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| 11/20/2006 12:00:00 AM

Un tema del que no se habla en Santa Marta

El ambiente que se respira en esta ciudad, conocida por sus playas de El Rodadero y la cercanía al Parque Nacional Tayrona, es de desconfianza y temor. A la gente le produce horror hablar del paramilitarismo.

Un tema del que no se habla en Santa Marta Un tema del que no se habla en Santa Marta
Agencia de Prensa IPC – CCEEU
Santa Marta

En Santa Marta no es fácil indagar si en este departamento hay una reorganización de la estructura paramilitar, luego de las desmovilizaciones de los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operaron en la región. El tema está vedado en la calle y en los espacios de deliberación política, tales como los concejos municipales y la Asamblea departamental.

El ambiente que se respira en esta ciudad, conocida por sus playas de El Rodadero y la cercanía al Parque Nacional Tayrona, es de desconfianza y temor. “A la gente le produce horror hablar de ello, no admite referirse a los paramilitares. Es un tema vedado”, reconoce un curtido dirigente político de la región que, por obvias razones, solicitó la reserva de la identidad.

Todo eso, según él, es consecuencia del horror que se dio en este departamento de la Costa Norte colombiana, “de todas las masacres que ocurrieron, de toda la tragedia que esto produjo”, y para respaldar ese temor habla de los pueblos fantasmas del Magdalena, como Santa Rita, el principal corregimiento del municipio de Remolino, un pueblo al que, aún hoy, sus pobladores se resisten a volver.

“Hay mucha incertidumbre, mucho miedo en la gente, porque los jefes y las estructuras paramilitares no han desaparecido, siguen con el control político y social en las regiones”, continúa el dirigente político, quien alega poca claridad en los dos procesos de desmovilización de las Auc con influencia en esa región del país.

El primero de ellos se dio el 3 de febrero de este año en el municipio de Guachaga, norte del Magdalena; allí se desmovilizó el bloque Resistencia Tayrona, al mando de Hernán Giraldo Serna; el segundo ocurrió en la vereda La Mesa, de Valledupar, el 10 de marzo último, donde hizo dejación de armas Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, y sus hombres del bloque Norte, con presencia en el sur del departamento.

Ambos jefes paramilitares, cada uno en sus territorios y a través de grupos armados ilegales que no se desmovilizaron, continúan ejerciendo total dominio militar, económico, social y, ante todo, político, a través de los caciques locales y regionales.

“Por eso es que después de unos meses empezamos a sentir que no es tan cierta la desmovilización. Ya escuchamos voces de muchos ciudadanos en los municipios de Pivijay, Aracataca, Fundación, Ciénaga, Guachaca y Buritacá, así como de indígenas de las Sierra Nevada, quienes denuncian la presión de grupos de autodefensa que no se han desmovilizado y que ahora se hacen llamar Águilas Negras”, detalla la fuente.

Vuelan las Águilas

Esta organización, surgida hace más de dos años tras la desmovilización del bloque Catatumbo de las Auc, comandado por Salvatore Mancuso, tiene ahora su radio de acción en regiones como Cesar, Bolívar, Caquetá, los Santanderes, Nariño, Magdalena Medio y Suroeste antioqueño.

Sobre la presencia de este grupo ilegal en el Magdalena da cuenta la policía misma. En operativos policiales realizados en Ciénaga el pasado 3 de noviembre fue capturado Julio César Mendoza González, mientras repartía varias cartas entre comerciantes y pobladores pudientes, en las que los citaban, bajo amenazas, a una reunión en el corregimiento San Javier que se realizaría el 5 de noviembre. La misiva tenía el logotipo de las Águilas Negras.

Analistas en seguridad samarios indican que “en el Magdalena hay un reagrupamiento de paramilitares, que viene siendo liderado por Juan Carlos Luna Correa, conocido con el alias El Cóndor, y hermano de Trino Luna Correa, gobernador del departamento”.

Mucho antes de que Trino fuera gobernador, al que accedió como candidato único en las elecciones del 2003, a su hermano Juan Carlos ya se le asociaba con las Auc. “Él está al frente, hoy, de las Águilas Negras”, asevera un investigador, quien agrega que en la actualidad Juan Carlos se repone de un accidente automovilístico, sufrido a finales de octubre en Santa Marta, que lo redujo a una silla de ruedas.

“Viene operando en las zonas ribereñas del río Magdalena, en zonas del Cesar, Bolívar y Magdalena, al parecer se están reagrupando en el corregimiento Pueblito Los Andes, municipio de Santa Ana (Magdalena), con las antiguas fuerzas de José María “Chepe” Barrera, quien se desmovilizó con sus hombres el 4 de diciembre de 2005 en esa región”, explica la fuente.

