Seguridad 2004

La situación de la seguridad en Colombia durante el año 2004 muy probablemente conservará las mismas tendencias de lo sucedido en el año 2003, aún cuando podría incluir nuevos fenómenos y la acentuación de algunos que ya están en curso, como se explicará más adelante.

Gobierno y Fuerzas Militares

En el comienzo del año 2004 el Gobierno muestra avances significativos en lo que se refiere a la seguridad ciudadana. Su mayor reto es mantener las tendencias positivas en la reducción del índice de homicidios, de la cantidad de secuestros, del número de desplazados internos, de los ataques a la infraestructura económica, así como en la reducción de la piratería terrestre, de los asaltos a las instituciones financieras, del hurto de vehículos, entre otros muchos logros. Pero, de otra parte, deberá hacer un esfuerzo mayor para lograr reducir los ataques a la infraestructura petrolera y disminuir el número de retenes ilegales de la guerrilla en las carreteras secundarias, los cuales sufrieron un incremento notorio el año anterior.

En el año que comienza el Gobierno tendrá funcionando casi a plenitud su estrategia de seguridad democrática, la cual se ha ido articulando y poniendo en ejecución durante el primer año y medio de esta administración. Es de esperar que muchos de los programas y componentes de esta estrategia van a continuar desarrollándose en una escala mayor, dependiendo esta ampliación en muchos casos del margen de maniobra presupuestal con que cuente el Gobierno para cumplir sus propias metas.

No obstante, es de esperar una expansión del programa de soldados campesinos a nuevas zonas del país, así como un aumento gradual del pie de fuerza de la Policía Nacional para acabar de cubrir con su presencia la totalidad de los municipios del país, y para seguir reforzando la seguridad ciudadana en los municipios con mayores problemas de criminalidad.

Aun cuando, en general, es de esperar que la guerrilla continúe con el repliegue táctico que ha venido adelantando durante el año anterior, el programa de soldados campesinos podría empezar a ser objeto de infiltraciones y de hostigamientos puntuales en algunas zonas del país, así como los familiares de estos soldados podrían ser amenazados por la guerrilla para forzar su salida de sus sitios de residencia, con el fin de desmoralizar a los soldados.

La guerra en la selva

Durante el presente año empezará a desarrollarse a cabalidad la estrategia de las Fuerzas Militares de llevar la guerra a la selva mediante operaciones de Fuerzas Especiales, compuestas por pequeñas unidades tipo comando que han sido entrenadas y equipadas para realizar penetraciones profundas en territorio enemigo durante largos períodos. Su propósito es identificar y ubicar blancos de importancia estratégica, eventualmente destruirlos o comunicar la información clave en tiempo real a unidades superiores, las cuales inmediatamente realizaran las operaciones que la situación demande con el fin de neutralizar esos blancos.

El Gobierno y las Fuerzas Militares confían en que estas Fuerzas Especiales permitirán en el curso del presente año dar golpes de trascendental importancia política, sicológica y militar a los grupos irregulares. La confianza en el éxito de esta estrategia y el nivel de compromiso con sus resultados han llevado al comandante del Ejército, General Martín Orlando Carreño, a prometer que a final de este año presentaría su renuncia si no se ha logrado la captura de al menos un miembro del Secretariado de las Farc.

No obstante -además de la respuesta que presenten los grupos irregulares a esta acción del Estado, los cuales van a tratar de proteger al máximo sus líderes centrales- el éxito de esta estrategia depende no solamente de la audacia y la pericia de los comandos de las Fuerzas especiales, los cuales van a actuar en zonas controladas por los grupos irregulares donde tienen activas y en estado de alerta permanente sus propias redes de inteligencia. También va a depender del nivel de alistamiento de su retaguardia en las unidades mayores y de la capacidad de estas para reaccionar de manera inmediata y golpear en forma contundente los blancos estratégicos que han sido ubicados por las Fuerzas Especiales. Para esto se necesitarán dos cosas: de un lado, un afinamiento en las comunicaciones, una mayor velocidad en las cadenas de mando y una gran capacidad para organizar y realizar operaciones conjuntas casi sobre la marcha; de otro lado, una disponibilidad permanente y suficiente de recursos económicos, logísticos y humanos. Estos dos aspectos se convierten entonces en puntos críticos para el éxito de la estrategia.

