Tragedia sin fin

Hace 18 años, Colombia estaba en trance. Para muchos aún era imposible creer que el Palacio de Justicia, el establecimiento donde se administraban leyes, condenas y rectitud, hubiera sido devorado por las llamas y que como resultado, murieran cerca de 100 personas, entre magistrados de la Corte, abogados, empleados y visitantes.

Pero hoy las heridas están casi sanadas. Ya son pocos los que recuerdan que un 6 de noviembre, la historia del conflicto y la justicia en Colombia se partió en dos. Casi todos, menos las familias de las 11 personas que aun están desaparecidas y cuya suerte es un misterio.

Ellos cuentan que han intentado todo para saber qué fue de ellos. Incluso, tomaron la investigación en sus manos y llegaron a conclusiones desgarradoras. También impusieron demandas contra el Estado y denunciaron sus casos ante comisiones internacionales. Pero no lograron nada. Al cumplirse los 18 años de la tragedia, se jugaron su última ficha y pusieron la solución en manos de un colectivo de abogados, que les dio todas las facilidades y se propuso resarcir de alguna manera las penas dejadas por la impunidad.

Por eso pidieron abrir varias investigaciones y reabrir otras que se cerraron hace más de 10 años. Según el presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Alirio Uribe, hasta el momento sólo se tienen las certezas de los resultados que los procesos arrojaron hasta 1986, un año después del holocausto y que confirman los familiares.

Siguiendo el rastro

Cuando las autoridades no pudieron dar razón del administrador de la cafetería del Palacio, el jefe de cocina, tres meseros, cuatro empleadas de la cocina, una abogada y una proveedora de pastelería, sus familiares comenzaron a indagar. A través de los testimonios confidenciales de algunos policías, otros oficiales y testigos, los 11 salieron del Palacio con vida y en poder de la fuerza pública. Desde ahí no se volvió a saber de ellos.

Otras versiones no confirmadas indican que todos fueron llevados al Palacio del Florero para ser torturados, luego asesinados y enterrados en los campos de tiro de los cuarteles de Usaquén.

"Está probado completamente que fueron desaparecidos por la Fuerza Pública. Lo de las torturas es lo que la gente dice pero eso no está probado. Lo que sí, es que ellos fueron sacados del Palacio, con base en testimonios recogidos por la Comisión de Fiscales instructores que hubo en esa época y el procurador que hizo la denuncia en el año 85", explicó Uribe, quien encabeza la investigación.

Lo que hubiera podido ser una averiguación de rutina por parte de la justicia, se convirtió entonces en una manifestación de impunidad e ineptitud, pues las pesquisas siempre fueron dirigidas contra el M-19, que luego firmó la amnistía con el gobierno. Pero nunca hacia la recuperación del control del edificio por parte del Ejército, que entró al lugar con tanquetas y disparando indiscriminadamente toda suerte de armas.

Aun hoy, los familiares siguen esperando una respuesta y, aunque tienen la certeza de que sus seres queridos están muertos, esperan que paguen los culpables. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está adelantando un proceso desde 1999. "Incluso ya fue a declarar a Washington uno de los magistrados sobrevivientes. Ese proceso se está moviendo allá y es muy posible que se produzca una solución", comentó Uribe.

Además, en el CTI y la Fiscalía tienen en su poder las denuncias, amparadas bajo el delito de la desaparición forzada, que se comenzó a castigar desde hace tres años. "Las investigaciones se han movido en los últimos años. Y como ahora la desaparición forzada es un delito, puede haber respuesta", agregó el abogado y representante de las familias.

Sin embargo, no fue posible obtener respuesta en ninguno de los dos organismos sobre el avance de los casos.

Dos caras de la tragedia

Aunque las 11 familias siguen pendientes de que se haga justicia, son los padres de dos de ellos los que, a pesar de su avanzada edad, representan la lucha constante por hallar la verdad. Se trata de Enrique Rodríguez Hernández y Héctor Jaime Beltrán.

El primero es el padre de Carlos Augusto Rodríguez, que en ese entonces tenía 28 años y era el administrador de la cafetería del Palacio. Esa no era su profesión, pues estaba cursando segundo año de derecho en la Universidad Libre y trabajaba allí para ayudarse. En el momento de la tragedia se había acabado de estrenar como padre de Alejandra, que hoy estudia ingeniería en la Universidad Javeriana de Bogotá.

Su padre hoy tiene 83 años y desde hace 18, está a la cabeza de las denuncias. "Tengo la seguridad absoluta de que a mi hijo lo sacaron del Palacio, lo asesinaron y lo enterraron en los cuarteles de Usaquén donde tienen los campos de tiro. Cuando comenzó el revuelo por su desaparición, exhumaron los cadáveres, los incineraron y echaron las cenizas al agua para perder el rastro", cuenta.

El habla con nombres propios y culpa a miembros activos del Ejército, cuya participación no ha sido confirmada, por la "impunidad rampante que ha rodeado el proceso", asegura. Y, aunque espera morir viendo a los culpables de la desaparición de su hijo tras las rejas, sabe que no será fácil. "Es que el señor Fiscal está durmiendo encima del expediente", concluye.

El segundo, por su parte, es el padre de Héctor Jaime Beltrán, uno de los meseros del restaurante. Era el padre de cuatro niñas de 3, 2, 1 años y la última estaba recién nacida. Hoy ellas estudian y trabajan para solventar los gastos.

Sobre su desaparición existe la misma teoría. Como si fuera poco, su padre, hoy de 70 años, denunció en ese entonces amenazas contra su vida para que cesara las averiguaciones. "Cuando nosotros comenzamos a investigar su paradero, recibimos una serie de amenazas telefónicas que nos decían que dejáramos de investigar porque eso no nos convenía, porque habían investigado a mis hijas. Me tocó cambiar de casa y de teléfono", cuenta el padre.

El pide lo mismo que los demás: que se haga justicia, se condene a los culpables y puedan darle "cristiana sepultura" a su hijo.

"Yo lo único que quiero es que la justicia reviva la investigación. Son 18 años de estar en la incertidumbre. Sin saber si están vivos o muertos. Nadie responde, siendo que el Estado es el culpable", concluye.

Las 11 familias esperan la misma respuesta para echarle tierra a un trágico suceso del que el mundo entero fue testigo y del cual, la justicia se ha hecho la de la vista gorda.