‘Tsunami’ en la justicia

Después de estar 21 años en la oscuridad, esta semana la Fiscalía reabrió el caso de la toma y contratoma del Palacio de Justicia. La gente está sorprendida. Es difícil creer que después de tanto tiempo las familias de estas víctimas sigan implorando por una justicia que no llega. Lo más grave es que este es apenas uno de los tantos casos que diariamente se quedan impunes en nuestro el país y que según las estadísticas llegan a ser el 60 por ciento de las denuncias. ¿Qué está pasando?

El llamado trancón judicial es, según los expertos, la principal causa de que la justicia colombiana ni cojee ni llegue. Actualmente hay más de dos millones de procesos atrasados que evitan que los jueces se ocupen a tiempo de los casos nuevos. Las pilas de expedientes empolvados no dejan caminar por los juzgados y se vuelven dinosaurios que pueden durar hasta 8 años en ser evacuados, como el famoso caso de Dragacol que todavía está en veremos.

La mayor parte de la congestión está concentrada en la jurisdicción civil y en demandas que particulares u organismos internacionales le imponen al Estado (jurisdicción administrativa). Y por la lentitud del sistema estas demandas acumulan y acumulan intereses y según el Ministerio del Interior y Justicia pueden costarle al gobierno 67 billones de pesos. Una cifra escandalosa que equivale a lo que anualmente paga el país por deuda interna y externa. ¿Qué están haciendo las autoridades para resolver la situación?

Posibles soluciones

Para acabar con el trancón judicial el Ministerio del Interior y Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, que es la entidad que administra la Rama Judicial, están aplicando un ambicioso plan denominado “Justicia al día 2008”. Ya tienen identificadas las siete ciudades donde se concentran la mayor cantidad de procesos antiguos y allí van a enviar unidades especiales de justicia, con jueces extras y secretarias. Según la viceministra de Justicia Ximena Peñafort, “la meta es conseguir que el inventario de los procesos llegue a cero en tres años”. Pero, para los usuarios del sistema consultados por Semana.com esto es una verdadera utopía.

El gobierno también ha pensado en crear una figura similar en rapidez y eficiencia a la tutela que funcione específicamente para demandas por el derecho al trabajo y la seguridad social. “La gente no está utilizando bien el sistema, se dedican a poner tutelas, que terminan encartando a jueces penales con temas de salud y empleo. Esto congestiona aún más el sistema”, afirma la viceministra. “Por eso pensamos en esta figura que sí sigue los canales ordinarios”.
 
Próximamente el gobierno le presentará esta propuesta al Congreso. “No tengo objeción con que se creen acciones similares a la tutela, pero que no terminen siendo un mal reemplazo. Lo clave es que la justicia, además de ser ágil, proteja de fondo los derechos de los ciudadanos”, afirmó el abogado constitucionalista Rodrigo Uprimny de la organización Dejusticia.

La Rama Judicial también se está poniendo las pilas y quiere crear “jueces de pequeñas causas” que se dediquen únicamente a resolver los delitos que afectan la cotidianidad de los ciudadanos, como hurto de tiendas o querellas familiares. También están promoviendo formas alternativas de resolución de conflictos, como los jueces de paz.
Y para que la lentitud del sistema no le siga costando tanto al Estado, al duplicar el monto de las demandas en sus contra, el ministerio creó un grupo para identificar estos casos y resolverlos rápido. En un año de inició ya le han ahorrado a la Nación 1,2 billones. “Les estamos explicando a las entidades nacionales y descentralizadas cuáles son los riesgos potenciales, para que no sigan cometiendo errores tan costosos”, afirma Dionisio Enrique Araújo director de este grupo.
 
También, se designó un presupuesto de 60.000 millones de pesos para que entren operación un nuevo staff de jueces administrativos que agilicen estos procesos.

El gran reto

Pero para algunos expertos estás medidas son pañitos de agua tibia que no van a resolver de fondo los problemas de calidad y agilidad de la justicia. “El reto más grande de la rama judicial es que debe implementar el modelo de justicia oral en todas las áreas, civil, laboral y administrativa y no sólo en la penal donde está vigente actualmente”, afirmó el abogado y columnista Ramiro Bejarano.

Esto sí implica un cambio de 180 grados en la dinámica de la justicia en nuestro país. El ideal es que todo empiece a funcionar a través de audiencias públicas donde el juez escucha al acusado, al acusador y a los testigos, y con base en estos testimonios falla. Ya no habrá declaraciones tomadas en cuartos cerrados ante un secretario con máquina de escribir, que después son archivadas en pilas que pasan décadas empolvándose.

El problema es que para algunos expertos el nuevo sistema no es tan milagroso como lo pintan, pues aunque sí genera mayor calidad no asegura más agilidad. El país puede seguir en la misma congestión de hoy. “Si la Corte Constitucional estuviera bajo el sistema oral no alcanzaría a resolver los 1000 procesos que falla cada año”, sostiene Uprimny.

Además, en el ámbito penal, donde ya se viene aplicando como prueba desde el 2005, ya se vieron sus defectos. La aplicación del nuevo sistema necesita una alta capacidad investigativa que las autoridades no tienen. La Policía judicial, que es la encargada de esta labor, no tiene suficiente capacitación e insumos de criminalistica.
 
Esto ha hecho que el nuevo esquema de justicia funcione bien en los casos donde el infractor se descubre en flagrancia, pero regular en los delitos donde se necesita una exhaustiva pesquisa de pruebas. Además, con la oralidad las víctimas y los testigos se exponen a más riesgos pues deben salir obligatoriamente a la luz pública, y todavía no existen los mecanismos para protegerlos.

La eficiencia del nuevo modelo está a punto de enfrentar una de sus más duras pruebas: el caso de Jamundí, donde se acusa a varios militares del asesinato de 10 policías y un civil en las cercanías de Cali (Ver nota ‘Nuevo tropiezo en caso Jamundí). Es crucial porque en este caso están involucrados un numeroso grupo de acusados, estamentos nacionales y toda la opinión pública lo sigue con ojo vigilante.

Y estas son las posibilidades de reforma de nuestra justicia, de que algún día se acabe esta impunidad rampante, que como se ve en el caso del Palacio de Justicia debilita la confianza de la gente en el Estado y en los demás ciudadanos. Porque la impunidad es como un fenómeno natural, un tsunami que arrasa con cualquier esperanza de las víctimas y sus familias.