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Un obrero en una planta ensambladora mientras realiza su trabajo.

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Sindicalistas en Colombia, bajo estigma guerrillero

En medio de la discusión para acordar un salario mínimo, muchos colombianos se preguntan y en qué anda el sindicalismo. Una mirada sobre las difíciles condiciones que tienen en la Costa Norte del país para ejercer su actividad. Informe Especial.

Juan Diego Restrepo E.
20 de diciembre de 2006

Las directivas sindicales en la Costa Norte de Colombia tienen desde hace varios meses una prueba contundente que ratifica que el activismo en defensa de sus derechos laborales y políticos en el país es un ejercicio de altísimo riesgo. Se trata de una presentación digital en la que la mitad de los afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) es estigmatizada por presuntas relaciones con grupos insurgentes.

El documento, conocido como “Presentación Convenciones Feb. 16-01”, diseñado en PowerPoint y con logotipos de las empresas Electricaribe y Electrocosta, propiedad del grupo español Unión Eléctrica Fenosa, establece, sobre una base de 450.000 afiliados, que la tendencia política de esta asociación sindical, la más grande en Colombia, es 50 por ciento demócrata, es decir, asociada a los partidos Liberal y Conservador; el otro 50 por ciento, está relacionado con grupos alzados en armas de extrema izquierda: el 30 por ciento (135.000 afiliados) son afines al ELN, el 15 por ciento (68.000 afiliados) a las Farc y el 5 por ciento (22.000 afiliados) al EPL.

Luego de analizar la tendencia política de la CUT en el ámbito nacional y sin que sea clara la metodología empleada para realizar dicha clasificación, el informe se centra en detallar lo que allí se nombra como “la representación política en subdirectivas sindicales” en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Cesar, Córdoba, y de manera específica en el municipio de Magangue (Bolívar), zonas donde tienen asiento los intereses empresariales de Electricaribe y Electrocosta.

Según el documento, el 45,6 por ciento de las subdirectivas de la CUT en la Costa Norte es demócrata y el 54,4 por ciento está relacionado con algún grupo guerrillero. Desglosada esas tendencias, en el departamento de Bolívar el 80 por ciento de la subdirectiva está asociada a la guerrilla; en La Guajira, el 5 por ciento; en Córdoba, el 60 por ciento; en Sucre, el 65 por ciento; en Atlántico, el 45 por ciento; en Magdalena, el 60 por ciento; en Cesar, 60 por ciento, y en el municipio de Magangué, el 60 por ciento.

La presentación fue conocida por los líderes sindicales de la CUT en julio de 2006 y desde entonces intentan que autoridades nacionales e internacionales, entre ellas la Organización Internacional del Trabajo (OIT), conozcan el caso, pues consideran que esa estigmatización fue suficiente para que los grupos paramilitares hayan perpetrado asesinatos, secuestros e intentos de homicidio, proferido amenazas y ocasionado desplazamientos de sus afiliados, en particular de los dirigentes y sus familias.

El documento también contiene el análisis sobre la situación sindical en Colombia entre los años 1992 y 1999, las políticas antisindicales de la multinacional española Unión Fenosa propietaria, desde noviembre del año 2000, de las electrificadoras costeñas y el esquema empresarial para afrontar las discusiones sobre las convenciones colectivas de trabajo.

A juicio de directivas sindicales consultadas, que por razones de seguridad solicitaron la reserva de la identidad, esta nueva prueba, que ha circulado de manera restringida entre algunos directivos sindicales de Cartagena, Barranquilla y Bogotá, confirman las declaraciones de Rafael García, ex director de Informática del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), quien en abril de este año reconoció la existencia de un plan de exterminio contra activistas sindicales de la Costa Caribe impulsado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Directivos sindicales cartageneros sospechan que la clasificación de las tendencias políticas del 50 por ciento de la CUT está más asociada a un informe de inteligencia militar, que se complementa con el servicio de inteligencia interno de Unión Fenosa.

“Este documento deja bastantes interrogantes en cuanto al asesinato, amenazas, secuestros y exilios de trabajadores, líderes sindicales y miembros de sus familias, desde que esta multinacional llegó a Colombia”, expresan líderes sindicales consultados y agregan que este caso demostraría “la peligrosa unión entre la empresa privada y el paramilitarismo con el fin de exterminar el sindicalismo”.

Unión Fenosa se defiende

Esta visión es rechazada de manera tajante por los directivos de las electrificadoras. Ayda Vélez, gerente de recursos humanos de Electricaribe y Electrocosta, admite la existencia del documento, pero explica que ella sólo lo conoció el 20 de octubre de este año a través de Internet.

“El documento fue elaborado por Rafael Ricardo, gerente de recursos humanos en 1999, con el apoyo del jefe de seguridad de esa época, un militar retirado de apellido Castañeda, antes de que Unión Fenosa comprara a Electricaribe y Electrocosta”, dice Vélez y asegura que ambas personas salieron de la compañía en 2001.