Llevar la guerra a la selva constituye la apuesta más dura y el más grande reto que se han planteado en muchos años las Fuerzas Militares en su lucha contra los grupos irregulares. Durante el presente año se empezarán a conocer las dificultades y las posibilidades concretas de volver realidad lo que hasta ahora es una hipótesis de trabajo: que la desvertebración de las cúpulas de los grupos guerrilleros y paramilitares es posible y que ella producirá un quiebre en la dinámica del conflicto a favor del Estado. Al final del año una primera evaluación de la estrategia definirá el rumbo estratégico del Estado por muchos años.

Las Fuerzas Militares tienen como uno de sus retos principales la consolidación de los avances en la recuperación de la seguridad realizados en muchas zonas del país, pero particularmente en las cercanías a las ciudades de Bogotá y Medellín, donde los duros golpes propinados a las guerrillas han empezado a recuperar la confianza de la ciudadanía y a generarle muy serias dificultades a la insurgencia en su propósito de hostigamiento a las ciudades y sus vías de comunicación.

El estatuto antiterrorista

Otro aspecto en el que el Gobierno empeñará todos sus esfuerzos es en la reglamentación del llamado estatuto antiterrorista. En los primeros meses de la legislatura el Gobierno presentará una propuesta al Congreso y a más tardar hacia mitad de año ya se contará con una reglamentación. La gran incertidumbre en este aspecto tiene que ver con el tipo de reglamentación que finalmente se establezca para que las autoridades puedan utilizar las nuevas facultades constitucionales que les permitirán realizar capturas, allanamientos e interceptación de comunicaciones sin orden judicial, así como realizar empadronamientos obligatorios en algunas zonas del país. En estos temas es muy válida la sentencia que establece que el diablo está en los detalles. En efecto, el alcance, la oportunidad y la efectividad de estas medidas dependerán de lo que se determine en cuanto a cuándo, cómo y dónde se podrán usar estas facultades, qué tipo de controles se van a establecer y quiénes podrán hacer uso de ellas.

Bien puede ocurrir que el uso de estas facultades extraordinarias se limite tanto que se reduzca a situaciones absolutamente excepcionales y con controles que las pueden hacer inoperables, con lo cual habrá sido en vano todo el esfuerzo político que significó su aprobación. En este caso, no improbable si se impone cierta tradición formalista que no escasea en la política colombiana, el Congreso habrá optado por la vía de tratar de quedar bien con todo el mundo: con el Gobierno , porque en principio le aprobó las reformas constitucionales, y con los críticos de estas facultades, porque en su reglamentación las dejó inutilizables.

Pero también puede suceder que en la reglamentación prime el pragmatismo y el sentido de urgencia que inspiró su aprobación y que, en consecuencia, ellas puedan usarse en los frecuentes casos de emergencia que ocurren en nuestro conflicto interno, para neutralizar la realización de acciones violentas de los grupos irregulares. Aún así, todavía la aplicación de estas facultades quedará sujeta a eventuales pronunciamientos y ajustes que introduzca la Corte Constitucional a la ley reglamentaria. Por todo lo anterior es posible que la utilización efectiva de estas facultades no brinde los resultados espectaculares que la opinión pública estará esperando.

Sin embargo, en el mejor de los casos, esto es, que la reglamentación permita utilizar las facultades extraordinarias, las autoridades tienen ante sí el reto inmenso de no cometer abusos que no sólo desacrediten este tipo de instrumentos excepcionales, sino que menoscaben la legitimidad de las propias instituciones. La Fuerza Pública tiene ante sí el desafío de impedir que estas facultades, que ella misma demandó durante tanto tiempo y en las que constantemente han colocado buena parte de las posibilidades de éxito en su confrontación contra los grupos irregulares, se convierta en un bumerán que termine por ocasionar más daño que bien, para regocijo de sus adversarios. De todas maneras, muy probablemente hacia finales del año las acusaciones - fundadas e infundadas - de abusos en el uso de estas facultades extraordinarias, serán parte de los problemas que tendrá que enfrentar el Gobierno ante ciertos sectores de la comunidad nacional e internacional.

