Un proyecto político

En algún momento, la defensa ante una guerrilla que se imponía por falta de Estado fue justificación para que grupos de diferente origen y en diversas regiones se proclamaran como grupos de ‘autodefensa’. Podían ser asociaciones de campesinos, o de terratenientes que solo defendían intereses económicos concretos, pero también estaban apoyados efectiva o tácitamente por políticos e ideólogos de extrema derecha que veían en la subversión el espectro del comunismo acabando con el país.
 
Desde un decreto de la época de Alberto Lleras, esas ‘autodefensas’ eran una forma legal de asociación y de acción que suponía ser relativamente válida pues incluía el concepto de seguridad personal (además del de protección de sus bienes); el Estado mismo ayudó a entrenar futuros líderes, entre los cuales los hermanos Castaño, Henry Perez, etc. quienes en Puerto Boyacá tomaron cursos con el ejército y con los mercenarios profesionales que éste contrató.

El fracaso del intento de acabar el problema guerrillero por parte de Turbay y Belisario - uno bajo el sistema represivo y el otro por la vía ‘negociada’-, motivó aún más el fortalecimiento de este tipo de grupos. La aparición del MAS, –Muerte A Secuestradores-, creado por los narcotraficantes con motivo del secuestro de Martha Nieves Ochoa por el M-19 tocó el tema de la existencia generalizada de estos grupos y además vinculó a los narcos a la lucha antiguerrillera. Esto llevó a que Cesar Gaviria como Ministro del Interior de Barco denunciara la existencia de 142 grupos que ya denominó ‘paramilitares’, y a que ese Gobierno derogara el artículo que permitía las ‘autodefensas’.

Sin embargo el mismo Gaviria, ya Presidente y aparentemente bajo el patrocinio de la DEA, para acabar con Escobar permitió, bajo lo que se denominó ‘Los Pepes’, la alianza de las fuerzas oficiales del Estado con grupos ilegales –unos narcos como el Cartel de Cali, y otros propiamente ‘paras’ como Fidel Castaño-. Además se promulgó el Decreto Ley 356 de febrero 7 de 1994, que permitía la conformación de ‘Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada’, el que fue regulado bajo Samper por la Resolución 368 del 27 de abril de 1995 de la Superintendencia correspondiente quien los bautizó como “Convivir”

Bajo la Gobernación de Alvaro Uribe Vélez se dio su gran desarrollo en Antioquia como parte de una política que daba a la guerra contra la guerrilla prelación absoluta sobre cualquier otro tema, como presagio a lo que años después se impondría a nivel nacional.

En paralelo existían grupos que no cobijados por la misma legalidad tenían las mismas características y con el fallo de la Corte que tumbó las Convivir se produjo una fusión con ellos, tanto para aprovechar su experiencia ‘militar’ como para buscar financiación. Así, eso que pudo tener algo de ‘autodefensa’ legítima, y a lo cual se pretendió darle legalidad bajo la forma de las Convivir, se contaminó y borró las barreras que lo separaban de la ilegalidad.

Las más activas de estas ‘asociaciones’, las Autodefensas del Magdalena Medio (con cierto efímero origen político como Morena y después en paralelo a Agdegam -Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio-, pero con otras vinculaciones como Rodríguez Gacha) y las ‘AUUC, Autodefensas Unidas de Urabá y Córdoba’, ya relacionadas entre ellas por sus características comunes (apoyo militar y vinculación con narcos), llegaron a la conclusión que más que ayudarse mutuamente lo que procedía era impulsar a nivel nacional esa ‘solución’ que estaban logrando a nivel local, proponiendo unir las diferentes fuerzas bajo una especie de Federación que cumpliera ese propósito. La lucha contra la guerrilla dejaría de ser defensiva y tendría como objetivo imponer un modelo en el cual ella desapareciera, asumiendo la función que el estado en su opinión no estaba en capacidad de cumplir: ese proyecto ya de naturaleza y propósitos claramente políticos se llamó AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. (Se diferencia de la época de los narcos políticos -Pablo Escobar, o Lehder-, en que ellos solo querían poder individual pero no tenían proyecto ni propuesta de connotación política).

Así, unas veces a las buenas y otras a las malas, vincularon a diferentes organizaciones regionales; e igual que consolidaron el dominio en su propio territorio con masacres como ‘la chinita’, ‘las tangas’ y ‘mejor esquina’ o las de ‘el mojado’ en Cimitarra o las de el temible Vladimir, para su expansión apoyan o promueven a Jorge 40, a Hernán Giraldo o a ‘Cadena’ y se repiten estos métodos en los Chengues, entre los Kankuamos, en Bella Cruz o en Mapiripán; y también comienzan las incursiones en las fuentes de financiación de la droga, como la Gabarra en el Catatumbo, o la Hormiga en el Putumayo.

