¿Qué tan seria es la “captura” de los jefes paras?

La sorpresiva detención de la cúpula paramilitar por órdenes del presidente Álvaro Uribe dejó en evidencia la preocupación del gobierno por el futuro del proceso, tanto en su flanco externo como en el interno.

En el plano internacional la captura se justifica ante la necesidad de mostrar avances concretos a los países aliados, las Naciones Unidas y las ONG de derechos humanos que siguen con lupa el proceso de desmovilización. El mayor peso en este sentido lo tiene Estados Unidos, cuya Secretaria de Estado, Condolezza Rice, deberá decidir en septiembre próximo si aprueba o no la asistencia por 20 millones de dólares para el proceso de paz.

Los congresistas de ese país, quienes en septiembre también comenzarán a discutir la aprobación del paquete de ayuda a Colombia para la vigencia 2007, tienen aún dudas sobre los esfuerzos del gobierno Uribe para garantizar la eliminación de las estructuras mafiosas y militares de las AUC, la seriedad de su sometimiento a la justicia y la efectiva devolución de tierras a los campesinos. Así se lo dijeron hace apenas dos meses al propio Uribe, durante su novena visita a Estados Unidos como mandatario de los colombianos.

En esa misma visita congresistas demócratas como el senador Patrick Lehy urgieron a Uribe el envío de Estados Unidos de los jefes paramilitares pedidos en extradición, encabezados por Salvatore Mancuso. Uribe justificó la suspensión de las extradiciones con el argumento de que “era necesaria mientras los paramilitares cooperaban con la desmovilización”. Pero esa explicación pierde todo sustento ahora, cuando las desmovilizaciones prácticamente terminaron y las autodefensas han expresado públicamente su intención de hacerle el quite a la Ley de Justicia y Paz.

Algunos de los más influyentes asesores de la Cámara Alta, entre ellos Tim Riesser (mano derecha del congresista Demócrata Patrick Lehy) ya advirtieron que la certificación de apoyo estadounidense para el próximo año está condicionada a la cooperación colombiana en materia de extradición de los jefes paramilitares.

Pero los analistas colombianos creen que a Estados Unidos más que la extradición de la cúpula paramilitar lo que le interesa es que los ex paras cooperen con ese país revelando rutas, entregando de bienes y delatando a capos de la droga como Wilber Varela (alias Jabón). Sin embargo, lo que sí temen los principales voceros de las autodefensas en la mesa de negociación es que haya por lo menos una extradición importante para satisfacer las demandas de ese país.

Por eso la espectacularidad de las capturas y la resonancia de la noticia le ayudan al gobierno en su intención de hacer méritos para lograr la ayuda estadounidense: no extradita a los paramilitares, pero los tiene “recluidos” e impide que continúen alardeando de su libertad, mientras a las víctimas no se les ha dado una respuesta sobre los bienes y seres queridos que les fueron arrebatados.

¿Una mini zona de distensión?

En el plano interno la intención de Uribe es ganar credibilidad frente a la opinión pública y frente a las mismas autodefensas. Al país le envía un mensaje de tranquilidad al hacer pasar como unilateral la medida concertada de confinar a los paramilitares en un centro de reclusión en La Ceja, Antioquia. Y a los paramilitares les asegura protección para sus vidas y la continuidad del proceso judicial con penas más laxas que las que obtendrían por la justicia ordinaria. Tal y como lo señaló el ministro del Interior, Sabas Pretelt, la “captura” hace parte del desarrollo normal del proceso, el cual continuará según lo programado.

Al decir del analista Alfredo Rangel, lo que el gobierno terminó haciendo fue crear otra zona de distensión como la de Ralito, mientras se definen las penas a aplicar en cada caso y están listas las cárceles en que las cumplirán.

¿Cómo entra en esta lógica la idea de enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley sobre la materia, tal y como lo anunciaron Uribe y el vicepresidente Francisco Santos? Si al gobierno le interesa evitar el naufragio de su proceso de paz, a las autodefensas lo que les importa es pagar la menor pena posible y en las mejores condiciones. La idea de presentar un nuevo proyecto sirve para ganar tiempo y para sondear el ambiente mientras se expide el decreto reglamentario de la ley de Justicia y Paz.

Si finalmente Uribe opta por acudir al Congreso logrará una más sintonizada con su propuesta que la que obtuvo hace un año ante un legislativo más adverso. Pero como los tiempos del Congreso y los del Ejecutivo no son los mismos y como la nueva ley también tendría que ir a control de la Corte Constitucional, puede darse el escenario en que esa supuesta nueva ley entre en vigencia cuando los paramilitares ya hayan terminado de cumplir su pena en La Ceja .

Incluso tienen dudas sobre por qué Uribe no empleó el mismo tono contra las autodefensas cuando estas comenzaron con sus fiestas públicas, matrimonios pomposos y sesiones de shopping, en plena campaña presidencial.