacia el bajo Cauca antioqueño, el frente 18 perdió territorios y apenas podía hacer ataques puntuales. En uno de éstos, en 1998 penetraron la base de Tolobá, en la parte alta del Nudo de Paramillo, donde ya Carlos Castaño había montado el cuartel general de las Accu. Como consecuencia de tal acción los grupos paramilitares iniciaron una operación tenaza, buscando el control de los cascos urbanos de Ituango, Valdivia, entre otros en Antioquia. En medio del fuego, los campesinos de esa región sufrieron una persecución inclemente y salieron huyendo. Fue la primera crisis humanitaria en la región.

Las autodefensas también buscaron extenderse hacia el bajo Cauca antioqueño desde 1998. Su brutalidad quedó plasmada en los nombres que les puso la gente: Mochacabezas, Colimochas, Chalises. Las Farc se retiraron sin dar mayor resistencia. En 1996, ya la Accu ejercían gran influencia en Magdalena, Sucre, Bolívar, Cesar y de ahí en adelante, después de 1997 cuando se fundaron las Auc, se expandieron al sur del país.

En la retirada de las Farc y la llegada de los grupos paramilitares a la región que se extiende desde Tierralta y Valencia en Córdoba, pasando por la Serranía de San Jacinto, hasta Valdivia, Ituango, Tarazá en norte y bajo Cauca antioqueño, se produjo un número de masacres muy alto, sobre todo entre 1998 y 2002. En 2001, cuando las Farc lograron recuperar el Nudo de Paramillo temporalmente, las masacres alcanzaron su tope. Miles también fueron desplazados de sus tierras que pasaron a manos de unos pocos finqueros protegidos por el paramilitarismo. Es en este contexto que la Fiscalía investiga a la presunta vinculación del ex senador Mario Uribe en la compra de tierras de Caucacia.

Se podría decir que entre 1998 y 2005 se dio un control hegemónico por parte de los grupos paramilitares en esta región, y las Farc sólo hicieron dos incursiones en el Nudo de Paramillo en las que lograron penetrar al cuartel general de los Castaño.

En la zona del Bajo Cauca Antioqueño, el comandante principal de lo que se llamó en la zona el Bloque Mineros de las Auc, era Cuco Vanoy, cuyo principal fue la finca La Ranchería en Tarazá, donde hoy se presentan las mayores protestas.

Vanoy venía del negocio del narcotráfico y lo expandió en la región. El Bloque Minero controlaba alrededor del 70 por ciento de los cultivos ilícitos, mientras que las Farc sólo mantenían un control mínimo en las zonas más altas. Pero en Taraza, Caucasia y Valdivia el amo y señor era Cuco Vanoy. De hecho, fue en Taraza donde Vanoy se desmovilizó.

Con la desmovilización paramilitar en la región se presentaron dos fenómenos; por un lado el nacimiento de algunas estructuras rearmadas y disidentes que entraron en confrontación con algunos líderes paramilitares desmovilizados que estaban interesados en mantener el poder en la región. Los mandos medios de varias de estas estructuras tomaron el control de la zona. El segundo fenómeno fue que las Farc intentaron igualmente reponerse del aislamiento y llegar a estos campesinos cocaleros. Las guerrillas cuidan los cultivos y cobran un “impuesto” a la coca llamado gramaje, pero no controlan las otras etapas del negocio.

La incertidumbre hoy reina en la región. Los campesinos no saben a cuál poder atender porque comparten el control y el negocio principal entre bandas rearmadas de paramilitares que controlan el procesamiento y el tráfico de la droga y las Farc que cuidan cultivos cobran gramaje. Encima el Estado ha intensificado las fumigaciones y erradicaciones manuales, quitándoles a los campesinos, que ha sido durante años la base de su sustento.

Además de ser fuente de financiación de los grupos armados ilegales en la región, la economía ilegal, constituye un gran reto para el gobierno de Álvaro Uribe. En el cuadro de poderes ilegales en disputa, el Estado no solo tiene que ser la mano dura de la erradicación de los cultivos de coca, tiene que haber propuesta social para que este campesinado sienta que hay alternativas ciertas y concretas.