Seguridad de 900 personas amenazadas estará en manos de sector privado

Desde hace siete años, dos escoltas del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS y dos de la Policía acompañan a César Torres*, un joven periodista, cuya seguridad en las evaluaciones de riesgo siempre clasifica para recibir protección especial del Estado. Los dos guardaespaldas del DAS que lo cuidan serán reemplazados el próximo año por integrantes de una firma privada, ya que el organismo de seguridad abandonará la protección de 900 personas para dedicarse exclusivamente a labores de inteligencia estratégica, control migratorio y expedición de certificados judiciales.

Por eso el próximo 17 de septiembre, el Ministerio del Interior y de Justicia abrirá la licitación para contratar 180 esquemas de seguridad –que incluyen escoltas, carros y demás— que velarán por las personas que hoy están bajo responsabilidad del DAS, entre ellos periodistas como César, políticos amenazados, organizaciones sociales, sindicalistas, defensores de Derechos Humanos, testigos en procesos judiciales, alcaldes y concejales, entre otras personalidades. En total se gastarán un poco más de 55 mil millones de pesos en 2009.
 
La primera impresión de quienes pertenecen a los programas de Víctimas y Testigos de la ley de Justicia y Paz; y al de Protección a Población en situación de desplazamiento, no es la mejor. La propia viceministra del Interior, María Isabel Nieto, reconoce la preocupación entre las personas vulnerables, pues temen correr más riesgos con personal poco idóneo o con conexiones que pueden resultar peligrosas. Recuerdan por ejemplo, el caso la empresa Control Total de Medellín, cuya licencia fue retirada hace unas semanas por la Superintendencia de Vigilancia, al comprobarse que tenía nexos con ‘Don Mario’, el narcotraficante más buscado por las autoridades en Colombia.

Sin embargo, el Ministerio del Interior dice que los esquemas de protección serán contratados con empresas de vigilancia “legalmente constituidas, que cuenten con licencia de funcionamiento expedida por la Supervigilancia”. Pero Control Total, a pesar de estar “legalmente constituida”, estaba dirigida por Juan Felipe Sierra, hoy en la cárcel por nexos con grupos ilegales.

Según el gobierno, parte de las razones para contratar una empresa privada que se encargue de los esquemas de protección es que el Programa ha crecido significativamente: de 177 personas que se protegían en 1999, pasó a atender a 9.444 personas el año pasado.

“De esta manera se decidió la tercerización del servicio, sin que ello signifique delegación de la responsabilidad estatal en materia de protección a poblaciones vulnerables, sino una estrecha coordinación para garantizar mayor control y servicio”, dice uno de los apartes del borrador de la licitación.

La viceministra Nieto dijo a Semana.com que se van a tomar todas las medidas necesarias para asegurarse que la empresas que se contraten para tan delicada labor sean idóneas y serias.

El senador Gustavo Petro, quien actualmente tiene un esquema de seguridad mixto (Policía y DAS), no está de acuerdo con esta decisión del Mininterior. “Las amenazas son la consecuencia de una realidad que no ha sabido enfrentar el Estado y ante todo, hay que prevenir (...) antes de buscar escoltas, deberían concentrarse en investigar quién está amenazando”, dijo el congresista del Polo Democrático.

Según el gobierno, desde el año pasado se venían explorando varias alternativas como la creación de una Unidad Administrativa Especial o el Fortalecimiento de la Dirección de Protección de la Policía Nacional. Pero ambas posibilidades se descartaron debido a los altos costos que implicaba para el gobierno generar una nueva planta de personal de unas mil personas. “Por eso la opción que se eligió es contratar una empresa, una unión temporal o un consorcio que suministre los esquemas de protección (con todos sus componentes) de acuerdo con las necesidades de movilidad de los diferentes beneficiarios”, dice la licitación.

Así es como esta semana se conocerán las condiciones para que las empresas que quieran concursar participen en la contratación de 430 escoltas, 60 carros blindados y 120 carros corrientes. Todos deberán contar con armamento, chalecos antibalas, medios de comunicación y dotación logística.

El derecho a la vida está consagrado por la Constitución y protegido por varios convenios internacionales firmados por Colombia. Por eso el Estado debe proteger con especial cuidado a aquellas personas que están amenazadas y que por diversas razones, el Estado no ha podido desarticular el riesgo que pesa sobre ellas. En ese sentido es sano que si el DAS no puede cumplir más esa labor, se busquen alternativas.

Sin embargo es polémico tercerizar una función tan esencial del Estado: velar por la seguridad de las personas. El riesgo de repetir historias como las de las Convivir o el de las Cooperativas de Seguridad Rural es latente, si no se toman las suficientes precauciones.