Los diálogos con los paramilitares

Otro reto mayúsculo que tiene enfrente el Gobierno es darle continuidad al proceso de conversaciones que con vistas a su desmovilización ha iniciado con algunos grupos paramilitares. Para ello está obligado a ampliar sustancialmente y hacer mucho más sólido el precario piso de apoyo con el que cuenta dicho proceso tanto al interior como fuera del país. El logro de este propósito dependerá de si logra o no develar las dudas, los vacíos y las incertidumbres que hasta el momento dicho proceso ha generado : cuál es el punto de arranque y de llegada del proceso, cuál es la agenda de la negociación, cómo se abordará el tema del narcotráfico y de los narcotraficantes, cómo se aspira a disponer de los bienes obtenidos por medio de la violencia, cuál es la reparación aceptable para las víctimas, cómo evitar que la desmovilización de los paras se convierta en una ventaja para la guerrilla, cuáles son las penas alternativas tolerables, qué tipo de delitos serán objeto de tratamiento especial y cuáles no, cómo evitar que se reproduzca el paramilitarismo en las regiones donde haya desmovilizaciones, etc.

Para el logro de este propósito marcará la pauta la iniciativa del Congreso para realizar consultas a muchos sectores del país, iniciativa precisamente orientada a absolver preguntas como las anteriores, respuestas que servirían de elementos articuladores de una política pública que por ahora no se ha hecho explícita por parte del Gobierno . Obviamente, el punto de toque del proceso será el trámite y el debate y la eventual aprobación de la llamada ley de alternatividad penal. Probablemente el resultado de este trámite parlamentario defina las posibilidades de continuación o el empantanamiento del proceso.

Efectivamente, la ley de alternatividad penal que apruebe el Parlamento operará como una luz verde que contribuirá a darle fluidez al proceso durante el resto del año, pero también podría ser la luz roja que ocasione su congelamiento y hasta su involución. Este es un factor de incertidumbre muy grande que va a mantener en vilo la suerte del proceso durante varios meses. Muy probablemente, en el curso del presente se sabrá a ciencia cierta si definitivamente el proceso con los paramilitares se consolida, si es viable o no, y, eventualmente, cuál será su magnitud y alcance. Probablemente la falta de un consenso nacional sobre las condiciones y la oportunidad para la desmovilización de los paramilitares dé al traste con las posibilidades de articular y ejecutar con éxito una política en este sentido. Esto se podría expresar en la aprobación de una ley de alternatividad penal que sea inaceptable para los paramilitares o que produzca su división, con lo cual el alcance del proceso podría verse seriamente afectado.

El 2004 es un año crítico para la suerte de los grupos paramilitares que actualmente desarrollan conversaciones con el Gobierno . También, en consecuencia, esta definición tendrá una significativa incidencia en la situación general de seguridad, pues si el proceso se rompe y se acaba la tregua que, aún cuando parcialmente, ha mantenido la mayoría de estos grupos durante el año anterior, muy probablemente las masacres, el desplazamiento forzoso de personas y los enfrentamientos entre grupos paramilitares rivales se podrían incrementar en muchas regiones del país.

El narcotráfico

En lo que tiene que ver con el narcotráfico, el gran reto del Gobierno es igualar o superar la meta de 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos fumigadas durante el año 2003. Aún así, la prueba ácida de la efectividad de esta estrategia estará en que si se logra un número significativo de hectáreas fumigadas, el volumen de cocaína y heroína procedente de Colombia y colocado en el mercado de Estados Unidos deberá reducirse en una proporción semejante. Si dos años de intensas fumigaciones, no se traducen en una reducción significativa de la droga colombiana en el mercado estadounidense, ello podría significar que no todas las hectáreas de cultivos fumigadas efectivamente dejaron de producir, o que esos cultivos han migrado masivamente a otras zonas donde probablemente hayan incrementado su productividad por hectárea.

Luego de dos años de fumigaciones masivas, y descartada entonces la posibilidad de que el manejo de inventarios mantenga la oferta de droga sin altibajos, para que la estrategia de control de la oferta se pueda calificar de exitosa al final del año debería presentarse una disminución pronunciada de la disponibilidad de droga procedente de Colombia en el mercado norteamericano, y eventualmente reflejarse en un incremento significativo de los precios, si las áreas cultivadas no son reemplazadas por cultivos de extensión equivalente en otros países andinos. De no presentarse esa disminución en la oferta, los cuestionamientos a la eficacia de la estrategia empezarán a ser los más fuertes de que se tenga noticia, y se imponga entonces la búsqueda de otras alternativas, como un mayor y pronunciado énfasis sobre la interdicción.

