¿Será efectivo el decreto para reparar a las víctimas?

El gobierno nacional expidió ayer un decreto con el que el Estado se compromete a reparar a las víctimas de grupos al margen de la ley. El propósito de la medida es que las víctimas no tengan que esperar mucho tiempo para lograr una reparación por la vía judicial.
 
En su alocución protocolaria, el Presidente dijo que el decreto era un paso hacia la reconciliación, ya que la mitad de los colombianos eran víctimas de la violencia:

“Es una prueba fehaciente de que aquí queremos una política de Seguridad Democrática y que, como su calificativo de democrática lo infiere, es una política integral, que además tiene que conducir a una sociedad reconciliada”.

El mandatario enfatizó en el esfuerzo fiscal del gobierno para asumir el programa de reparación que cuesta 7 billones de pesos. También pidió a la comunidad internacional que reconociera el mérito de que en un país como Colombia, con déficit económico y altos índices de pobreza, pudiera dedicar un rubro para esta tarea.

El punto más importante del decreto es la “indemnización solidaria”, consistente en sumas de dinero que van desde los 27 salarios mínimos hasta los 40, que deberán ser entregadas en períodos anuales, dentro de los diez años siguientes a la fecha de su aprobación.

También menciona la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición como medidas de reparación de obligatorio cumplimiento por parte de los diferentes organismos del Estado, pero no especifica de qué manera se harán efectivas. Estas se refieren a restituir los bienes robados, particularmente las tierras; a rehabilitar a quienes han sufrido daños físicos y sicológicos; a conseguir la satisfacción de las víctimas con las compensaciones y excusas recibidas; y la garantía que debe hacerles la sociedad de que nunca más volverán a ser victimizadas.

En términos generales, hay acuerdo en reconocer que en Colombia hemos avanzado bastante en el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado colombiano por parte del Estado y de la sociedad, y también en reconocer en que es necesario reparar su dolor y atender su clamor de verdad, si realmente se espera que puedan reconciliarse con la sociedad. El proceso de Justicia y Paz que conducen varias instutuciones estatales ha construibuido como nunca nates a ese reconocimiento.
 
Y ahora, es positivo que el Ejecutivo busque darle alivio rápido a las víctimas, pues la reparación legal que les daría Justicia y Paz se demora hasta el final de los juicios de cada paramilitar desmovilizado, cuando el magistrado respectivo concerte la audiencia de reparación. 
 
Sin embargo, el decreto tiene vacíos graves. Varios sectores de la sociedad civil consideran que la medida reduce la reparación a las víctimas a entregarles algo de dinero, y en cambio no es preciso ni pone condiciones concretas a todas las demás formas de reparación que pueden incluso llegar a ser mucho más importantes para que las víctimas se sientan realmente resarcidas y se reconcilien con la sociedad. Por ejemplo, no impone mecanismos ni plazos para una rápida devolución de las tierras robadas. Tampoco incluye otras formas de resarcimiento como conocer la verdad de lo sucedido, acceso preferencial a los servicios del Estado, etc.

Además para recibir el dinero oficial, que apenas equivale a 105 mil pesos mensuales en el mejor de los casos, las víctimas tienen que someterse a un engorroso proceso de verificación de su condición. Los montos que reciban están tipificados en una escala de violación a los derechos fundamentales como el homicidio, desaparición, lesiones personales y psicológicas, desplazamiento forzado, entre otras.

También ha sido motivo de cuestionamientos el hecho de que la norma no incluya a las víctimas de violaciones de miembros del Estado.
Para Mauricio Romero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Javeriana que ha estudiado el tema de reparación a las víctimas, el decreto no cumple con los principios de integralidad con los que debe contar una política de reparación.

“Cualquier instrumento de justicia transicional (de una situación de guerra a una situación de paz, o de una dictadura a una democracia) debe integrar otros instrumentos además de la indemnización, como la recuperación de la memoria y la justicia”, explicó Romero.

Según él, el decreto no vincula mecanismos para conocer la verdad que tanto reclaman las víctimas, tampoco incluye garantías para que puedan acceder a mejores oportunidades es en materia de educación, trabajo y vivienda y no reconoce la corresponsabilidad del Estado.
 
“No puede haber integralidad cuando una persona que ha sufrido una violación fuerte a sus derechos y en lugar de reconocer el daño y el derecho que la persona tiene a reclamar, se le da una retribución económica con la intención política de mejorar la imagen del gobierno”, dijo Romero.

En ese mismo sentido, Patricia Buriticá, quien hace parte de la Comisión de Reparación y Reconciliación criticó duramente la medida. “Este es un decreto indemnizatorio, que fija un plazo para la entrega de dineros a 10 años diferidos, que amarra los auxilios que el Estado le da a los desplazados con los auxilios para vivienda y que fija un tope de atención a 30 mil familias anualmente, cuando en el país hay más de 3 millones. Pero no es un decreto para la reparación como lo ha querido hacer ver el gobierno”, dijo.

En el acta de disenso en la cual Buriticá dejó claro por qué no votó a favor del decreto, la Comisionada citó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos en la cual se establece que para que un programa cumpla con los principios de reparación se debe tener en cuenta la participación de las víctimas. Aunque el programa de reparación informó oportunamente, según indicó la Comisionada, no incluyó la voz de las víctimas en la elaboración del decreto.

“El acto de reparación comienza por escuchar a una víctima. No escuchar la es seguir vulnerando su derecho. Aunque las víctimas aportaron observaciones fundamentales, este decreto no las tuvo en cuenta”, dijo Buriticá.

“Eso no quiere decir que la gente no va a hacer fila para recibir los auxilios, porque la gente tiene necesidades. Pero eso es aprovecharse”, agregó.

La Comisionada consideró que antes que un avance en materia de derechos humanos el decreto era una afrenta a las víctimas por no reconocer su condición, no darles garantías de no repetición de las agresiones y por excluir a las víctimas que se presenten después de expedido.