La coincidencia del ‘enemigo común’ hace que el abanico de quienes conforman esa federación sea bastante amplio: un Ramón Isaza enfocado hacia la defensa regional, los Castaño por venganza, un Don Berna de estirpe claramente Narco, un Baez de origen propiamente político, etc.; pero lo más grave es que en forma silenciosa y natural los aceptan o respaldan los factores de poder que desean que este sistema se preserve.

Para que el uso de las motosierras, las masacres y las fosas comunes, el fratricidio o el maridaje con el narcotráfico tuvieran sentido y cumplieran su cometido, para que además del control de facto sobre el país se lograra lo que las AUC se propusieron, se requería la convergencia de esos diferentes intereses alrededor de algo que legalizara ese proyecto. No otra es la explicación del documento de Ralito denunciado por De la Espriella. (¿Cuántas veces no se repetía –y con qué vehemencia- que lo que aquí se necesitaba era un Fujimori?)

Uribe como bien lo dice no participó directamente en ninguna matanza ni se afilió directamente a ningún grupo paramilitar. Los protagonistas son solo accidentales expresiones de procesos más complejos y él solo llenó el puesto que entonces se necesitaba. Todos sus antecedentes –padre muerto por la guerrilla, gran ganadero de Córdoba, temperamento autocrático, experiencia en su uso de las Convivir, amistad con sindicados de tráfico de drogas como Ochoas, Nader o Puerta, etc.- y toda sus capacidades -como político, pragmático, autoritario, comunicador, y hasta cierto punto cínico- lo pusieron en ese lugar.

Lo demás a partir de las elecciones del 2002 es ‘la verdad’ que tan esquiva parece. El triunfo mismo hizo que hubiera más interés por parte de los narcos en participar detrás, tanto para adquirir poder como para participar en lo que sería la solución ‘negociada’ de su situación ilegal. Así Arroyave compra frentes en el llano, o don Berna se alinea con la entrega después derrotar al bloque Nutibara, a la Terraza y consolidarse como heredero único de la oficina de Envigado; y si en el Valle no sucede lo mismo con Varela y Don Diego es porque saben que el que se entregue será acabado por el otro. Carlos Castaño muere a manos de su hermano por tratar de romper esa coincidencia de intereses, diferenciando narcos de ‘paras puros’ al dar prioridad a su solución personal sobre el proyecto global.

A Uribe, después de haber subido sobre la base de aceptar todo lo que hoy en términos políticos se cuestiona y en el campo humanitario horroriza, no le presenta inquietudes ponerle conejo a los paras: ya les cumplió en el sentido de haber llevado esa propuesta al poder y de haberles colaborado hasta donde pudo para que les costara lo menos posible; al igual que ellos alegan que no pueden tener el total control sobre sus grupos y que por eso siguieron habiendo asesinatos, él tampoco pudo controlar todas las fichas y la Corte impidió un mejor arreglo.

Lo esencial es que estamos ante un proceso y un proyecto político y así lo reivindican repetidamente los ‘comandantes’, siendo esa su posición no solo ante el pasado sino prepotentemente hacia el futuro; y que éste sigue lo confirma el presidente cuando desafiantemente dice: “Les voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado que mientras no estén en la cárcel, a votar (sic) las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria” para así durante este mandato cuadruplicar los recursos destinados a imponer el modelo con el cual conjuntamente lograron el poder.

Contra lo que presumen muchos, no es probable que las amenazas veladas de que unos podrían ‘cantar’ y que de otra parte se los podría extraditar, lleven a acabar esa alianza tácita; el control que tienen sobre el país es suficiente para que los juicios y las revelaciones (recuérdese el poder de las armas, el manejo de la información y el fenómeno Teflón) no produzcan efectos mayores, y, por el contrario, sirvan de vacuna o de bendición para que el proceso de ‘fujimorización’ siga. Sin llegar a la perfección deseada (la imposición de ese modelo político con beneficios grandes y costo prácticamente cero para todos los que lo impulsan), el resultado es suficientemente satisfactorio para garantizar que ninguno tiene interés en abandonar o sabotear lo logrado: todas las imperfecciones que se vayan manifestando legitiman el proceso, siempre y cuando ambas partes lo respalden.

Por eso, en cuanto a los juicios a los que llaman ‘parapolíticos’, el punto de fondo no es tanto la culpabilidad personal, sino si aprobamos el modelo que se basa en que ‘el fin justifica los medios’; y si, ya concientes no solo del pasado, sino de lo que eso puede significar en el futuro, respaldamos la continuidad de ese proyecto político que el actual presidente encarna.