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| 7/3/2005 12:00:00 AM

Uribe parroquial

Leonardo Carvajal hace un análisis minucioso y crítico de la política exterior de Álvaro Uribe en sus primeros 1.000 días

Ahora que por primera vez en casi seis décadas, desde cuando Alfonso López Pumarejo fuera reelegido para su segundo mandato presidencial (aunque, a diferencia de la coyuntura actual, mediando un período entre el primero y el posterior), el presidente Álvaro Uribe se dispone a buscar refrendar su mandato por cuatro años más (a menos que un fallo de la Corte Constitucional se interponga), bien vale la pena adelantar el ejercicio de calificar la política exterior de la actual administración durante los poco más de 1.000 días transcurridos de su gobierno:

- La Presidencia uribista ha bilateralizado y concentrado en Estados Unidos la agenda internacional de Colombia. Ha sido evidente el desdén con que este gobierno afronta escenarios multilaterales de clásica importancia para el país. Los desencuentros y roces con la ONU han sido frecuentes, debido a la insistencia del mismo jefe del Estado en fórmulas heterodoxas, como la consabida petición de "Cascos Azules a la colombiana", que de manera primero diplomática y luego en forma tajante fueron rechazadas por el mismo secretario general de ese organismo planetario. Luego de ejercer la presidencia del Grupo de los 77 en 1993 y la del Movimiento de Países No Alineados entre 1995 y 1998 (principales foros de concertación económica y política del mundo en desarrollo, respectivamente), el sur del mundo prácticamente ha desaparecido de la agenda exterior actual.

- La señalada estadounidización de la política exterior de la administración Uribe Vélez ha implicado no sólo un alejamiento del escenario natural e histórico que representa el subcontinente latinoamericano para el país, sino que el alineamiento irrestricto con el hegemón ha motivado importantes desencuentros con las naciones pares en el vecindario. Forman parte del inventario de roces con estos países la decisión casi solitaria de apoyar la invasión a Irak, en contra de la posición contraria o neutral adoptada por la gran mayoría de países medios y grandes de la región, entre ellos México y Chile, que en los preludios de la segunda guerra en el Golfo Pérsico ocupaban sillas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; la insistencia en negociar un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos, en contravía de los esfuerzos de Brasil y Argentina por liderar la conformación de una suerte de Safta, o mercado común suramericano, y la evidencia de que Álvaro Uribe representa la punta de lanza de los intereses estadounidenses en la zona y se ha erigido en el contrapeso ideológico que patrocina la nación norteamericana para hacerle oposición al denominado "eje del mal" latinoamericano, constituido por mandatarios desafectos a la Casa Blanca tales como Castro, Chávez, Lula, Vásquez y Kirchner.

Un ejemplo de este rol del presidente Uribe (similar al que desarrollara el presidente argentino Carlos Ménem durante los 90 en desarrollo de las llamadas "relaciones carnales" de Argentina con Estados Unidos que promovió su gobierno) tuvo lugar recientemente a propósito de la elección del secretario general de la OEA, ocasión en la que trascendió que la delegación colombiana ejerció la jefatura de debate del candidato estadounidense, el canciller de México Raúl Derbez, en contra del candidato finalmente elegido (el ministro chileno del interior José Miguel Insulza) con el respaldo de esa coalición suramericana mencionada.

- Tras el esfuerzo sostenido de todos los gobiernos desde la administración Gaviria Trujillo por pragmatizar y mercantilizar las relaciones colombo-venezolanas (para superar la etapa de conflicto y "golfización" que se produjo con ocasión del incidente de la corbeta Caldas durante la administración Barco Vargas), la política exterior de Uribe ha ideologizado las relaciones con Venezuela, y ello frecuentemente ha escalado los enfrentamientos verbales entre Bogotá y Caracas. Esta "diplomacia del micrófono" ha tenido lugar en desmedro de los importantes montos de intercambio comercial binacional que alcanzaron a sumar más de 2.000 millones de dólares anuales en su mejor momento.

- Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la ruptura del proceso de paz con las FARC en febrero de 2002 (ambos eventos catalizadores del triunfo de Uribe en las elecciones) determinaron que la agenda internacional del gobierno colombiano se haya securitizado y terrorizado. El primero de los adjetivos (la securitización) pretende señalar que la política de la seguridad democrática ha buscado apalancarse en la política exterior para legitimar sus componentes ante la comunidad internacional y para buscar recursos financieros que la respalden, fundamentalmente en Estados Unidos. Como parte de este último objetivo, Uribe Vélez promueve la aprobación por parte del Ejecutivo y el Legislativo estadounidenses de lo que el mandatario colombiano denomina Plan Colombia Fase II.

El segundo calificativo (la "terrorización") hace relación a la estrategia internacional adelantada por la Casa de Nariño con el fin, en primer lugar, de realizar la vinculación de las guerrillas colombianas con el terrorismo internacional, con el propósito de deslegitimarlas en el sistema internacional y quitarles así su carácter político y subversivo, y lograr su inclusión en las listas de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y, en segundo lugar, el nuevo calificativo de "terroristas" que el gobierno promueve para las guerrillas colombianas también pretende canalizar hacia Colombia los recursos económicos internacionales que se movilizaron con ocasión de la llamada alianza mundial anti-terrorista liderada por George W. Bush con posterioridad a los atentados dinamiteros contra el Pentágono y las Torres Gemelas.

