Violencia no "para"

Aunque reconoce una tendencia a la baja en la mayoría de indicadores de violencia, el informe sobre la situación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el 2005 en Colombia revelado hoy por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está lejos de ser positivo. Los que peor librados salen son los militares del departamento de Antioquia.

La oficina en Colombia observó un incremento en las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, y particularmente del Ejército. Esto se manifestó especialmente en el departamento de Antioquia, así como en Chocó, Norte de Santander, y en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta", dice el informe. Señala que las autoridades han presentado muchas de esos asesinatos como muertes de guerrilleros en combate, con alteraciones de la escena del crimen. "Se registraron casos en que los propios mandos habrían apoyado la acción de vestir a las víctimas con atuendos de guerrilleros para ocultar los hechos y simular una acción en combate", agrega.

En Medellín -según el informe- se registraron el año pasado seis casos de ejecuciones extrajudiciales donde las víctimas eran drogadictas o indigentes y que habrían muerto a manos de miembros de la Fuerza Pública en una acción de "limpieza social". Un caso similar, y degradante, ocurrió en Valledupar, cuando la última vez que la mamá vio a su hijo con problemas mentales fue corriendo detrás del carro de la basura como lo hacía siempre. La siguiente vez fue vestido de guerrrilero, muerto, y ´promocionado como una baja del Ejército.

"Se denunciaron casos de actuación coordinada en los que las víctimas habrían sido entregadas por paramilitares, ejecutadas posteriormente por militares, y luego presentadas como integrantes de grupos armados muertos en combate, particularmente en el área metropolitana de Medellín (Antioquia)", dice en otro acápite, el informe, que contrasta dramáticamente en sus conclusiones con el optimismo del recientemente divulgado por la Asociación de Instituciones Financieras.

Como si lo anterior fuera poco, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Colombia registró denuncias y tratos crueles y degradantes que involucran a miembros de la Policía, del Ejército y a personal de los centros de detención en Nariño, Norte de Santander, Valle y también en Antioquia. En este último departamento también se registraron casos de allanamientos ilegales o arbitrarios atribuidos al Ejército.
"Otras denuncias se refieren a la utilización de la tortura en interrogatorios de personas capturadas o detenidas. Se registraron denuncias de uso excesivo de la fuerza, particularmente por parte de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía", concluye.

A más de un año de su creación por la Fiscalía General, la sub-unidad especial para la investigación de vínculos entre servidores públicos y grupos armados ilegales no ha definido su naturaleza, funciones y criterios de competencia. Tampoco ha obtenido los recursos necesarios para su actuación. En consecuencia, la sub-unidad no ha asumido caso alguno. Por otra parte, la Fiscalía no ha modificado la estructura de los fiscales destacados ante la fuerza pública y otros organismos de seguridad, con el fin de garantizar mayor independencia y evitar su ubicación dentro de las instalaciones de esas instituciones.

Violencia política

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que paramilitares y guerrilleros continúan intimidando a electores y candidatos en Valle del Cauca, Caquetá y la Costa Atlántica. Según el director de la oficina, Michael Frühling, las presiones de los paramilitares no han cedido y por esta época son especialmente notorias contra electores y candidatos al Congreso en varias zonas del país. Dicho análisis contradice las versiones de jefes paras como alias Ernesto Baez y Salvatore Mancuso, quienes niegan que esa organización armada tenga injerencia en los comicios electorales.

Según ellos, a las autodefensas sólo les interesa continuar con el proceso de desmovilización en curso. Pero otra cosa demuestran las denuncias de quienes hacen o intentan hacer proselitismo en las zonas de influencia paramilitar, en las cuales hubo concentración de votos a favor de unos pocos candidatos, algunos de ellos desconocidos en política, durante las elecciones de Congreso de 2002. (Ver análisis de Claudia López).

Hace apenas dos semanas el liberalismo denunció que los jefes paras alias "Tolemaida" y Jorge 40 habrían dado la orden de no votar por los candidatos de ese partido en el sur de la Guajira. Y el presidente del Polo Democrático, senador Samuel Moreno, enfatizó que todo el mundo sabe de las amenazas, pero muy poca gente se atreve a denunciarlas: "La declaración de la ONU demuestra que no estamos quejándonos y que nuestros candidatos tienen problemas en muchas regiones. Pero vamos a seguir hasta donde nos sea posible", dijo Moreno. "Ya todos sabíamos cómo iba a ser la campaña, lo importante es cuidarse mucho y no dejarse intimidar", agregó Gustavo Petro, candidato al Senado por el mismo partido.

Para la ONU es claro que ha habido una mutación en cuanto al tipo de presiones y que estas ya no se dan tanto contra los políticos de renombre (los cuales cuentan con protección del Estado) sino contra sus cuadros de campaña en las regiones. Además de ser más vulnerables por carecer de protección y ser menos conocidos en los medios de comunicación, dichos líderes son los encargados directos de los núcleos de votación en las regiones, por lo cual se convierten en focos de la presión de los actores armados ilegales.

Estos ataques, denunciados también hace tres semanas por el Polo Democrático y el Partido Liberal, ocurren con mayor frecuencia en la Costa Atlántica y Valle del Cauca, departamento en donde tres candidatos han sido asesinados este año. Según Frühling, los asesinatos en el Valle "tienen que ver con influencias indebidas de grupos paramilitares, algunos con nexos con drogas. Tienen que ver entonces con algo que se está dando ahora con la coyuntura...con el proceso electoral".

Germán Vargas Lleras, cabeza de lista de Cambio Radical, y quien sobrevivió a dos atentados en los últimos tres años, considera que es incorrecto pensar en que las amenazas proceden exclusivamente de los paramilitares. Para él, hacer campaña es una actividad tan riesgosa que en materia de seguridad lo mejor sospechar de cualquier movimiento inusual, venga de donde venga.

Si bien la mayoría de quejas sobre presiones electorales involucran a las autodefensas, la ONU también cree que las Farc incurren en esta práctica, especialmente en Caquetá, departamento en el que tienen uno de sus bastiones históricos y que hizo parte de la zona desmilitarizada durante el gobierno de Andrés Pastrana para los frustrados diálogos de paz con esa guerrilla.

A un mes de la jornada electoral que decidirá la integración del Congreso que tendrá el país durante los próximos cuatro años, la denuncia de la ONU pone nuevamente de relieve la existencia de un problema que por el bien de la democracia debería ser investigado para evitar cuestionamientos a posteriori como los que se ciernen sobre varios miembros del actual Congreso.