Sin pétalos de rosa

"Conocí a Jamila, una afgana de 16 años, en la cárcel para mujeres de Kabul el año pasado. La prisión está llena de mujeres acusadas de adulterio, que a su vez huyen de esposos violentos y esperan casarse con el hombre que ellas escojan. Jamila había sido sacada de su hogar en Kunduz un año antes y fue obligada a casarse, luego fue abusada y violentada. Cuando el tío de su esposo amenazó con violarla, ella no lo pudo aguantar más y escapó. Pero en seguida la atrapó la policía y fue enviada a prisión por abandonar a su pareja. Jamila me dijo que quería regresar con sus padres, pero temía que su papá la matara porque, según él, había manchado el honor de la familia. Pero si él no la mata, seguramente lo hará el hombre con el que la obligaron a casarse. Sus temores no son infundados. La mayoría de las 20 mujeres a las que el presidente afgano Hamid Karzai les concedió una amnistía hace algunos años para salir de la cárcel fueron asesinadas por sus familias, otras simplemente desaparecieron".

La historia de Jamila es contada por Irene Khan, la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), que recientemente presentó un aterrador informe sobre la situación de violencia que viven las mujeres en el mundo. En el texto, la organización internacional relata todo tipo de atrocidades contra el género, desde las que son asesinadas y violadas por su propio padre, hasta las que son lapidadas por cometer adulterio o escapar de un esposo abusador. Colombia tiene un lugar destacado en la denuncia, debido a las violaciones de derechos humanos que se registran todos los días.

Como panorama general, la organización relata que las mujeres en Asia y el Medio Oriente son asesinadas en nombre del honor, en África occidental se les mutilan los genitales a las niñas en nombre de la costumbre, las inmigrantes y refugiadas en Europa occidental son atacadas por no aceptar los estamentos sociales de la comunidad que las recibió, las jóvenes en África del sur son violadas e infectadas de sida porque los violadores creen que tener sexo con vírgenes los va a curar y en los países ricos y desarrollados, son golpeadas hasta la muerte por sus compañeros o esposos.

Pero ahí no paran las atrocidades. Si la situación se ve con detenimiento en cada uno de esos países, es posible descubrir que la mayoría de los atropellos son orquestados por el gobierno y la cultura de cada lugar. El caso de Jamina es uno de ellos, incluso después de derrocado el régimen talibán, cuando las afganas pudieron dejaron de estar cubiertas y tener mayor participación en la sociedad, el yugo siguió estando presente y es poco lo que aún hoy ellas pueden hacer para impedir atropellos de sus esposos y otros hombres. Entre tanto, en Tailandia y Camboya, las cifras sobre contagio de sida en las mujeres monógamas y casadas ha aumentado en 40 por ciento en los últimos años a causa de la infidelidad de sus esposos, pues ellas no tienen permitido cuestionar el que tengan varias parejas y ni siquiera pueden preguntar sobre métodos de prevención. En este último país, fueron obligadas a casarse entre 1975 y 1979 aproximadamente 250 mil mujeres, la mayoría de ellas fueron maltratadas por sus esposos y la familia de éste. En Irak, por otra parte, al menos 400 mujeres y niñas menores de 8 años fueron violadas en Bagdad durante y después de la guerra en abril de 2003. En ese mismo año, en Sierra Leona, el 94 por ciento de las mujeres desplazadas sufrieron asaltos de índole sexual, incluyendo violación, tortura y esclavitud. Como si fuera poco, la ley de países en vía de desarrollo como Bolivia, Camerún, Costa Rica, Etiopía, Líbano, Perú, Rumania, Uruguay y Venezuela, establece que el violador puede quedar libre de cargos si le propone matrimonio a la víctima y ésta acepta.

Para seguir con las cifras, el informe cita que más de 135 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación de genitales y aproximadamente dos millones están en riesgo de vivirla cada año. Esta práctica es realizada en 28 países africanos y asiáticos entre los que se cuentan India, Indonesia, Malasia y Sri Lanka. En algunos es ampliamente aceptado por los gobiernos y en los que no, no se hace nada para evitarlo, pues es una costumbre milenaria que busca evitarles placer sexual y posibles infecciones vaginales. Pero se logra todo lo contrario, pues han sido reportados cerca de 135 millones de casos en los que la práctica tiene como consecuencia infecciones graves, esterilidad e incluso efectos sicológicos.

