Samaniego le apuesta a Pacto Local de Paz

“El Pacto Local de Paz nos ha permitido recobrar la confianza de solidarizarnos para rechazar la propuesta de la violencia, que muchas veces no es contra la Fuerza Pública sino contra la población civil, que nada tiene que ver con el conflicto”, dice Segundo Taques, corregidor de Tanamá.

Y es que esta localidad del noroccidente de Nariño ha sido centro de disputa, puesto que es paso obligado de guerrillas y paramilitares que van y vienen entre el río Telembí, el municipio de Barbacoas y el Alto Patía, regiones que concentran grandes plantaciones de hoja de coca y producción de cocaína, cuyo transporte se facilita a través de las vías fluviales hacia el Pacífico.

Como resultado del Pacto Local de Paz, que oficialmente se aplica desde enero de 2004, entre los 63.000 habitantes de Samaniego el color naranja está de moda. Banderas de este color ondean en las partes altas de la localidad y en las principales edificaciones civiles como símbolo de la neutralidad activa que quieren impulsar para evitar que sean objetivos militares por parte de las guerrillas de las Farc y el ELN, y de las fuerzas paramilitares de las AUC.

En sendos comunicados enviados por escrito y en videos al alcalde Harold Montúfar entre julio y diciembre de 2004, tanto el ELN como las AUC expresaron su apoyo al Pacto Local de Paz; no obstante, el gobierno nacional, a través de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, ha rechazado varias solicitudes hechas por el mandatario local de autorizarle contactos directos con los grupos armados para fortalecer el proceso, con el argumento de que “el señor Presidente de la República ha considerado improcedente y riesgoso que se adelante dicha labor”, según dice el alcalde.

Los logros
 
“Ante los llamados que se han lanzado a los grupos armados ilegales, la respuesta ha sido efectiva en términos de violencia: en 2.004 se presentaron 62 muertes violentas; en 2005 la cifra se redujo a 32 muertes, y en los primeros cuatro meses de 2006 sólo va una muerte por arma de fuego; igualmente, los hostigamientos en el casco urbano disminuyeron y ninguno ha cobrado víctimas humanas”, dice James Ibarra, secretario de gobierno local.

Pese a que aún persisten demostraciones de fuerza, como la bomba que explotó el pasado 7 de abril en el barrio La Colina, que dejó destrozos en varias casas, la comunidad intenta sobreponerse y fortalecer el pacto a través de la participación en las acciones de gobierno.

Marcelo Martínez, secretario de Hacienda, sostiene que la gente ha comenzado a perder el miedo y aprendió a enfrentar el fenómeno de la violencia a través de la participación en el gobierno. “Estamos impulsando un modelo de gobierno basado en la participación comunitaria. El programa básico son los cabildos populares, en los cuales distribuimos el presupuesto de inversión del municipio”.

Cada año se realizan 24 cabildos populares, uno por cada corregimiento de la localidad, en los cuales se definen las necesidades de las comunidades y los montos a invertir. En promedio, por año, se destinan 1.500 millones. “A pesar de las dificultades de la guerra, hacemos presencia en el sector rural con el propósito de construir gobierno participativo y poder político entre la gente”, reitera Martínez.

Señala el secretario de Gobierno que “hubo necesidad de plantear una propuesta de convivencia y paz para poder desarrollar nuestra propuesta. De lo contrario, no hubiéramos podido, puesto que allí donde hay actores armados hay trabas para el ejercicio de gobierno”, y agrega que el Pacto fue calificado en 2004 como una de las cinco experiencias más exitosas de gestión pública a nivel mundial, por encima de 150 procesos más, lo que avala la gestión realizada hasta el momento.

“Aquí lo que nos ha permitido seguir avanzando es simplemente el color naranja, el emblema que identifica nuestro Pacto Local de Paz”, dice Ibarra, quien confía que esta estrategia de convivencia permita mantener al municipio fuera de la confrontación bélica, lo que posibilitará la aplicación de diversos proyectos de desarrollo que, espera, contribuyan a mediano y largo plazo a superar los niveles de pobreza, que llegan al 90 por ciento.