- Ligado con esto, es claro que, transcurridos los tres primeros años de la Presidencia uribista, se ha profundizado la internacionalización del conflicto con la subversión y se ha pretendido la internacionalización de la paz con las autodefensas. En efecto, la administración Pastrana Arango adelantó una política exterior dual en la que combinó por un lado la búsqueda de apoyos en Europa y Latinoamérica para la negociación con las FARC en El Caguán, y por otro, la modernización de las fuerzas armadas a través del Plan Colombia financiado por Estados Unidos para aumentar la capacidad militar del Estado. El presidente Uribe ha dado continuidad a la diplomacia para la guerra de la estrategia internacional pastranista en lo que hace a las guerrillas izquierdistas del país y ha mantenido la diplomacia para la paz en lo referente a las negociaciones con los grupos paramilitares en el norte del país.

- El mismo jefe del Estado ha sido el promotor de una relativización sin precedentes de las nociones de soberanía y autonomía nacional, al desplegar toda su capacidad retórica para promulgar por el mundo que su gobierno no sólo no rechaza, sino que incluso promueve, la intervención militar extranjera en Colombia para solucionar los problemas nacionales. De tal forma, en los preludios de la invasión militar estadounidense a Irak en marzo de 2003, Uribe reclamó durante su ponencia en el foro económico mundial en Davos que las tropas de Estados Unidos que estaban de camino al Golfo Pérsico hicieran una escala en el país andino para combatir a las guerrillas y al narcotráfico. Derivado de esta circunstancia, a través de discursos y declaraciones del presidente actual, se ha difundido internacionalmente la idea de que Colombia es una amenaza para la seguridad mundial y la regional, lo que da al traste con dos décadas de esfuerzos diplomáticos para argumentar que si bien es cierto que los problemas del país representan peligros para la estabilidad del vecindario, también lo es que sendas problemáticas globales (el consumo de sicoactivos) y latinoamericanas (la laxitud de varios países frente al lavado de activos, el tráfico de armas y precursores químicos) representan amenazas para nuestro país. La diferencia es sin duda sutil, pero contundente: de la retórica uribista se deriva la idea de Colombia como país peligro en el que la intervención extranjera se legitima, mientras que el argumento matizado tradicional sustenta el concepto de la corresponsabilidad y promueve la cooperación como la mejor alternativa para enfrentar el narcotráfico y buscar soluciones para los efectos internacionales del conflicto doméstico.

- Derivado de la evidencia de que la administración presidencial vigente, primero, ha profundizado la estrategia de fumigación de los cultivos de coca; segundo, cree en la posibilidad de una solución armada a la conflagración interna, y tercero, ha militarizado el tratamiento del tema de los Derechos Humanos en Colombia, se tiene el efecto de que se han conflictualizado las relaciones con la Unión Europea, las ONG internacionales que atienden cuestiones humanitarias y con las oficinas delegadas en Colombia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los refugiados. Las visitas del presidente Uribe a Europa han estado signadas por la pugnacidad y la desconfianza hacia su gobierno, las declaraciones presidenciales en contra de las ONG de derechos humanos han sido incendiarias, y fueron frecuentes las manifestaciones de europarlamentarios y activistas humanitarios en contra de las políticas del mandatario colombiano.

- La desambientalización de la política exterior del Ejecutivo en ejercicio se evidencia en hechos tales como el levantamiento de la prohibición para asperjar cultivos menores de tres hectáreas; el aumento decretado en la concentración de glifosato con el que se fumigan las plantaciones de coca; la intención de extender esa política de erradicación a través de la aspersión aérea de cultivos ilegales a los parques naturales de un país como Colombia, que es potencia en diversidad y endemismo biológicos; el relanzamiento de la idea de completar el trazado de la carretera panamericana a través del reservorio ecológico del Darién, y la entrega en concesión de zonas de reserva natural a empresas privadas de turismo para su explotación comercial.

- En lo que representa una continuación de la práctica de clientelización del servicio exterior que no ha sido ajena a ningún gobierno anterior en Colombia, Álvaro Uribe ha nombrado profusamente en embajadas y consulados del país a parientes y amigos de parlamentarios que apoyan la agenda legislativa gubernamental, devolvió favores a financistas de su campaña electoral a través de cargos diplomáticos, y buscó neutralizar políticamente a sus dos principales oponentes de la contienda presidencial, al designar a Noemí Sanín y Horacio Serpa como embajadores en Madrid y la OEA, respectivamente.

Al fin y al cabo, todos estos adjetivos con los que se puede describir el componente internacional de la seguridad democrática, son muestra fehaciente de la impronta parroquialista que caracteriza la política exterior de la administración presidencial en curso. Así lo confirma María Jimena Duzán en su conocido libro sobre el gobierno actual, cuando afirma que "Uribe ha hecho de su política internacional un ejercicio primario y parroquial".

*Profesor e Investigador de la Universidad Externado, MSc de la Universidad de Oxford. Correo: lcarvajalh@supercabletv.net.co

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