Las guerrillas

De otra parte, los grupos guerrilleros continuarán su repliegue táctico durante el año que comienza, aún cuando podrían aumentar sus ritmos de actividad, tanto en el plano militar como en el político. De hecho, este repliegue que iniciaron apenas comenzó el actual gobierno ha significado un cambio en sus modalidades de acción, pero de ninguna manera ha representado una inactividad total. En efecto, durante este período las guerrillas dejaron de realizar grandes operaciones militares y tomas de poblaciones, pero han aumentado el número de pequeñas acciones de hostigamiento contra la Fuerza Pública, la cantidad de retenes en vías secundarias y los atentados contra la infraestructura petrolera.

Las Farc tendrán que reforzar las medidas de protección a sus principales mandos, especialmente los miembros del Secretariado, que serán objetivos principales de la estrategia gubernamental durante el presente año. También tendrán que intensificar su trabajo de proselitismo político sobre las poblaciones que habitan sus zonas de mayor presencia y control, con el fin de dificultar el avance de las tropas gubernamentales y de evitar la consolidación de su presencia una vez replegada la guerrilla; así mismo, este reforzamiento del trabajo político tendría como propósito asegurar condiciones de retorno de la guerrilla una vez terminado su repliegue.

Si las Farc se sienten muy acosadas con la estrategia del Estado de penetrar en sus zonas de retaguardia estratégica en busca de miembros del Secretariado, podrían responder con acciones violentas de distracción y retaliación en las ciudades, particularmente en Bogotá. Estas acciones podrían tener como blancos la infraestructura económica cercana a las ciudades, las sedes de instituciones del Estado, altos funcionarios del Estado, o blancos más indiscriminados con el fin de provocar terror. Tampoco se podría descartar un intento de secuestro de alguna personalidad importante para responder a la captura de Simón Trinidad efectuada en Ecuador en los primeros días de enero.

Todo lo anterior podría ocasionar situaciones de orden público de difícil manejo para las administraciones municipales recién inauguradas, lo cual sería particularmente desafiante para el alcalde de Bogotá, habida cuenta de su ubicación en la izquierda política. Adicionalmente, para las Farc podría ser una opción atractiva intentar generar dificultades de orden público que puedan neutralizar las posibilidades de realizar una gestión exitosa a un alcalde como Luis Eduardo Garzón, de extracción de izquierda y que ha rechazado la lucha armada como forma válida para hacer política. En consecuencia, la gobernabilidad de Bogotá podría verse entorpecida por acción de la guerrilla. Sería un intento más de la guerrilla de demostrar que por las vías legales no hay posibilidades de cambio y que la lucha armada conserva plena vigencia. En este momento la lucha ideológica de la izquierda radical contra la izquierda moderada adquiriría dimensiones militares que enfrentarían a la insurgencia contra los organismos armados del Estado.

Aun cuando es probable que las Farc se esfuercen por mantenerse firmes en su estrategia de repliegue relativo, tal vez lo único que las haga interrumpir este repliegue sea la eventual captura de un miembro del Secretariado o la extradición de un comandante de los más altos niveles de la organización. En cualquiera de estos casos sería de esperarse la ejecución de ofensivas puntuales en algunas regiones, que aun cuando no tendrían las consecuencias de una ofensiva general, sí podrían configurar un paréntesis de violencia intensa que generaría impactos sicológicos significativos sobre la población. Tal vez después de esas ofensivas dispersas las Farc retornarían nuevamente a su estrategia de repliegue relativo.

Las Farc continuarán y tal vez profundizarán su alianza militar con el ELN en muchas zonas del país, particularmente en el oriente antioqueño, Arauca, sur de Bolívar y Norte de Santander. Habida cuenta de que las Farc han cancelado definitivamente cualquier posibilidad de iniciar conversaciones de paz con el Gobierno de Alvaro Uribe, será muy improbable que el ELN, cuya dependencia militar y económica con respecto a las Farc es creciente, inicie por cuenta propia acercamientos con el Gobierno, a pesar de las señales de interés enviadas recientemente y de manera personal por el presidente Uribe en su encuentro con Felipe Torres, dirigente eleno recién excarcelado.

Lo anterior no descarta que en el transcurso del año se sigan presentando muchos contactos entre integrantes del ELN y miembros de comisiones exploratorias, a los que seguirán periódicos y reiterados anuncios orientados a insistir en que las posibilidades de reanudar los diálogos entre esa organización insurgente y el Gobierno que por ahora no hay condiciones para retomar las conversaciones de paz.

