Vinculan a proceso por ‘parapolítica’ al senador Mario Uribe, primo del presidente

Cuando muchos se preguntaban el por qué del silencio que desde hace varias semanas había en la Corte Suprema de Justicia respecto al proceso por la ‘parapolítica’, el alto tribunal volvió a sorprender al país con importantes decisiones sobre el tema: Este miércoles vinculó mediante investigación preliminar al senador Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe y una de las fichas más importantes del gobierno en el Congreso.

Uribe había sido señalado en varias ocasiones por la oposición como un congresista cercano a las autodefensas, versión que él niega tajantemente. Su vinculación al proceso se debe a que el ex paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias Pitirry, lo acusa de haber asistido a reuniones con varios paramilitares de Caucasia, Antioquia. Según el testigo, Uribe también habría negociado con los paras algunas codiciadas tierras en el bajo Cauca antioqueño.

Pitirry, testigo estrella de la Fiscalía en el proceso, le dio a la justicia los testimonios que hoy tienen tras las rejas a tres congresistas por vínculos con las autodefensas en las masacres más escabrosas de Sucre y Bolívar, entre 1999 y 2003.

Pero al senador Uribe no solo lo tiene en problemas la declaración de Pitirry.  También fue mencionado como aliado de los paras en la declaración de Salvatore Mancuso ante el  Fiscal octavo de justicia y paz. Según Mancuso, Uribe buscó un acuerdo con las autodefensas para conseguir votos en Córdoba durante las pasadas elecciones de Congreso.  Aunque el senador negó inmediatamente tal señalamiento, Mancuso se ratificó en lo dicho y aseguró que la ex congresista Eleonora Pineda -quien nunca ha negado su cercanía a las autodefensas- tomó parte en dichas reuniones y puede corroborarlo ante la justicia.
   
Esos congresistas son Jairo Merlano, Erick Morris y Álvaro García, todos sucreños. El primero de ellos renunció a la condición de congresista para buscar mejor suerte al ser investigado por la Fiscalía. Los otros dos fueron llamados a juicio este martes 10 de julio por la Corte Suprema de Justicia. Ambos están acusados de concierto para delinquir en asocio con grupos paramilitares. García tiene, además, dos imputaciones. Una por homicidio agravado, relacionada con la masacre de Macayepo, en la que 15 campesinos fueron asesinados por las autodefensas; y otra por homicidio simple, por el crimen de la testigo electoral Georgina Narváez, en 1997.

Al anunciar la vinculación del primo del presidente, la sala penal informó que también abrió investigación preliminar a los congresistas Zulema Jattin y Julio Manzur.

Jattin, actualmente perteneciente al partido de la U, ejerce su primer periodo como senadora después de ocho años en la Cámara de representantes. Llegó al Congreso para heredar el caudal electoral de su padre, Francisco José Jattin, quien estuvo vinculado en el proceso 8.000. Es del departamento de Córdoba, el mismo en donde las autodefensas consolidaron su poder militar haciendo alianzas con los políticos de la zona y donde, según las investigaciones allegadas a la Corte, las AUC ordenaron una distribución de votos para favorecer a sus candidatos en las elecciones de Congreso de 2002. . Aunque ha sido mencionada varias veces por algunos de los más de cien testigos a los que ha llamado la Corte, sostiene que nunca tuvo vínculos con los ‘paras’.

Manzur fue hasta hace un mes presidente del Partido Conservador (también de la bancada del gobierno de Uribe) y es uno de los caciques más fuertes de la Costa Atlántica. Uribe, Jattin y Manzur serán oídos en versión libre por concierto para delinquir, luego de lo cual se definirá si son vinculados formalmente a la investigación o no.  Tanto Manzur como Jattin también fueron salpicados por la versión de Mancuso ante la Fiscalía.

Por el escándalo de la ‘parapolítica’ ya hay 13 congresistas, dos exgobernadores y media docena de excongresistas presos. También están prófugos de la justicia el representante Jorge Luis Caballero, el exgobernador Salvador Arana y el ex ministro Álvaro Araujo Castro, jefe de uno de los clanes políticos más poderosos de país y padre del senador del mismo nombre también preso por la parapolítica. María Consuelo Araujo, hija del ex ministro que huye de la justicia, tuvo que renunciar a la cancillería de la República también por el escándalo, convirtiéndose en una de las funcionarias públicas más cercanas a Uribe en perder el cargo por la crisis.