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| 5/29/2007 12:00:00 AM

“Yo añoraba todos los días: ¡Que Samper se vaya!, ¡Que Samper se vaya!”

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, confesó que quería que el presidente liberal abandonara el cargo pero ‘por las vías legales’. En el debate de moción de censura, el ministro puso de nuevo en la discusión el escándalo del proceso 8.000. ¿Su estrategia? Quitarle piso a las acusaciones en su contra mostrándolas como una persecución del samperismo.

“Yo añoraba todos los días: ¡Que Samper se vaya!, ¡Que Samper se vaya!” El ministro de defensa, Juan Manuel Santos, arremetió contra los congresistas liberales que le exigieron asumir responsabilidades políticas por el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales reveladas por Semana.
El debate de moción de censura contra el ministro de Defensa Juan Manuel Santos revivió diferencias surgidas hace más de diez años con motivo del proceso 8000. Pese a que el Polo Democrático, y en concreto el senador Gustavo Petro, suele ser el contradictor más fuerte en los debates a Santos, el protagonismo se lo llevó en esta ocasión la bancada liberal oficialista, que se tranzó en una discusión con el ministro por los recientes escándalos de las interceptaciones telefónicas en el país. Para el funcionario, se trata de una persecución del samperismo contra la política de seguridad democrática.

Las bancadas del Polo Democrático y el Partido Liberal tardaron más de cinco horas en exponer sus reparos al gobierno y lanzaron fuertes dardos contra Santos por interceptaciones ilegales contra la oposición, los periodistas y líderes de opinión puestas al descubierto por Semana.

Los primeros ataques corrieron por cuenta del senador Parmenio Cuellar, del Polo Democrático, cuyo objetivo fue demostrar que la Corte Constitucional tumbó el acto legislativo que viabilizaba jurídicamente las “chuzadas” telefónicas y que por lo tanto quienes las hicieron incurrieron en una violación a la Constitución.. También atacó al gobierno porque no es la primera vez que se ve envuelto en escándalos de este tipo y citó como antecedente el caso del coronel Mauricio Santoyo, quien fue nombrado por el presidente Álvaro Uribe como jefe de seguridad de la Presidencia de la República durante su primer gobierno.

Santoyo fue condenado disciplinariamente por la Procuraduría por interceptaciones telefónicas a líderes de derechos humanos de Antioquia que luego fueron asesinados. Las interceptaciones comenzaron durante el último año mandato de Uribe como gobernador de Antioquia (1997) y se extendieron hasta 1999. Por los mismos hechos la Fiscalía precluyó un proceso contra Santoyo y condenó a varios agentes de la Policía vinculados, quienes luego fueron muertos o desaparecidos.

El ataque liberal

Luis Fernando Velasco y Juan Fernando Cristo, voceros del liberalismo en el Senado, también atacaron a Santos por las interceptaciones y le solicitaron que revelara el listado de personas a las que se les hacen seguimientos de inteligencia por vía telefónica, así como los nombres de quienes las ordenaron y elaboraron. “Tengo derecho a que me digan si me estaban grabando o no... El Partido Liberal quiere saber qué hizo el gobierno durante los últimos dos años con esas grabaciones telefónicas. Que le digan al país si las usaron en la campaña (presidencial de 2006)”, señaló Cristo.

Velasco interrogó si es cierto que hubo presencia de agencias de seguridad de Estados Unidos en las interceptaciones y cuestionó que el Ejecutivo solo actuara después de que el tema fue denunciado por Semana.

Pero el momento de mayor tensión durante el debate fue cuando Cristo reveló una conferencia de prensa concedida por Santos en 1997 en la que reconocía que se reuniría con los jefes de la guerrilla y las autodefensas sin autorización del entonces presidente, Ernesto Samper. “Si eso significa irse a la cárcel por desobedecer al gobierno, pues con mucho gusto me voy a la cárcel”, dijo Santos en esa época. Cristo también allegó copia de una entrevista del hoy ministro de Defensa al diario argentino Clarín, concedida el mismo año. En ella Santos señalaba que “(Samper) es un obstáculo y cualquier persona que sea un obstáculo debe hacerse a un lado... si el presidente renuncia, mañana mismo comienza un proceso de paz”. Se refería a su controvertida propuesta para hacer un acuerdo nacional con los grupos armados que derivara en una constituyente y que al parecer buscaba sacar del poder a Samper.

