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Tras la desmovilización de más de 30 hombres de las AUC, Semana.com quiere que usted cuente su experiencia con ellos en su región.

Justicia y Paz

¿Y los otros 29 mil?

De los 30 mil desmovilizados de las AUC sólo 604 reconocieron haber cometido crímenes de lesa humanidad y pidieron acogerse a la ley de Justicia y Paz. Los demás quedaron amnistiados. Por ahora.

Andrea Peña
19 de abril de 2006

Según el Alto Comisionado para la Paz, 604 paramilitares -entre ellos todos los jefes de las AUC - solicitaron acogerse a la ley de Justicia y Paz. Los 29.546 restantes ya están amnistiados.

La ley 782 de 2002, expedida para facilitar el diálogo entre el Gobierno y los grupos armados ilegales, permitió al Estado amnistiar los delitos comunes cometidos por los guerrilleros y paramilitares que se acojan a un proceso de paz. No así los crímenes atroces como tortura, asesinato, desplazamiento forzado y desaparición forzada. Estos no pueden ser perdonados de acuerdo a los tratados internacionales firmados por Colombia, precisamente porque dada su gravedad ofenden a la humanidad entera.

De acuerdo con un informe realizado por la ONG Cinep con cifras de la Fiscalía, se calcula que las autodefensas cometieron entre 1987 y 2005 14 mil delitos de lesa humanidad. Por cada uno de esos hechos hay por lo menos una víctima. Es difícil que estos 604 paramilitares hayan cometido toda esa cantidad de crímenes, ellos solos.

La oficina del Alto Comisionado para la Paz explica este hecho de la siguiente manera: no todos los 30 mil desmovilizados tienen claro qué es un delito de lesa humanidad. Por eso es muy posible que en los próximos días –cuando finalmente lo comprendan- haya más solicitudes para acogerse a Justicia y Paz. El Gobierno reconoce que ha faltado pedagogía para que los paras desmovilizados reconozcan la ejecución de delitos graves.

En cierta forma, a los paramilitares les conviene ser juzgados por la Ley de Justicia y Paz. Si la Fiscalía llega a comprobar que varios de los 29.546 paramilitares que no hicieron la solicitud torturaron o secuestraron, serán procesados por la justicia ordinaria y no pagarán los 8 años de pena máxima, como ordena la norma especial que se hizo para el proceso de paz, sino que estarán en la cárcel hasta 20 años. Seguramente ellos confían en la impunidad del sistema judicial, pero es una apuesta arriesgada, máxime cuando se espera que las víctimas aprovechen esta oportunidad para denunciar a sus agresores.

El problema es que esta situación no es clara tampoco para la Comisión Nacional de Reparación, encargada de garantizar que las víctimas sean reparadas: “En este momento no tenemos un punto de vista concreto ni la información suficiente sobre lo que sucede con la judicialización de estas personas. Hasta la próxima semana comenzaremos a reunirnos con la Fiscalía y otros organismos para dilucidar lo que sucederá a partir de ahora”, sostuvo Ana Teresa Bernal, miembro de la Comisión.

Otros interrogantes

Por otro lado, el comisionado Luis Carlos Restrepo aseguró que en la actualidad hay 1.175 paramilitares en la cárcel. Cuando SEMANA le preguntó a su Oficina si alguno de los 604 paramilitares que aparecen en la lista de Justicia y Paz estaba en la cárcel no pudo dar una respuesta. “No sabemos”, dijo su jefe de prensa. Sin embargo, es probable que sea un número importante, dada la acogida que ha tenido esta Ley en las cárceles, donde los presos ven en ella la forma más rápida de quedar libres. Pero sí es así sería muy grave, pues la ley terminaría profundizando la impunidad.

La fase judicial de los paras desmovilizados que arranca seguirá teniendo muchas zonas grises. Pero lo prioritario ahora es que llegue la famosa lista de los 604 paras que según el Comisionado envió el martes por la mañana. El miércoles a las 8 de la noche, la Fiscalía dice que todavía no la ha recibido. Pero cuando la reciba, no podrá hacer nada con ella porque los tribunales especiales para juzgar a esos paramilitares no están listos. Ni hablar de los sitios de reclusión. Y mucho menos, de las iniciativas para reparar a las víctimas.