Uribe amenaza con retirar beneficios a AUC

El presidente Álvaro Uribe endureció su lenguaje frente a las autodefensas y les pidió este lunes que se acojan plenamente a la ley de justicia y paz so pena de perder los beneficios jurídicos adquiridos con la misma, incluida la suspensión de extradición de sus máximos representantes.

La advertencia quedó consignada en un comunicado de cuatro puntos que el propio Jefe de Estado leyó a la salida de una reunión de alto gobierno convocada para analizar la crisis del proceso de desmovilizaciones y a la que asistieron el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, y el ministro del Interior, Sabas Pretelt.

Según el comunicado, los desmovilizados que sean llamados a los Tribunales de Magistrados constituidos para resolver su situación jurídica deberán hacerlo de inmediato. El presidente también conminó a todos los ex paramilitares para que se ubiquen “en sitios de reclusión dignos, sobrios y austeros, así sean temporales, mientras se deciden los definitivos”.

La comunicación del presidente se produjo en plena crisis del proceso y tras sucesivas declaraciones de jefes paramilitares y funcionarios del gobierno, los primeros amenazando con levantarse de la mesa si se les aplicaba la norma modificada por la Corte Constitucional y los segundo pidiendo a toda costa la continuidad del proceso.

Con el comunicado en cuestión, Uribe pretende hacerles saber a las autodefensas que el sometimiento a la ley no es opcional, máxime cuando ya les fue aplicada en la fase de dejación de armas. Su advertencia de que puede revocar las suspensiones de extradición es un mensaje directo a Salvatore Mancuso (quien a la vez es uno de los pocos paramilitares condenados por una masacre, la de El Aro) para que mantenga a sus ex subordinados en el proceso. Y el llamado para que los desmovilizados permanezcan en sitios de reclusión va para varios de los comandantes a quienes se les ha visto de compras en reconocidos centros comerciales alardeando de su libertad, situación que ha generado desconfianza frente a la seriedad del proceso.

Pero la mano dura que Uribe anuncia en los tres primeros puntos de su comunicado es contradictoria con la zanahoria del cuarto, en la que señala que expedirá el decreto reglamentario de la ley y que “en caso necesario acudirá de nuevo al Congreso”. En otras palabras, la ley ya está hecha y las autodefensas no la deben cuestionar, pero el gobierno puede -por iniciativa propia- pedirle al Legislativo que la modifique. ¿Hasta qué punto o con qué objeto? Eso es algo que no precisa el presidente.

Para la politóloga Claudia López, lo que Uribe hizo fue ponerle orden a un tema en el que el gobierno estaba enredado por cuenta de las recientes declaraciones de funcionarios como Pretelt, Restrepo y el asesor presidencial José Obdulio Gaviria.

La polémica en torno al tema se agudizó en la última semana por la reticencia de los paramilitares a la aplicación de la norma, ante los cambios introducidos a la ley por la Corte Constitucional, que según las autodefensas les quitan las garantías de penas mínimas por sus delitos y los obligan a reparar con sus bienes lícitos e ilícitos a las víctimas

A la presión de las autodefensas para que el gobierno deje expresas sus garantías jurídicas se sumó una versión de la última edición de la revista Cambio según la cual Estados Unidos tiene reservas con el decreto que el gobierno expedirá, pues lo considera muy laxo con los paramilitares. Por eso el ministro Pretelt tuvo que salir este lunes por todos los medios de comunicación a aclarar que ni ha recibido los supuestos reclamos de Washington ni es cierto que las autodefensas se levantarán de la mesa de diálogos.

“Ellos se comprometieron conmigo a continuar en el proceso -dijo el Ministro- pero debemos tener presente que el verdadero problema es saber qué va a pasar con estas personas. A ellos se les dijo que si se desmovilizaban voluntariamente, colaboraban con la justicia y reparaban a las víctimas, podrían acogerse a la pena alternativa. Ahora tienen miedo de que después de haber cumplido les toque quedarse toda la vida en la cárcel”.

Desde el comienzo del proceso los paramilitares le hicieron saber al gobierno que estaban interesados en salir de la guerra siempre y cuando se les concedieran generosas rebajas judiciales en sitios diferentes a las cárceles del Inpec. Así quedó establecido en la ley de justicia y paz aprobada por el Congreso, que estableció penas de cinco a ocho años para los desmovilizados y la posibilidad de acumular en ellas los periodos de concentración en la zona de ubicación de Santa Fe de Ralito (Córdoba).

Según las autodefensas, esas garantías dejaron de ser claras con el fallo que la Corte Constitucional emitió al revisar si la norma se ajustaba o no a la Carta Política. Al decir de Ernesto Báez, vocero político de las autodefensas, se trata de un cambio en las reglas de juego que amenaza el proceso de desmovilización y que puso a pensar a algunos de sus ex comandantes en la posibilidad de acogerse a la justicia ordinaria y no a la alternativa. Dicha afirmación es útil como mecanismo de presión de las AUC para hacer valer lo que consideran un derecho adquirido, pero esta lejos de hacerse realidad dado que la justicia ordinaria contempla hasta 40 años de cárcel por una masacre en vez de los cinco que ofrece la pena alternativa. Pretelt cree que la pena de cinco años (incluso para los comandantes que cometieron delitos de lesa humanidad) es suficiente a cambio de su compromiso de paz y que de ella se puede descontar el tiempo de concentración en Ralito porque “ese tiempo fue muy inseguro para ellos. Incluso mataron a algunos como Carlos Castaño”.

Su frase no sólo justificó los beneficios para los desmovilizados sino que equivale al reconocimiento oficial de la muerte de quien fuera el primer interlocutor de las AUC con el gobierno en el proceso de paz. La desaparición de Castaño, ocurrida en medio de una guerra entre paramilitares hace más de dos años, aún no ha sido aclarada por las autoridades.

Reparación

La discusión sobre las penas no es el único cuello de botella en el proceso. Desde la tramitación de la ley en el Congreso hubo una discusión jurídica sobre el tipo de bienes que los reinsertados deberían usar para reparar a las víctimas. Congresistas como Rafael Pardo y Gina Parody sostuvieron los paramilitares deberían responder por sus delitos con su dinero legal y con el ilegal. Pero finalmente se impuso la tesis del gobierno según la cual sólo responderían con sus bienes ilegales. Luego, la Corte modificó el artículo correspondiente y señaló que los paramilitares deben reparar también con sus bienes lícitos. La discusión de fondo es si los paramilitares sólo deben devolver las tierras que arrebataron a los campesinos (en los casos en que se les compruebe que fueron robadas) o si también deben compensarlos por el usufructo ilegal que hicieron de ellas.

Como el texto que aprobó el Congreso es más favorable para las autodefensas que el que salió de la Corte, los paramilitares quieren que se les aplique el principio de favorabilidad, según el cual siempre que haya duda sobre dos normas se debe tener en cuenta la que sea más benévola con el procesado. Algunos analistas como María Isabel Rueda creen que la favorabilidad sólo aplica cuando las dos normas están vigentes y que en este caso la ley expedida por el Congreso dejó de regir tan pronto salió el fallo de la Corte Constitucional. Para Pretelt, “si la ley existió por un minuto y la persona se acoge a ella, aplica el principio de favorabilidad”.