Tras años de agonía, se murió el Seguro Social

Casi un año después de anunciar su intención de liquidar el Seguro Social el presidente Álvaro Uribe cumplió con su promesa y acabó con una de las pocas entidades públicas que restaban por privatizar en el país. Los malos manejos de las últimas décadas llevaron la empresa a una crisis insuperable y la obligaron a someterse a chequeos constantes de salud desde hace más de 20 años. Los expertos que la evaluaron durante cada gobierno aseguraron que sus recetas le devolverían la vitalidad, pero terminaron suministrándole momentáneos calmantes que con el paso del tiempo demostraron su ineficacia a la hora de curar el problema.

Para el presidente Álvaro Uribe la idea es tener un “servicio social” transparente y “unas clínicas del Seguro Social tan eficientes como las del sector privado”. Según dijo a Caracol Radio, “vamos a seguir en lo que ha sido nuestro camino, fomentar la inversión privada, no desmantelar el Estado, reestructurarlo, sustraerlo de las prácticas clientelistas”.

Desde cuando el Congreso le dio facultades especiales, en 2002, Uribe fusionó ocho ministerios, liquidó más de 35 entidades y reestructuró más de 120. En la más reciente de ellas, la de Ecogás, considera por muchos como una de las gallinas de los huevos de oro, las críticas de la oposición arreciaron, pues muchos analistas creen injustificadas las razones de su privatización. Con el aval del Congreso Uribe aspira también a privatizar el 20% de las acciones de Ecopetrol.

Según el gobierno, es mucho el dinero que el país ha ahorrado gracias a su plan de reestructuración del Estado, sin embargo aún no está resuelta la duda sobre la eficacia de dicho plan. Especialmente porque los anuncios de reestructuración son casi semanales, trátese de empresas en problemas como el Seguro, o sólidas como Ecogás. Adicionalmente está por verse la aplicación de la anunciada meritocracia en las entidades liquidadas o privatizadas.

En el caso del Seguro Social la decisión del gobierno es la misma sobre la cual se venía especulando desde cuando Uribe anunció la privatización. Habrá tres entidades encargadas de prestar los servicios que manejaba la empresa: La Previsora se encargará de las pensiones y la ARS, mientras que la EPS estará a cargo de seis cajas de compensación familiar.

El primer paso para la liquidación de la entidad fue en el sector salud. El superintendente del ramo, José Renán Trujillo, suspendió la licencia de funcionamiento de la EPS para evitar nuevas afiliaciones desde el lunes. No obstante, el número de personas que solicitaban su afiliación tendía a cero desde que Uribe anunció la liquidación. Dicha situación había generado el rechazo de los funcionarios de la entidad, quienes denunciaron la falta de voluntad presidencial para salvar la entidad. Como dijo el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios del Seguro Social, Ricardo Gallo, el anuncio de Uribe dejó en el limbo a los usuarios durante un año, precipitando las desafiliaciones y la abstención de nuevos ingresos a la entidad. Por otro lado, el déficit ascendía a $671.000 millones y el patrimonio negativo superaba los $1.7 billones, en 2005.

Todo ello gracias a las malas administraciones, la falta de previsión y la politiquería. Buena parte del pasivo pensional de la entidad se debía a las pesadas cargas del pacto colectivo, que permitía jubilaciones cinco años antes de cumplir los requisitos establecidos para los demás colombianos y sin tener el suficiente ahorro para respaldar el pago de esa jubilación.

El aspecto tecnológico también jugó en contra del Seguro. Mientras la competencia privada hizo inversiones recientes en equipos y bases de datos, el Seguro continuó con su viejo sistema, rezagándose en la competencia por el mercado. Ni siquiera la reforma de 2003, que dividió la institución en tres partes (la EPS pública, la Administradora de Riesgos Profesionales y la entidad que administra las pensiones) logró superar ese escollo.

Amparado en todos estos antecedentes y tras considerar que la entidad no era viable, el Consejo Superior de Política Económica y Social, Conpes, emitió concepto favorable para que la Superintendencia de Salud cancelara desde este lunes la licencia de funcionamiento de la EPS o Empresa Promotora de Salud del ISS. Los más de tres millones de afiliados a la EPS, tendrán un plazo de seis meses a partir de la fecha para escoger una nueva entidad prestadora de servicios de salud. El gran dilema en este aspecto es saber qué entidad se le medirá a afiliar a los más de 44 mil usuarios del Seguro que reciben atención por enfermedades de alto costo. Entre las entidades escogidas por el gobierno para suplir al Seguro figuran las cajas de compensación Cafam, Colsubsidio y Compensar.

La segunda función del Seguro, la de Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) quedará a cargo de La Previsora, también entidad de carácter público. Por tal concepto deberá atender a más de millón y medio de personas que recibían dicho servicio en la entidad que desaparece. La misma empresa administrará el negocio de las pensiones, que para el caso del Seguro incluye el pago de las mesadas a 650 mil jubilados. “El gobierno les garantiza a todos los pensionados que seguirá girando los $5.1 billones que gastó el año pasado para cumplirles puntualmente con sus mesadas”, dijo al respecto el ministro de Protección, Diego Palacio.

Aunque las verdaderas consecuencias de la transformación de la entidad comenzarán a verse sólo dentro de unas semanas, miles de usuarios esperan que por fin se haga realidad esa atención eficiente y transparente que la vieja entidad oficial les prometió siempre y que la decisión sirva par ampliar la cobertura de salud con calidad a tantos rincones del país hoy desprotegidos.