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| 8/23/2007 12:00:00 AM

Un fallo de tutela obliga al Estado a proteger a las víctimas de los paramilitares

La orden judicial favorece a las víctimas del conflicto armado, pues obliga a las instituciones a diseñar, establecer y ejecutar un programa para blindar a las víctimas y los testigos en los casos de la Ley de Justicia y Paz.

Un fallo de tutela obliga al Estado a proteger a las víctimas de los paramilitares Los familiares de las víctimas de los paramilitares ahora serán protegidos, según lo ordena un fallo de tutela.
Hasta ahora la situación era extremadamente dolorosa. Las víctimas llegaban a las versiones libres de los desmovilizados paramilitares asustadas y cohibidas para señalar a sus verdugos. Estos, por su parte, se presentaban desafiantes, con manifestantes que llegaban en buses cantando y lanzando arengas. Cuando terminaban las jornadas, los otrora líderes paramilitares se iban custodiados por varias camionetas blindadas y un ejército de hombres del Estado que les iban abriendo paso. Los otros, entre tanto, se iban a sus humildes moradas temerosos sin saber si en el camino a casa se iban a encontrar con la muerte de frente.

Esta situación se da, en gran parte, porque el Estado no tiene una política de protección a las víctimas. Por eso, el rosario de muertes iba en aumento. Yolanda Izquierdo, asesinada en Montería, Córdoba, y quien había realizado denuncias públicas sobre las amenazas que sobre ella recaían; Óscar Cuadrado Suárez, asesinado en Maicao, La Guajira; Carmen Cecilia Santana, asesinada en Urabá, Antioquia; Gustavo Espitia, asesinado en Cotorra, Córdoba; la maestra indígena Osiris Amaya Beltrán, asesinada en La Guajira, son algunos de los nombres de las personas que se atrevieron a exigir justicia y a señalar a los paramilitares de sus acciones.

Mientras se sumaban los muertos, la opinión pública observaba simultáneamente que el cinismo de los desmovilizados aumentaba. En algunos casos, organizaron comparsas y fiestas en una afrenta más a las víctimas.

Este sombrío panorama fue el que llevó a Patricia Buriticá Céspedes, comisionada integrante de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) a entablar una tutela para blindar a las víctimas. Y el fallo fue a favor.

Ahora, por ley, el Estado está obligado a diseñar, establecer y ejecutar un programa de protección a las víctimas y los testigos en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

Buriticá dice que su acción obedeció al cumplimiento de sus funciones para garantizar a las víctimas el acceso a la realización de sus derechos y con el propósito de contribuir a su participación efectiva en los procesos de esclarecimiento judicial en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

La Acción de Tutela fue presentada el pasado 30 de junio, conjuntamente con 15 mujeres representantes de víctimas, ante el Tribunal de Cundinamarca.

Se trataba de una Acción de Tutela para exigir la implementación del Plan Integral de Protección a Víctimas del Conflicto Armado en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

La comisionada recordó que la tutela fue motivada por hechos atroces tales como: asesinatos, amenazas, desplazamientos e intimidaciones ocurridos contra las víctimas que han estado participando en los procesos de justicia y paz, algunas de las cuales habían incluso asistido a las diligencias de versión libre y se encontraban atentas al proceso en aras de reclamar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Para ella, la serie de crímenes contra las víctimas son hechos que demandaban del Estado la garantía del derecho a la vida y a la seguridad de las víctimas, como requisito sine qua non para acceder a sus derechos.

Buriticá recordó el proceso comenzó el pasado 8 de marzo, cuando junto con mas de 5.000 mujeres de varias regiones del país pertenecientes a la Alianza Iniciativa Mujeres por la Paz (IMP), en una movilización hizo entrega de un Plan de Exigibilidad al gobierno nacional para que éste pusiera en marcha un Plan de Protección a Víctimas.

Luego, el jueves 29 de marzo, se entregó al Ministerio de Interior el Plan de Exigibilidad de Protección a Víctimas acompañado de 5.000 firmas de apoyo por parte de la Sindicato de Trabajadores de Suecia (ST); el 10 de mayo se interpuso un derecho de petición al Ministerio del Interior, al igual que varias exigencias de protección y seguridad de víctimas.

Finalmente, y para satisfacción de las víctimas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló la tutela que obliga al Estado colombiano a “diseñar, implementar y ejecutar” un programa de protección a víctimas y testigos en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

En un comunicado público, Buriticá aseguró que el fallo compromete a instituciones como el Ministerio del Interior y de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, obligándolas a que en un plazo no menor a 30 días, a partir del 13 de agosto del presente año, éstas entidades cumplan con la elaboración y la implementación del plan indicado.

“Este fallo representa un avance para los derechos de las víctimas en general, ya que tutela los derechos no sólo de las mujeres demandantes, sino de todas las víctimas del conflicto. Estoy convencida de que esta obligación de protección a la vida y la seguridad de las víctimas que ordena la tutela que hoy recibimos, contribuirá a que el Estado colombiano asuma sus responsabilidades constitucionales y se establezcan condiciones para el acceso a la Verdad, la Justicia, la Reparación y garantías de No Repetición”, dijo Buriticá.

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