En consecuencia, 2004 también será un año en blanco en términos de avances hacia la reanudación de las conversaciones de paz entre el Estado y la insurgencia. Las duras condiciones de negociación que cada parte seguirá tratando de imponerle a su adversario harán que la distancia entre sus posiciones siga siendo la más grande desde que se iniciaron las conversaciones de paz hace cerca de 20 años.

El intercambio humanitario

Es seguro que una vez descartadas las posibilidades de realizar diálogos de paz con el Gobierno las Farc seguirán intentando presionar para que se efectúe el acuerdo humanitario o canje de prisioneros. Su interés es obviamente cada vez mayor, a medida que han ido cayendo en las prisiones del Estado un mayor número de sus integrantes, algunos de ellos de significativa importancia para la ejecución de sus planes políticos y militares.

Sin embargo, todo apunta a que en 2004 poco o nada se avanzará en el camino de un acuerdo entre el Gobierno y las Farc para realizar ese intercambio humanitario. A las dificultades ya existentes se ha sumado recientemente la ocasionada para estos efectos por la captura de Simón Trinidad. En efecto, las Farc incluirán entre los guerrilleros a liberar en un eventual canje a este último dirigente, a lo que el Gobierno responderá con la reiteración de su exigencia de que la guerrilla libere a absolutamente todos los secuestrados que están en su poder, que los guerrilleros liberados salgan del país y se garantice que no regresen para reincorporarse a las filas de la insurgencia. Obviamente, estas condiciones no serán aceptadas por la guerrilla y las posibilidades de un acuerdo humanitario seguirán siendo muy escasas.

La seguridad fronteriza

En lo relacionado con la seguridad fronteriza, no se puede descartar un agravamiento progresivo de la situación con Venezuela. La cercanía de la definición sobre la realización del referendo que eventualmente daría por terminado el gobierno de Hugo Chávez, sería el momento para ocasionar en la frontera con Colombia maniobras de distracción por parte de las tropas afectas al gobierno . La provocación de incidentes fronterizos cada vez más graves sería una argucia del Gobierno venezolano para evitar la realización del referendo o para alterar sus resultados. El pretexto de perseguir a los grupos paramilitares colombianos podría ser utilizado para estos fines. En el peor de los casos no se descartaría una escaramuza entre tropas colombianas y venezolanas en la zona fronteriza. Semejante situación ocasionaría una distorsión no esperada en la ejecución de la política de seguridad democrática del Gobierno colombiano y acarrearía una distracción de atención, recursos y esfuerzos que deberían estar concentrados en la mejoría de la seguridad interna.

De otra parte, como consecuencia de la captura en Ecuador del dirigente de las Farc Simón Trinidad, probablemente el intenso tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos desde este vecino país hacia Colombia podría disminuir durante los primeros meses del año. En efecto, es de esperar que las redes de apoyo de las Farc y sus cómplices ecuatorianos se mantendrán temporalmente inactivos por temor a ser descubiertas y solo en forma gradual retomarían sus anteriores ritmos de actividad, en la medida en que la cooperación entre los organismos de seguridad de ambos Estados disminuya su intensidad.

Estados Unidos

De otra parte, las recientes fricciones diplomáticas de Estados Unidos con Brasil y Argentina, que se suman a las ya existentes con Venezuela, paradójicamente aumentarán a Colombia sus posibilidades de seguir fortaleciendo sus relaciones con el gobierno norteamericano y de seguirse beneficiando de la intensa cooperación ya iniciada años atrás. A los ojos de Estados Unidos, Colombia será en 2004 el socio en quien confiar en una región que progresivamente se está caracterizando por su inestabilidad política, sobre todo en la región andina.

No obstante, las elecciones presidenciales que se realizarán en el mes de noviembre abren un espacio de incertidumbre con respecto a la cooperación de Estados Unidos con Colombia. De todas maneras la continuidad y el volumen de esa futura cooperación va a depender de la forma en que se perciba en los núcleos decisores de las campañas republicana y demócrata la situación de Colombia, la manera como se valoren los avances en la recuperación de la seguridad y en la lucha contra el narcotráfico, y, sobre todo, el horizonte temporal que allí se otorgue como plazo para una mejoría sustancial e irreversible de la situación interna. En todo caso, tal vez este año se inicie en Estados Unidos y en Colombia el debate sobre el inicio de la cuenta regresiva para la terminación del Plan Colombia.