Esta zona del sur del Magdalena, cercana a los municipios de San Ángel y El Difícil, bajo control de las Águilas Negras, es estratégica porque vía terrestre conecta con Barranquilla y vía fluvial con Mompox, Magangue y el sur de Bolívar, lo que lleva también a Cesar, Santander y a Antioquia.

Su poder local

Fuentes políticas consultadas revelaron que frente a los debates dados este año en el Congreso de la República sobre el paramilitarismo en el país, en especial en la Costa Norte, se han presentado varias proposiciones a la Asamblea del Magdalena para discutir allí el tema, “pero no han querido aceptar”, dicen.

¿Qué justifica esta actitud? La respuesta habría que buscarla en los resultados electorales de octubre de 2003, “pues el departamento fue dividido en varias zonas por los paramilitares para favorecer a por lo menos 8 de los 13 diputados que tiene la Asamblea”, asevera la fuente.

Políticamente la situación es tan compleja que los activistas del Polo Democrático Alternativo que trabajan en la elección de los delegados del Magdalena que estarán el 30 de noviembre en Bogotá en el Congreso de Unidad se han visto limitados en la consecución de afiliaciones. “En Pivijay habrá una mesa de votación y la gente está expresando muchas evasivas para no afiliarse al Polo, y argumentan que la situación se ha vuelto a poner feas allí. El temor es que las elecciones de 2007 sean difíciles”.

Y más allá de la política están los negocios. Quienes conocen bien a Santa Marta dicen que es “el mejor lavadero del mundo” de dineros provenientes del narcotráfico. En la ciudad, quienes son identificados como paramilitares participan de negocios como graneros, ferreterías, supermercados, almacenes de ropa y casas de empeño. Además, tienen un control total del mercado público.

“Ellos saben quién entra, qué trae, de dónde viene. Todo el que llega allí a vender sus productos tiene que pasar por sus manos y pagar un aporte que puede llegar hasta los 50.000 pesos”, afirma el dirigente político local.

En los barrios más deprimidos también ejercen el control social. Se cuentan entre sus territorios locales zonas como Pescadito, 20 de Julio, Nacho Vives, 7 de Agosto, La Esmeralda, San Jorge y Pastrana, entre otros.

Pero es a través del pagadiario, un sistema de préstamos informal que cobra intereses superiores al 20% en cuotas diarias, cómo vienen sometiendo a la población más pobre de la ciudad. “Es de tal magnitud este problema que algunos pensionados que se metieron en ese sistema de crédito han tenido que firmarle poderes a los paramilitares para que cobren sus pensiones y se las administren”, narra una fuente cercana a este problema.

Seleccionan docentes

En aquellos municipios donde ahora tienen presencia se viene dando un fenómeno que involucra la educación. Dado el control que tienen sobre las alcaldías, están influyendo en el nombramiento de docentes afines a su pensamiento político, pues temen que a través de ellos se infiltren en los pueblos profesionales adversos a sus expresiones de sometimiento y violencia.

“En un departamento donde hubo 14 municipios, de 30 en total, que tuvieron candidatos únicos a las Alcaldías en el 2003, es claro el dominio que tienen sobre esas administraciones y sus actuaciones”, señala un líder sindical.

La presión es de tal magnitud que por ejemplo a finales del año pasado un grupo de docentes de los municipios de Salamina, Guamal y Pedraza recibieron varios meses de salario atrasado y tuvieron que dar un porcentaje del pago a los paramilitares.

“El control llega a impedir que un docente participe en cursos y diplomados sobre derechos humanos convocados, incluso, por el Ministerio del Interior, y estamos afrontando la desafiliación selectiva al sindicato de educadores por presiones de estos grupos”, narran docentes consultados en Santa Marta.

Ejemplo de las limitaciones en capacitación es lo que se da desde hace varias semanas en el municipio de Plato, donde se dicta un diplomado sobre protección en derechos humanos dirigido a docentes que trabajan en las localidades que conforman el Valle de Ariguaní, entre ellos Tenerife, Chibolo, Nueva Granada, Sabanas de San Ángel y Pijiño, y en varios de ellos no obtuvieron el permiso de los paramilitares.

La presión ha llevado a que en los últimos años por lo menos 174 profesores se hayan desplazado al Atlántico, 78 a otras zonas del país y 19 más abandonaron el país. En el 2005 se le dio el estatus de amenazado a 27 docentes.

La coerción a los profesores ha llegado a tal punto que los contenidos de clase que tienen que ver con política y filosofía que vinculan temas como el marxismo y corrientes económicas contrarias al neoliberalismo son silenciados del discurso docente para evitar estigmatizaciones que ponen en riesgo la vida.

Así está hoy Santa Marta y el Magdalena, silenciadas. Y la situación no parece que fuera a cambiar en el corto y mediano plazo.

*Agencia de Prensa IPC, con el apoyo de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU).

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