AI también llama la atención sobre los "asesinatos por honor", en los que la misma familia lapida o "desaparece" a quien haya hecho algo para "manchar el honor de la familia". Ello sucede, por ejemplo, cuando una mujer es sospechosa de sostener una relación extramarital. Incluso si sufrió una violación y no tiene pruebas concretas que así lo demuestren, puede ser víctima de las más duras humillaciones por parte de su pareja, padre y hermanos y en la mayoría de casos puede llegar a ser lapidada. Para citar solo un país donde esto ocurre, en Irán 45 mujeres menores de 20 años fueron asesinadas en nombre del honor en un período de dos meses el año pasado.

Las desapariciones también hacen parte de las situaciones que tiene que vivir el género femenino y que AI señala como una deficiencia de los Estados relacionada con la discriminación de género y problemas sociales del país. Según la organización, el caso más representativo es Colombia, donde cada día desaparecen 14 mujeres a causa del conflicto armado. El informe destaca lo sucedido a Esperanza Amaris Miranda, una defensora de derechos humanos que fue asesinada supuestamente por paramilitares a finales del año pasado y su caso quedó en la impunidad. Como prueba de que lo que dice el texto es cierto, el asesinato ocurrido el pasado 16 de octubre fue prácticamente ignorado por la opinión pública y lo único que se sabe con certeza es que tres supuestos paramilitares del Bloque Central Bolívar de las AUC llegaron a su casa en Barrancabermeja en Norte de Santander y la obligaron a montarse a un taxi. Media hora después apareció muerta a unas calles de su vivienda.

Esperanza tenía 40 años y vendía chance para mantener a sus dos hijos, uno de 15 años y otra de 21. También trabajaba en la Casa de la Mujer de la Organización Femenina Popular, que lleva 30 años en el país luchando por los derechos de las mujeres. Semanas antes de su muerte denunció ante la Fiscalía amenazas contra su vida provenientes de paramilitares, pero no recibió protección a cambio ni el organismo se pronunció después del hecho. Su asesinato se sumó a la lista de los 90 ocurridos en Barrancabermeja en 2003 por parte de paramilitares y guerrilla. El 85 por ciento de éstos han quedado en la impunidad.

"En Colombia, las mujeres que abogan por sus derechos tienen que enfrentar amenazas, violencia e incluso la muerte por parte de los grupos armados de derecha e izquierda. Las fuerzas de seguridad del gobierno y sus paramilitares aliados han etiquetado a los líderes de la comunidad y activistas de derechos humanos como colaboradores de la guerrilla y los han convertido en blanco de la guerra en contra de la insurgencia", señala el informe.

También cita los casos de Leonora Castaño, presidente de otro grupo de derechos humanos, quien ha recibido numerosas amenazas de muerte y ninguna protección a cambio. También resalta lo sucedido a Blanca Nubia Díaz, otra activista, quien se vio obligada a dejar su ciudad después de que paramilitares mataran a su hija de 16 años. Sobre ello, AI asegura que "el gobierno colombiano ha fracasado no solo en garantizar la seguridad de sus ciudadanos, muchos de ellos mujeres, sino en desmantelar los grupos paramilitares".

Cómo si las amenazas y asesinatos fueran poco, en Colombia una de cada dos mujeres ha sido golpeada alguna vez por su pareja, según Profamilia. También figuran en la lista violaciones y otras agresiones provenientes incluso de sus familiares, esposos y compañeros. Pero a diferencia de otros países, la ley colombiana castiga a quienes maltratan a una mujer. La violencia intrafamiiar está tipificada como delito y en las inspecciones de Policía, la Fiscalía y otras entidades se reciben las denuncias. Sin embargo, el 78 por ciento de los hechos no son alertados por las víctimas que temen a futuras represalias de sus agresores. Para cambiar esta situación, el año pasado se aprobó una ley que busca ampliar a más de tres años de prisión el castigo al hombre que maltrate física, síquica o sexualmente a cualquier mujer de su núcleo familiar.

Aunque en ese sentido se están dando pasos, la situación en Colombia y a nivel mundial está lejos de cambiar. En tanto que las culturas no cedan y acepten que algunos de sus postulados van en contra de los derechos humanos y que los gobiernos velen por la seguridad de sus mujeres, todavía seguirán existiendo decenas de Jaminas y Esperanzas que fracasarán en su intento por buscar la manera de combatir la discriminación y hallar el camino hacia la libertad.