Rechazo de Vargas Lleras a escoltas del DAS aumenta tensión con el gobierno

Las diferencias entre el gobierno y el senador Germán Vargas Lleras llegaron este martes a su punto más crítico por cuenta de la pelea entre el congresista y el director del DAS, Andrés Peñate, que terminó con la renuncia de Vargas al esquema de protección y escoltas brindado por esa entidad.  En un acalorado debate en el Senado Vargas le reclamó al Partido de la U por "tratar de vincular mi caso personal con versiones sobre intereses políticos". A su turno, la senadora Matha Lucía Ramírez, vocera de la U, leyó un comunicado en el que pedía protección para Vargas pero ponía de manifiesto que sus reclamos ocurrían en momentos en que no era claro su respaldo al gobierno del presidente Álvaro Uribe.
 
La declaración de la senadora fue interpretada como un regaño a Vargas por sus maniobras políticas para marcar distancia del gobierno, situación que para algunos congresistas de la U se está repitiendo con las denuncias sobre persecuciones y amenazas. No obstante, la mayoría del Congreso cree que con el tema de la seguridad no se juega y que si el líder de Cambio Radical está pidiendo mayor protección es porque la necesita. Según esta posición mayoritaria, ante tal situación el único camino que tiene el gobierno es brindar las garantías necesarias para el legislador, así sus relaciones personales no estén pasando por un buen momento.

Las diferencias entre el gobierno y Vargas, que hasta hace un mes eran abiertamente políticas, ahora involucran también asuntos de seguridad personal. Para desgracia de Vargas Lleras, la forma como se presentaron los acontecimientos y alguna imprudencia suya en las observaciones al gobierno han llevado a que algunos confundan los dos temas y hasta crean que el senador quiere sacar provecho político de su tragedia personal.
El tema más importante en este debate es la seguridad del congresista. Enemigo declarado de la guerrilla y promotor de las reformas más importantes de los últimos 10 años en el país, Vargas Lleras es una de las personas más amenazas en Colombia. Su posición inflexible contra la ex zona de distensión de San Vicente del Caguán y contra algunos beneficios promovidos por el gobierno para los miembros de las autodefensas que se acogieron al proceso de paz de Santa Fe Ralito, lo pusieron en la mira de los actores del conflicto armado.

Incluso ya sufrió dos atentados terroristas. El primero de ellos le mutiló dos dedos de su mano izquierda cuando intentaba abrir un libro bomba enviado por correo a su oficina en el céntrico sector bogotano de Residencias Tequendama. El segundo, en octubre de 2005, consistió en detonar un artefacto explosivo al paso de su caravana por la carrera séptima de Bogotá. Vargas Lleras denunció de manera inmediata a las Farc por el caso del libro bomba, pero en la explosión de 2005 dijo desde el primer momento que tenía dudas sobre la participación de la guerrilla y que algunas fuentes de su entera confianza le informaron sobre un supuesto complot contra su vida orquestado entre ‘fuerzas oscuras’ del narcotráfico y agentes del Estado.

Desde entonces los organismos de seguridad recibieron instrucciones presidenciales para reforzar el esquema de protección del congresista, quien varias veces denunció inconsistencias en el mismo.

El problema político
El segundo ingrediente de la pelea entre Vargas y el gobierno tiene que ver con los intereses políticos del líder de Cambio Radical en su afán por legitimar su aspiración presidencial de 2010, situación que lo ha llevado de aliado a contradictor del gobierno en momentos clave para la unidad de la bancada uribista en el Congreso. El caso más reciente ocurrió hace apenas un mes, cuando el Legislativo escogió al nuevo Consejo Electoral. En vez de aliarse con los demás partidos que apoyan al gobierno para asegurar unas mayorías uribistas, Vargas hizo un exitoso pacto con el liberalismo y le mostró a Uribe que cuando se lo propone puede enredarle el caminado a su bancada.
La molestia en Palacio fue evidente y aunque nadie lo confirma oficialmente, algunos de los nombramientos planeados para miembros de Cambio Radical comenzaron a empantanarse. El primero de ellos fue el de la ex gobernadora Elsa Gladys Cifuentes, quien fracasó en su intento por llegar al Congreso y tenía un cupo fijo en el gobierno, pero misteriosamente fue ‘desnombrada’ desde la Casa de Nariño.

La jugada de Vargas Lleras -costosa en materia de burocracia- busca el premio mayor de fortalecer políticamente al líder y posicionarlo como alternativa presidencial por encima de dignatarios como el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a quien también fustigó por el caso de los ‘montajes’ de los atentados terroristas en Bogotá durante la víspera de la segunda posesión presidencial de Uribe.

¿Cuál fue el error de Vargas? En una de sus críticas al ministro. Vargas dijo al Canal Capital que estaba contemplando la opción de irse del país debido a la desconfianza que le producía el ministro de Defensa. Incluso revivió sus declaraciones de 2005, según las cuales el Estado podría estar detrás del segundo atentado contra su vida. Fue entonces cuando Peñate dijo que Vargas es uno de los personajes más custodiados del país y que su esquema de seguridad cuenta con 42 personas (11 de ella del DAS) que le cuestan al erario más de 300 millones de pesos. Acto seguido Vargas renunció a la protección estatal argumentando “miserablesa” y falta de gallardía del funcionario que divulgó datos secretos sobre su protección. “Este no es un asunto de limosnas, sino de la obligación del Estado por proteger a sus ciudadanos”, dijo el congresista a Semana.com.
Sobre la posibilidad de tratar el tema de su seguridad con el ministro Santos, Vargas dijo que es mejor hablarlo con los comandantes de la Policía y el Ejército porque su relación con Santos es “inexistente”.

La reacción de Vargas tomó por sorpresa al presidente Álvaro Uribe, quien respondió por Caracol Radio que él mismo coordinó la investigación por el segundo atentado contra Vargas Lleras y que es solidario con su situación de seguridad. Uribe no habló de los intereses políticos de Vargas pero dejó la sensación de que el Estado ha hecho todo lo necesario para protegerlo y que no comprende el porqué de su rechazo al equipo de seguridad estatal. Para el congresista, si hay algo que está claro en su caso es que las investigaciones no avanzaron y que incluso están a punto de concluir “por negligencia de algunos funcionarios”.

Si bien las declaraciones de Vargas son un campanazo de alerta para que la Fuerza Pública no termine involucrada en actos como los de los ‘montajes’ o en atentados terroristas contra personalidades públicas, pudo hacerlo sin necesidad de imprimirle el matiz político a sus declaraciones.

Los organismos de seguridad no deben poner en tela de juicio sus demandas de auxilio y tampoco está bien que divulguen los secretos sobre las medidas adoptadas para protegerlo. Pero en un ambiente político tan caldeado al propio Vargas le sería útil hacer mayor énfasis en la diferencia que hay entre sus ambiciones políticas y sus legítimas exigencias de protección estatal como ciudadano. Así por lo menos evitaría que sus mismos colegas confundan un tema tan grave como el de las amenazas con una coyuntura política en la que cada cual juega para el lado que más le convenga.