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Martes, 5 de septiembre

“Usted que es colombiano me responde a mí aparte”

SEMANA.COM revela en exclusiva el audio de la discusión entre la policía y varios cooperantes internacionales tras el intento de toma del antiguo matadero en Bogotá por parte de un grupo de desplazados

Sarita Palacio Garcés
5 de septiembre de 2006

Cada mañana el país se despierta con una nuevo hecho de orden público en el que los desplazados ocupan un papel principal. Sin embargo, en esta ocasión los protagonistas en la toma del antiguo matadero municipal en Bogotá no fueron las familias obligadas al éxodo por el conflicto armado. En esta ocasión, el foco de las cámaras estuvo dirigido hacia los observadores del IPO (International Peace Observatory), todos extranjeros y que terminaron en un lío muy mal manejado por la policía y las autoridades distritales.

Los observadores del IPO, que en antiguas ocasiones habían acompañado a poblaciones desplazadas en procesos de desalojo y reubicación, esta vez fueron acusados por parte de la policía de ser los instigadores de la toma y adjunto a esto fueron calificados de “terroristas”.

La reacción de la alcaldía mayor fue igual de desatinada. El subsecretario de seguridad de Bogotá, Andrés Restrepo, salió ante los medios a dar versiones sin confirmar ni siquiera el número y la nacionalidad de los extranjeros. Apenas se limitó también veladamente a tender un manto de duda sobre ellos y sobre las consecuencias que tenían que pagar.

Para los cooperantes, el caso tiene otra lectura: “Lo que es evidente este año, para nosotros, es que en vista de lo que pasó en Bosa, lo que está pasando con nosotros es una estrategia para distraer la atención nacional sobre la situación de los desplazados, acá lo que hizo la policía fue un montaje, diciendo que nosotros habíamos llegado antes al lugar, que nosotros éramos los organizadores, que nos habíamos identificado como integrantes de la ONU”.

El problema surgió porque los miembros de la Fuerza Pública chocaron con los cooperantes. Les quitaron las grabaciones de registro y se las borraron. Todo en medio de una agria discusión que quedó registrada en audio y de la cual Semana.com revela algunos fragmentos. En ésta no sólo hay exceso verbal contra los extranjeros sino amenazas contra un ciudadano colombiano que los acompañaba: “Usted que es colombiano me responde a mí aparte”, le dijo uno de los policías (escuchar audio).

Hace un año, estos cooperantes habían acompañado una toma pacífica que llevaron a cabo otras víctimas del desplazamiento forzado en la Urbanización Riveras de Occidente (Bogotá) En aquella ocasión IPO produjo documentos e información presentada en los medios alternativos de comunicación, razón por la cual ahora fueron convocados para realizar la misma labor, con la diferencia que en esta ocasión, su labor fue impedida por la Policía Nacional.

Según dijo a Semana.com uno de los observadores de IPO “Cuando llegamos al lugar empezamos a grabar la situación, pero sólo alcanzamos a grabar tres minutos o menos cuando agentes de la policía nos hicieron devolver la cinta y grabar sobre ella... Cuando estaba grabando se me acercó un policía vestido de civil y me dijo: si no quiere que le desaparezca esa cámara y no la vuelva a encontrar entonces apague eso”.

En esta ocasión se hicieron presentes como observadores Alex Juanmarti, de España; la italiana Marianna Garffí, los estadounidenses Carmen Rivera y David Feller y el colombiano Carlos Gustavo. A los extranjeros Feller y Garffí se les impuso la multa de un salario mínimo por su presencia durante la toma.

Para el abogado defensor, Luis Alfonso Ruiz, “La sanción de la multa es sólo una prueba de que no estaban infringiendo la ley con su presencia. Se buscaron entonces un sanción muy sutil, pues si hubieran estado infringiendo las normas o hubieran participado como hostigadores esto hubiera sido motivo para la deportación”.
Para el departamento de extranjería del DAS, las actividades que los cooperantes estaban realizando eran ajenas a las que su visa permitía. En el caso de David Feller, su visa es como traductor y en la de Marianna como visitante, ambos voluntarios de IPO en Colombia, les impedía realizar cualquier labor de comunicación y observación.
Según informó a Semana.com el abogado Luis Alfonso Ruiz “el paso a seguir es reivindicar todo lo que se ha dicho hasta el momento, y queremos demostrar que la situación que estamos viviendo tan sólo es una cortina de humo para disimular la actual situación que se vive con los desplazados”.

Desde que a los cooperantes internacionales se les notificó de la supuesta ilegalidad de su presencia en el lugar, se les anunció que estaban como “conducidos” más no como detenidos. Esta actividad, según versiones de los integrantes de IPO, siempre estuvo coordinada por un policía vestido de civil que se identificó como agente investigativo de la policía.

La versión de los hechos de la Policía Metropolitana de Bogotá es diferente. Según Miguel Alfonso Hernández Pérez, asesor jurídico de la institución, “ellos fueron conducidos a la SIJIN porque se encontraban dentro de la manifestación, y el hecho de que portaran un chaleco con el nombre de una ONG, no los acreditaba como observadores del proceso. Para tal efecto, es necesario tener un documento que acredite al individuo como tal”.

Hernández agregó que a los extranjeros siempre se les trató con respeto y se les dieron todas las garantías de seguridad: “lo que hicimos fue conducirlos hacia la autoridad competente, que es la oficina de migraciones de la SIJIN, comprobar sus identidades y luego dejarlos ir. Todo está debidamente descrito en la minuta”, sostuvo el funcionario.

IPO se ha convertido entonces en otro damnificado más del problema del desplazamiento en Colombia. Sin embargo, sus colaboradores, siguen apasionados con la idea de seguir trabajando en la denuncia de las irregularidades con la población más vulnerable.