Cristo se preguntó si la actitud de Santos coincidía con un gesto de paz “o será más bien una traición a la Patria o un concierto para delinquir”. Y agregó: “Me pregunto qué pensaría el gobierno hoy. Qué pensaría usted, ministro Santos, si el senador Gustavo Petro y yo nos fuéramos en este momento a donde los señores Manuel Marulanda y Salvatore Mancuso y Francisco Galán a tratar de convencerlos de que acepten un proceso de paz pero lo condicionen a la salida del presidente Uribe”.

Cristo recordó que por un rumor semejante el propio Santos puso en entredicho al ex senador Rafael Pardo, a quien hace un año acusó de buscar un acuerdo político con las Farc. “Eso que usted hizo contra Samper es exactamente igual de grave a lo que le imputa al doctor Pardo. La única diferencia es que Pardo no lo hizo, y usted sí”, continuó Cristo.

José Noé Ríos, ex asesor de Paz de Samper invitado a la sesión por el liberalismo, ratificó lo dicho por Cristo y leyó de su bitácora los puntos que según Francisco Galán (vocero del ELN) constituían la propuesta de paz que Santos planteó a ese grupo armado en 1997 a espaldas del gobierno Samper.

La gravedad de estos hechos, explicó Cristo, radica en que por un caso similar (el pacto de Ralito con las autodefensas) hay un grupo de congresistas presos. “El ministro, como ellos, habló con ilegales de un acuerdo para refundar la Patria, solo que lo hizo sin presiones de los violentos, por iniciativa propia”.

La defensa de Santos

El ministro de Defensa comenzó por aceptar que quería la salida del presidente Samper porque consideraba que su gobierno era inconveniente para el país, pero que jamás acudió a las vías ilegales para lograrlo. Reiteró que sus contactos con los grupos armados buscaban la paz del país y aceptó que no fueron autorizados por Samper, a cuyos amigos acusó de destacar errores y no ver las bondades de la seguridad democrática.

Se refirió en extenso a las columnas de prensa que lo acusan de haber solicitado al ex fiscal Alfonso Gómez Méndez la liberación del esmeraldero Víctor Carranza, cuando fue capturado en Bogotá. Sobre el particular aseguró haber hablado con Gómez Méndez pero para consultarle si el operativo era en realidad de la Fiscalía, dado que Carranza temía que se tratara de un montaje de sus enemigos para secuestrarlo o asesinarlo. “Un asesor de Carranza me llamó a pedirme que le preguntara al Fiscal si de verdad existía el operativo”.

Santos se defendió del ataque intentando salpicar una vez más al ex presidente liberal. “El asesor de Carranza me dijo que le parecía muy extraño el operativo porque el doctor José Noé Ríos, asesor de paz del presidente Samper, lo había visitado” y le había dicho que no se preocupara por un problema jurídico que tenía por una propiedad en Barranquilla.

En medio de sus reiteradas pullas contra los liberales samperistas, Santos dijo que “el primero en aceptar que se violó la ley (con las interceptaciones) fue el gobierno” y que por eso adoptó los correctivos del caso. También reveló que el ejecutivo ya sabe quién filtró las conversaciones a la prensa pero se abstuvo de dar nombres sobre implicados o personas interceptadas para no afectar las investigaciones.

Finalmente, dio algunas pistas sobre otras personas que tienen información en torno a los hechos ocurridos en 1997. Según él, Germán Arias, actual personero de Bogotá y en esa época director de la Superintendencia de Vigilancia, puede dar información sobre un mensaje que Samper le envió al desaparecido ex jefe paramilitar Carlos Castaño.

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