Rafael Ricardo estaba al frente de la gerencia de recursos humanos desde antes del proceso de privatización, iniciado en 1998, cuando la estatal Corelca fue dividida en la Electrificadora de la Costa Atlántica (Electrocosta) y la Electrificadora del Caribe (Electricaribe) y recibieron capital de un consorcio conformado por las empresas Reliant Energy, de Estados Unidos, y la venezolana Corporación Electricidad de Caracas. En noviembre del año 2000 le venden sus acciones a Unión Fenosa, grupo español que queda con el 70 por ciento de la propiedad accionaria de las electrificadoras costeñas.

La ejecutiva reconoce que el informe se utilizó en varias presentaciones para la venta y toma de posesión de las empresas, pero no fue de su conocimiento directo, pues ella sólo lleva un año en la compañía. “Luego de conocer el documento en Internet, empezamos a revolver cielo y tierra en toda la compañía para buscar el documento original, que finalmente apareció en uno de los archivos muertos de la compañía”, explica.

No obstante, de la estructura organizacional de octubre de 2000, época en la cual representantes del grupo Unión Eléctrica Fenosa vinieron a Colombia y conocieron la presentación en PowerPoint, aún permanecen en la compañía varios directivos que aparecen nombrados en las diapositivas, entre ellos Carlos Franco Delgado, hoy gerente distrito Atlántico; Nancy Abdala, actual secretaria general; Carlos Jiménez Rojas, ingeniero asignado a la zona Atlántico; Patricia Escobar, quien ahora es la encargada del servicio al cliente, y Benjamín Payares, ahora gerente comercial en Barranquilla.

Pancho Tristán, ciudadano español gerente de comunicaciones de Electricaribe y Electrocosta, niega de manera rotunda cualquier relación de la compañía con grupos armados ilegales, y aclara que esta posición ya le fue expresada a la CUT en carta enviada luego de una reunión sostenida entre directivos de la central de trabajadores y la presidencia de las electrificadoras el 6 de octubre de 2006.

“En nombre de Unión Fenosa, Electrocosta y Electrocaribe, sus directivos y empleados reiteramos nuestra política y compromiso de trabajar con la organización sindical para promover vida laboral convivente y, por lo tanto, rechazamos cualquier conducta contraria al respecto por el ejercicio del derecho de asociación sindical; cualquier señalamiento que pretenda vincular a Sintraelecol y la CUT con grupos alzados en armas y, en general, cualquier cuestionamiento contra Sintraelecol o la CUT como a la administración de las empresas que pretenden enrarecer este clima de confianza mutua y sana convivencia que hemos construido conjuntamente”, dice la misiva enviada a la Dirección Nacional de la CUT.

Otra versión

Pero la versión sobre la autoría de la presentación dada por los ejecutivos de Electricaribe y Electrocosta contrasta con la que se puede leer en el informe mismo a través del programa PowerPoint. Allí se constata que el documento fue creado el 19 de junio de 2000, aparece como autor Marcos Kratochvil, bajo la organización Unión Eléctrica Fenosa, y como fecha de impresión el viernes 16 de febrero de 2001.

Marcos Kratochvil es técnico en formación y sistemas, y adjunto a la Presidencia de Unión Fenosa para la elaboración de informes ante la junta general de accionistas, comisión delegada y consejo de administración.

A propósito de este hallazgo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que agrupa a un conjunto de organizaciones no gubernamentales en el país, le remitió el 29 de junio de 2006 una carta a María Inmaculada Arnáez, del programa Gobernabilidad y Derechos Humanos de la Embajada de España en Colombia.

En la misiva, la coordinación expresa su preocupación por la estigmatización del sindicalismo colombiano: “Tal información justificaría que el gobierno de Colombia le prodigara tratamiento de guerra a la mitad de la CUT y podría servir como argumento para convencer a la comunidad internacional sobre la ausencia de legitimidad de las acciones del sindicalismo colombiano e, inclusive, invitarla a respaldar la adopción de medidas de fuerza en su contra”.

Además, le solicita que emprenda las gestiones que estime pertinentes, “con el propósito de garantizar que las autoridades públicas y las personas particulares de nacionalidad española mantengan su compromiso de proteger las actividades legítimas, legales y convenientes para la democracia que realizan defensoras y defensores de los derechos humanos”. Seis meses después, la carta no ha tenido respuesta alguna.

Quienes tampoco han abordado el tema son las directivas nacionales de Sintraelecol. Voceros de esa agremiación admiten que “han sido irresponsables al no tocar este asunto de manera abierta. No hemos sentado una posición sobre el documento porque nadie se quiere comprometer, pues no sabemos cómo estamos clasificados y eso nos pone en riesgo”.

El temor es latente entre los activistas sindicales en la Costa Norte de Colombia, por ello les exigen a las autoridades resultados concretos de las investigaciones, porque esta estigmatización, advierten, “es una estrategia para provocar acciones del paramilitarismo que, atendiendo las señales invisibles del mercado, actúa. Y así se elimina la oposición social y política, beneficiando los intereses de la empresa”.

*Juan Diego Restrepo E.
Editor Agencia de Prensa IPC
Costa Atlántica