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El 8.000 de los paras

Uribe reconoce que un hermano suyo fue investigado por paramilitarismo

Según el Jefe de Estado el caso terminó en auto inhibitorio y la oposición quiere revivirlo para salpicar a su gobierno en el escándalo de la ‘parapolítica’. Reitera respaldo a Canciller, pese a que directivas del Partido de la U insisten en que debe salir del gobierno.

4 de diciembre de 2006

La crisis por el escándalo de la ‘parapolítica’ tiene al gobierno con los nervios de punta. Ante la avalancha de información sobre los vínculos de congresistas uribistas con grupos de autodefensas y las críticas de la oposición pidiendo la renuncia de los funcionarios del gobierno salpicados, el presidente Álvaro Uribe decidió ponerle el pecho a la brisa para defender su plan de acción contra los grupos al margen de la ley.

En extenso diálogo con la W Radio Uribe reiteró este lunes que la oposición en el Congreso quiere sacar dividendos de la crisis y aprovechó nuevamente para insistir en que quien tenga pruebas que lo relacionen con el paramilitarismo debe presentarlas de inmediato ante la justicia. Su defensa personal fue extendida una vez más a la labor de la Canciller, María Consuelo Araujo, a quien el Partido Liberal, el Polo Democrático y hasta las directivas del Partido de la U (principal soporte del gobierno en el Congreso) le pidieron la renuncia.

Uribe considera que la encargada de la defensa de la política exterior colombiana no debe ser salpicada por el escándalo y que por lo tanto tiene que permanecer en el cargo. Quienes piden su salida creen que la vinculación de su hermano, el senador Álvaro Araujo, necesariamente la salpica en el escándalo y le resta credibilidad y autoridad moral para pedir respaldo internacional en el proceso con las autodefensas, estando su familia señalada de beneficiarse políticamente con el accionar militar de aquellas. Al grupo de dirigentes que piden la renuncia de Araujo se sumó este fin de semana la senadora Adriana Gutiérrez (muy cercana al presidente) quien en su columna del diario La Patria explicó que el Uribe puede salir afectado si insiste en mantener a su Canciller.

El Jefe de Estado no quiso responder a las críticas de Horacio Serpa (el candidato al que él derrotó en las elecciones presidenciales de 2002 y 2006) quien lo acusó de eludir sus responsabilidades frente a la crisis a través del “malabarismo verbal”. Según Serpa “el presidente es el sofista mayor. Pide a otros que digan la verdad, pero oculta la suya”.

A lo que sí hizo alusión fue a las versiones periodísticas divulgadas con anterioridad a su primera campaña presidencial según las cuales tanto él como su familia tuvieron vínculos con grupos de autodefensas, las cuales una vez más desestimó.

La mayor sorpresa de la entrevista ocurrió cuando Uribe accedió a referirse a una situación familiar que desde hace más de dos años reveló el senador Gustavo Petro y sobre la cual no se había pronunciado en público. El presidente reconoció que su hermano Santiago estuvo vinculado a una investigación por paramilitarismo que fue radicada ante la Fiscalía seccional de Medellín y que la misma terminó en auto inhibitorio. Según él, como consecuencia de este tipo de versiones su hermano perdió todo lo que tenía en una finca de 19 hectáreas ubicada en el municipio de la Unión, Antioquia.

De acuerdo con las relevaciones que en su momento hizo Petro en el Congreso, el hermano del Jefe de Estado habría tenido nexos con un grupo de autodefensas que operaba en Antioquia y que era llamado “los 12 apóstoles”, en cuya creación también estaría implicado. La revelación del congresista, hecha durante una rueda de prensa en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, señalaba además que la Fiscalía fraccionó las investigaciones para dificultar el hallazgo de resultados y que el caso iría a un tribunal internacional. Luis Camilo Osorio, entonces titular del ente investigador, descalificó la versión del congresista, que calificó de infundada.

'Paras' en Itagüí

Durante su diálogo con la W Uribe también defendió el traslado a la cárcel de Itagüí de 23 de los 59 jefes paramilitares recluidos hasta el viernes en la sede de Prosocial de La Ceja (Antioquia), situación que según él se debió a que el director de un medio de comunicación –no precisó cuál- le informó sobre un supuesto complot para la fuga de varios de ellos. A dicha información se sumó en las últimas horas el desconcierto causado por versiones que indicaban que los internos allí recluidos siguieron ordenando asesinatos de varios de sus lugartenientes desde La Ceja.

El mandatario reconoció que la sede social de la Ceja no contaba con las garantías de seguridad necesarias para la reclusión de los jefes paramilitares y volvió a poner el retrovisor al asegurar que, sin embargo, allí no ocurrieron excesos como los de La Catedral, la célebre cárcel de la que se fugó Pablo Escobar Gaviria.

Las excesivas comodidades con que contaban los paramilitares recluidos en la Ceja fueron denunciadas desde hace más de tres meses por varios sectores de opinión y hacen parte del informe de la Procuraduría revelado desde el viernes 1 de diciembre por el Noticiero CM&. Coincidencialmente, la sorpresiva decisión del traslado de los paramilitares ocurrió apenas horas antes de que ese informe fuera divulgado.