Uribe exige al Congreso decir la verdad sobre los nexos con el paramilitarismo

Más de una semana después de que la Corte Suprema de Justicia dictara orden de detención contra tres congresistas por vínculos con los paramilitares y tras el reiterado llamado de los líderes del liberalismo, el Polo Democrático y la bancada de gobierno para que asumiera una posición frente a la crisis, el presidente Álvaro Uribe respaldó las investigaciones que adelanta el alto tribunal.

Uribe retó al Congreso y a los paramilitares desmovilizados a que presenten las pruebas que tengan contra él o contra su gobierno por supuestos nexos con los paramilitares. “Cuando llamo a los congresistas a que le digan la verdad total al país y a los jueces, también les digo si tienen algo que decir en contra la pureza de la política de seguridad democrática tal como la ha practicado el presidente”, señaló.

A continuación agregó que “si hay sujetos que tienen que dar ejemplo… son quienes tienen responsabilidades en el ejercicio público, bien desde el Ejecutivo o desde el Congreso” y pidió que la ley que castigue a quienes violen la normatividad legal.

También lanzó pullas contra los ex presidentes César Gaviria y Ernesto Samper. Sobre el primero dijo que aún le debe una explicación al país sobre las razones por las cuales permitió la eliminación de la extradición. Y del segundo aseguró que sólo la revivió por presiones internacionales.

Esta semana el jefe liberal, César Gaviria, le había pedido a Uribe que saliera públicamente a explicarle al país su posición frente a la investigación contra los tres congresistas de su bancada, dos de los cuales ya se entregaron, mientras que Merlano, sigue prófugo. El DAS ofreció una recompensa de 50 millones de pesos a quien de información que permita su captura.

El vocero del Polo Democrático, senador Gustavo Petro (quien ha sido el congresista más activo en denunciar los vínculos entre paramilitarismo y política en Colombia) también le pidió a Uribe que expulse de su bancada a quienes que tienen nexos con las autodefensas, que le de una explicación al país por lo ocurrido y hasta lo responsabilizó por el crimen de un dirigente de su Partido ocurrido esta semana en Sucre. Según Petro, es muy coincidente que justo cuando la clase política de la región está en el ojo del huracán se reinicien los asesinatos y amenazas contra los voceros del Partido que se atrevió a denunciar sus masacres y vínculos con el narcotráfico.
 
Más investigaciones

El escándalo por los nexos entre paramilitares y políticos alcanzó este viernes dimensiones impensables cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Yesid Ramírez, informó que el alto tribunal pidió al Congreso certificar, de una lista de 80 congresistas, cuáles de ellos ya no hacen parte del legislativo, para definir si le compete a la Corte o a la Fiscalía incluirlos en la investigación.

Uno de esos congresistas, el representante Jorge Luis Caballero (señalado por el senador Gustavo Petro de tener vínculos con los paramilitares del Magdalena), se presentó voluntariamente a la Corte, en donde rindió versión libre por más de cinco horas.

Al mismo tiempo el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) aumentó a $75 millones la recompensa por el senador Jairo Merlano, quien está prófugo desde hace nueve días, cuando la Corte Suprema le dictó orden de detención. El escándalo por la para-política cobija por ahora a tres congresistas de Sucre, una ex congresista, dos ex gobernadores y varios ganaderos del departamento, así como a un ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que es la policía secreta del gobierno en Colombia.