¿Qué hacer con el mototaxismo?

El capítulo más reciente de fuertes disturbios y manifestaciones callejeras se escribió este miércoles en Montería, Córdoba. Desde tempranas horas cerca de 13 mil mototaxistas se ubicaron en distintas zonas de la ciudad hasta terminar en un fuerte enfrentamiento contra la Fuerza Pública. ¿La razón? Manifestarse en contra de la determinación del alcalde León Felipe Ojeda de ampliar el cerco al centro de la ciudad que incluye la prohibición de ingresar con parrilleros.

El alcalde de Montería impuso esta medida, que se suma al día sin moto y el día sin parrillero con el argumento de que los mototaxistas continúan ingresando al centro de la ciudad en una clara violación a las normas vigentes. Pese a los disturbios de hoy el alcalde Ojeda afirmó que mantendrá su determinación.

Para ilustrar la normativa, basta decir que el nuevo decreto autoriza a los mototaxistas a circular con parrillero solo por fuera de la avenida circunvalar. “Así no hay negocio que funcione”, argumentan los mototaxistas. Por eso, su airado rechazo lo que provocó que hoy se presentaran choques entre agentes del orden y manifestantes en siete puntos distintos de la ciudad.

Pero no es un caso aislado. Este negocio informal que ha crecido como la espuma se está convirtiendo en un asunto de orden público. Por ejemplo, en Barranquilla, donde se calcula que hay 10 mil mototaxis, se han registrado también masivas protestas encabezadas por mototaxistas, mensajeros, comerciantes de repuestos y hasta por vendedores de motos. Todos a una marcharon hacia la Alcaldía en protesta por el decreto restrictivo del alcalde Guillermo Hoenigsberg, el cual le prohíbe a las motos circular entre la avenida Murillo y el Paseo Bolívar.

Los mensajeros y comerciantes, de la mano de los mototaxistas, manifiestan que es imposible desarrollar su trabajo impidiéndoles el ingreso al centro administrativo en donde funcionan notarías, oficinas y agencias a las que tienen que ir diariamente.

Además de Barranquilla y Montería, foco de la protesta hoy, el mototaxismo está presente en Cartagena, Sincelejo, Soledad, Córdoba y Sucre. El desempleo y el auge de la economía emergente o rebusque, y la falta de una normatividad rigurosa y oportuna, son razones que explican este fenómeno. Pero no es un problema exclusivo de la Costa. En otras ciudades intermedias de diferentes regiones del país también. (Ver nota: ‘El problema en el Valle’).

Lo que ocurre es que desde que el mototaxismo apareció en los barrios y zonas marginales de Córdoba y Sucre en el imaginario colectivo se asocia que es un problema costeño. Este fenómeno apareció en la época de la crisis económica de hace unos cinco años. Y no solo surgió como una alternativa de transporte sino de salida al desempleo, que se expandió a la misma velocidad con la que los usuarios llegaban a sus sitios de trabajo.

El problema es que creció tan rápido, que el gobierno no supo cómo enfrentar este fenómeno. Por si fuera poco, el crecimiento del mototaxismo estuvo íntimamente ligado a la caída de precios de las motos, especialmente de bajo cilindraje, y a las facilidades de financiación. La tarifa promedio de un viaje en mototaxi es de 1.000 pesos.

En el país pasaron de venderse 89.000 motos en 2003 a 248.741 el año pasado, según un estudio del Fondo de Prevención Vial. Un ejemplo de este crecimiento desproporcionado es la propia Bogotá. Según la Secretaría Distrital de Tránsito, mientras que en 2004 había registradas 33.000 motos, el 15 de abril pasado su número llegó a 57.000. Mientras que en 2004 fueron matriculadas 2.206 motocicletas, en 2005 fueron registradas 13.855 motocicletas y hasta abril de este año ya habían ingresado 10.000 motos más. Esto significa que, de mantenerse esta tendencia, sólo en 2005 y 2006 estos vehículos se multiplicarán por dos.

A este desaforado auge se sumó la falta de atención por parte del gobierno. Ahora que el fenómeno es masivo y toca distintas problemáticas sociales como el desempleo y la contaminación, la improvisación es la respuesta del gobierno. Esto es evidente en las señales contradictorias enviadas desde el propio Presidente de la República. Para atender el problema solo ha ideado tardías normas restrictivas como el pico y placa, la prohibición de parrillero, el día sin moto y las zonas de circulación prohibida, todo ello acompañado de amenazas de multa, retención del vehículo o la cancelación de la licencia de conducción.

Las contradicciones del gobierno respecto al mototaxismo han sido no menos que preocupantes. Desde hace dos años el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, anunció la reglamentación del mototaxismo, pero en vista de la amenaza que este medio de transporte implica para los pasajeros y las empresas de transporte tradicionales, declinó en su iniciativa. Respecto a la problemática de contaminación que agudiza el mototaxismo, de tiempo atrás algunos sectores y expertos denunciaron los peligros de la llegada de la peste asiática a Colombia, pero el gobierno nacional prefirió hacerse el de la vista gorda. Hace 15 días, el presidente Uribe sorprendió al país al anunciar que había que reglamentarlo. En una clara alusión a que había que ayudar a todas esas personas que viven del negocio. Su mensaje generó optimismo. Sin embargo, el ministro del Transporte, Andrés Uriel Gallego, se mostró escéptico y se sintió que había sido cogido fuera de base. Y solo hasta la semana pasada lo prohibió, algo que debió hacer hace cuatro años, cuando aún el fenómeno era controlable.

La conjugación de todos esos elementos ha hecho que el mototaxismo sea una pandemia que será difícil de extirpar, más aún cuando se está convirtiendo en un problema de orden público y social de enormes proporciones, como lo muestran los disturbios de hoy. Por otra parte, es difícil atacar el problema cuando las condiciones para los motorizados son favorables. En estos momentos las motos sólo tienen incentivos, pues pagan bajísimos impuestos y no pagan peajes. Y si a esto se suman otros no muy legales, como andar por el carril que quieran, meterse entre los carros y violar señales de tránsito a diestra y siniestra sin que nada les pase, las convierten en el vehículo ideal para andar en las cada vez más congestionadas vías.

Ante este sombrío panorama hay otro que se cocina peligrosamente. Las autoridades de Policía tienen estudios en donde se señala que en algunas ciudades el ejército de mototaxistas que recorre las calles son empleados directos de los grupos de autodefensa que de esta manera mantienen vigilancia sobre las mismas.

Por eso, es hora de actuar. Y en ese sentido el gobierno tendrá que gastarse parte de su popularidad y autoridad, pues en juego está el modelo de transporte que el país quiere tener. Si uno como el de Asía, en el que las motos acabaron con el transporte formal y convirtieron en un infierno los pueblos y ciudades, o uno en el que prime el transporte colectivo y el bienestar general. El gobierno no puede equivocarse ni ceder frente a las presiones. Desde hace 10 años ha invertido grandes recursos en TransMilenio en Bogotá y en otras ciudades. Marcando con ello un camino para mejorar y reorganizar el transporte colectivo, y todo este esfuerzo puede desmoronarse si no se controlan las motos.

Es urgente que el gobierno deje de dar tumbos y adopte una posición consistente, brindándoles todo el apoyo que requieren los alcaldes que se están dando la pela, que ponga barreras y frene los estímulos. Que aumente los impuestos, incluso un sobreprecio por contaminar más, que les cobre peajes, y prohíba su circulación en las nuevas troncales de los sistemas articulados del país. Bogotá está en mora de prohibirlas en las rutas de TransMilenio.