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ORDEN PÚBLICO

Un día de furia

Los hechos de San Juan del Cesar reflejan una grave ruptura entre las comunidades y las autoridades

30 de julio de 2005

El irrespeto a la autoridad y el abuso de la fuerza pública se encontraron en el ardiente municipio de San Juan del Cesar. La irresponsabilidad del estudiante Yaír Javier Estrada Mendoza, de 29 años, fue el detonante del día de furia de esta historia que terminó de la peor manera: su muerte, un desorden de características de levantamiento popular y conatos de linchamiento.

El hecho pone sobre el tapete la fragilidad de la relación entre los habitantes y la fuerza pública en especial en comunidades semirurales. Un asunto crucial para un Gobierno que basó su política de seguridad democrática en la presencia de policías y soldados en todos los municipios del territorio nacional.

Este trágico episodio empezó con una parranda en la noche del miércoles. En la mañana siguiente, y después de horas de jolgorio, Yaír Javier Mendoza y su amigo Nilson Villazón salieron a recorrer las calles de San Juan del Cesar en su carro, en busca de más fiestas. En la calle se encontraron con otro vehículo del que les hacían señales de pare. Según la versión de la Policía, le ordenaron que se detuviera porque el carro en el que se desplazaban iba sin placas. Mendoza y Villazón, en medio de la borrachera, continuaron de largo. Según su argumento, los hombres que les indicaban el pare iban de civil. Sólo frenaron cuando el vehículo les cerró la vía.

Yaír y su amigo se resistieron, en medio de su mente confundida por el licor, a colaborar con la requisa que les pedían. Yaír dio unos pasos y avistó que el carro del que bajaron los hombres de la Sijín estaba solo y con las llaves pegadas. Se montó, encendió el motor y comenzó la película más corta de acción que protagonizó en su vida.

En la persecución por las calles de la localidad atinó a pasar por el colegio El Carmelo, donde trabaja su madre, una docente conocida por todos en el pueblo. No la encontró y fue cuando condujo hacia las vías destapadas que llevan a la zona corregimental, hasta llegar a Guayacanal, un poblado a 15 minutos de San Juan del Cesar. Los miembros de la Sijín no le perdieron el rastro y allí, ante los ojos de varios habitantes, lo alcanzaron y lo obligaron a detenerse para darle fin a la burla a la que habían sido sometidos.

Según el testimonio de varios testigos, se bajó del carro, se subió la camisa para demostrar que no tenía armas y alzó las manos en señal de rendición, pero recibió como respuesta seis disparos que acabaron con su vida,.

La muerte de Yaír Javier no fue el final de la historia, sino el comienzo de otros graves acontecimientos. Mientras ocurría la persecución contra el 'chico malo', sus familiares y amigos también lo hacían a la par.

Por eso, una vez se dieron cuenta de que lo habían matado en estado de indefensión, buscaron la solidaridad de la gente para tomar venganza por sus propias manos, como dice la tradición guajira: sangre por sangre.

El llamado a la solidaridad para hacerse sentir con mano dura, así fuera contra la institucionalidad representada en la Policía Nacional, no se hizo esperar y se convirtió en una asonada. Salieron jóvenes y adultos, hombres y mujeres, y rodearon la subestación de Policía a donde se habían trasladado los miembros de la patrulla que acabaron con la vida del estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad de La Guajira. Los policías, atrincherados en su sede, resistieron cinco horas el ataque de la población, tiempo durante el cual los manifestantes quemaron cuatro carros y tres motos oficiales, les prendieron fuego a las instalaciones, derribaron muros, rompieron ventanales e intentaron entrar para lincharlos. Hubo que llamar al Ejército Nacional para imponer el orden.

Después de todo un día de lucha entre un pueblo adolorido por la muerte de un inocente, según dijo el alcalde de ese municipio, Arnoldo Marulanda Brito, llegó la calma. A los policías los sacaron en tanques del Ejército mientras la población pedía a gritos que se fueran para nunca más regresar. Aunque hubo relevo de miembros de esa subestación de la Policía, los habitantes de San Juan insisten en que no quieren más su presencia, sino la de una base militar.

Las autoridades, incluso con la presencia del Ministro de Defensa, dieron la cara para responderle a la familia y a la población los señalamientos y cerrar un capítulo que para ellos desdibuja la imagen de la Institución, especialmente en esa región donde la legalidad siempre ha sido ensombrecida por la ilegalidad.