Un estudio revela que los violentos pueden incidir en las próximas elecciones en gran parte del país

Desde ya se percibe que las próximas elecciones para alcaldes y concejales podrían estar saboteadas por grupos violentos. Eso concluyó la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) después de una serie de encuestas que le hizo a cada uno de los 32 departamentos del país.

Los registros hablan de 171 alcaldes que han recibido algún tipo de amenazas durante sus labores administrativas. Sus municipios se ubican en 24 departamentos, donde se podrían presentar manipulaciones en los comicios del 28 de octubre de este año.

Ese es el balance que hace Gilberto Toro, director de Fedemunicipios, al explicar que “las amenazas son directas y, obviamente, van a influir en la decisión de los electores o de los mismos candidatos en el 75 por ciento de los departamentos”, sostiene.

Influencia electoral

Con las intimidaciones a los actuales mandatarios, los grupos ilegales están demostrando simpatía hacia determinados partidos políticos o hacia corrientes que podrían beneficiarlos en su búsqueda del poder.

Según Toro, esas situaciones siempre se han presentado en los municipios. La historia electoral de Colombia cuenta que los actores armados han impuesto su poder ante la democracia de diversas maneras.

La primera es impidiendo que haya elecciones por medio del control armado que intimida a los votantes. Otra puede ser amenazando a la comunidad o asesinando a los candidatos para las alcaldías o concejos.

Una práctica muy conocida es imponer candidatos apoyados por los grupos armados. A ésta recurren con frecuencia los paramilitares para llevar a sus líderes a diversos niveles nacionales. Para ello, hacen renunciar a otros candidatos y les impiden su participación en los comicios. Si lo hacen, pagan con su vida.

Pero también es frecuente que traten de desviar los intereses de los votantes con sobornos o amenazas, cuando no sucede que negocien con los candidatos para dejarlos realizar su labor política. Los acuerdos se hacen para recibir a cambio futuras prebendas cuando queden elegidos. “Todo eso es lo que queremos evitar denunciando a tiempo lo que percibimos en las encuestas”, comenta Toro.

¿Cuál seguridad democrática?

La queja de Fedemunicipios se produce en momentos en que el gobierno se jacta de presentar resultados en su política de seguridad democrática. En este momento, todos los municipios del país cuentan con fuerza pública con al menos un comando de Policía en las zonas urbanas.

Además, las cifras de homicidios de alcaldes han disminuido. Mientras hace seis años cada mes moría un mandatario local de manera violenta, desde 2005 hasta hoy se ha presentado sólo uno por año. “Esto ha permitido que alcaldes y concejales realicen sus labores en sus municipios”, comenta Toro.

Pero eso no ha sido suficiente. Los registros que a diario se hacen sobre la situación de orden público de los municipios muestran una paradoja. Si bien las zonas urbanas están cubiertas en la mayoría por la fuerza pública, las veredas son escenarios de acciones armadas y la intimidación impide hacer públicas las denuncias.

“Los alcaldes dicen que todo está bien, pero es obvio que ocurre lo contrario”, le dijo una fuente a SEMANA.COM.

Presencia armada

Los hechos son producto de la presencia de diversos grupos armados de paramilitares y guerrillas. Como resultado de las investigaciones, Fedemunicipios ubicó en mapas los actores que tienen presencia armada en cada departamento del país (ver documento relacionado).

En ellos se puede establecer que las Farc y los grupos de paramilitares siguen liderando la guerra en Colombia, al tener una presencia en 24 y 17 departamentos, respectivamente.

A ellos los siguen la delincuencia común, con poder en 12 departamentos, y el Eln, en 11. Aunque los protagonistas siguen siendo los mismos, han aparecido nuevos actores.

En Putumayo se presentaron amenazas a los alcaldes por parte de ex empleados de las mismas administraciones municipales y departamentales. Y en Boyacá, los mototaxistas están intimidando a los alcaldes después de que una norma nacional los obligó a impedir esta práctica de transporte público.

Posibles soluciones

Ante todas esas intimidaciones y para evitar que puedan modificar las intenciones electorales en octubre, se han empezado a tomar medidas tempranas. El comité de Evaluación y Regulación de Riesgos del Ministerio del Interior se ha reunido dos veces este año con Fedemunicipios para ofrecerles seguridad a los alcaldes amenazados. Lo mismo harán con los candidatos que vayan denunciando intimidaciones.

En estos casos, el gobierno nacional facilita elementos de comunicaciones y logísticos que les permitan a los afectados mejorar su seguridad. El tema está en boga porque desde ya se han visto ejemplos.

Un caso puede ser el atentado del que fue víctima el pasado jueves la alcaldesa de Neiva (Huila). Ese día estalló una bomba que presuntamente fue puesta contra ella como parte de una persecución de las Farc por su manifestación pública de apoyo al presidente Álvaro Uribe.

Acontecimientos como éste hablan de una posible perturbación electoral que se empieza a gestar y que podría afectar el buen funcionamiento de las elecciones locales y regionales.