OPINIÓN

El camino al cielo

De buenas intenciones están empedrados los caminos al infierno y así lo ratifica la decadente revolución bolivariana. Hace 25 años el “Caracazo” marcó un punto de inflexión.

Rafael Guarín, Rafael Guarín
1 de marzo de 2014

Es el inicio de una aventura que acabó en Venezuela con la democracia liberal y que dio paso a una especie de autoritarismo plebiscitario que hoy no es otra cosa que fascismo puro bajo la etiqueta de Socialismo del Siglo XXI.

La corrupción de la tradicional clase dirigente de ese país, el desprestigio de los partidos políticos, la implementación equivocada de las políticas del Consenso de Washington, el derroche de la riqueza del petróleo, la incapacidad de los gobiernos para resolver los problemas colectivos y la crisis del sistema político arrojaron el país a los brazos del populismo de extrema izquierda.

Al igual que en toda “revolución”, sus impulsores prometieron el cielo en la tierra y únicamente consiguieron hundir a Venezuela en el averno, implantar un discurso de odio y resentimiento, dividir a la sociedad, pisotear el estado de derecho e instaurar un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos en nombre de la lucha contra el imperialismo.

Un modelo basado en la restricción de la libertad e inspirado en la comprensión de la política como una lucha permanente de clases, en la que la “revolución” sólo puede ser victoriosa cuando aniquile a sus contradictores internos y foráneos. El nacionalismo desplaza la necesaria identidad para pretender ser, sobre la base de supuestas amenazas externas, la principal razón para el mantenimiento del oprobioso régimen.

Aunque llegó a través de las reglas del régimen democrático, lo hizo para destruirlo. Los camaradas bolivarianos saben muy bien que la democracia no son elecciones, pero que estas sirven para asaltarla. Una vez llegan al poder la visión totalitaria que imponen hace que el primer propósito, al costo que sea y sin reparar en los medios, sea el de perpetuarse en el poder.

En ese contexto, la diferencia se califica de enemiga a muerte, el pluralismo se queda en el discurso, y la oposición democrática es terrorismo. El fascismo bolivariano en el que convergen el chavismo y las FARC no admite cuestionamiento. Las imágenes de Jaua, la belleza de canciller venezolano, al intimidar físicamente a un periodista que osa interrogarlo, simbolizan el régimen.

Los desórdenes, las manifestaciones y el rechazo de las últimas semanas no son una creación de extraterrestres imperialistas, ni de las multinacionales o de la mano invisible. ¡Para nada! Son el natural y legítimo reclamo ante la drástica caída de la capacidad adquisitiva de los venezolanos, azotados por la inflación más alta del planeta: 56,1 % en el 2013.

Tienen sobrada razón para salir a la calle porque sin que exista una situación histórica con las características de la colombiana, la “revolución” multiplicó por 5 los homicidios. En 1998 eran cerca de 5.000 y el año pasado alcanzaron los 25.000.

Las plazas se llenan porque, además de que a la hora de ir a las tiendas los ciudadanos se encuentran que un bolívar vale menos de la mitad que hace un año, también enfrentan una escasez de productos de 28 %. ¡No es por conspiración de nadie ni de nada distinto a la ineptitud y la extrema ideologización del chavismo!

El tema afecta a Colombia no sólo por ser un vecino con el que se comparten 2.219 km de frontera terrestre, por ser un mercado importante y el lugar donde viven miles de compatriotas, sino porque el modelo bolivariano es el que quieren imponer las FARC y sectores de extrema izquierda en cabeza del Partido Comunista, la Unión Patriótica, Marcha Patriótica y algunas facciones camufladas en el Partido Liberal y la Alianza Verde.

Todo su esfuerzo se orienta a crear las condiciones propicias para que a través de las instituciones que surjan de lo que llaman “solución política negociada” se pueda imponer el socialismo del siglo XXI, utilizando de bandera “la paz” y de plataforma el proceso de La Habana. Los informes y documentos que han hecho públicos Gobierno y FARC revelan una estrategia atada al territorio y a la búsqueda del poder. No es el abandono de su proyecto, tampoco del Plan Estratégico, que lleva más de 30 años. Si suscriben un “Acuerdo” con el Gobierno es porque su contenido les permite concluir que este es un paso más y fundamental en la realización de la “revolución”, no el abandono de la misma.

Ingenuos pueden creer que para la cúpula terrorista el proceso es simplemente la búsqueda de una salida digna y decorosa de la violencia o el salto a la “lucha democrática”. ¡Pamplinas! Su doctrina enseña que los procesos de paz se plantean en el contexto de la combinación de las formas de lucha. No graciosamente Alfonso Cano en el 2010 señaló que un nuevo proceso de paz se asumía dentro de la tradicional concepción estratégica de las FARC. ¿O es que son bobos?

Para muchos esto es fantasía. Las FARC nunca podrán llegar al poder en Colombia. ¡Equivocados! ¿En noviembre de 1985 alguien daba un peso por el futuro de M-19? Acababan de asesinar a más de un centenar de personas en la toma del Palacio de Justicia. No había quien se imaginara que cinco años después elegirían gran parte de la Asamblea Nacional Constituyente y conseguirían su control a través de una coalición. Las FARC tienen mil veces más condiciones a favor que hace un cuarto de siglo el M-19.

Timochenko, Márquez y Catatumbo proponen el fascismo chavista. Quieren cabalgar sobre el lomo del populismo y prometer el cielo en la tierra. Hoy no parece posible. Mañana la sociedad pagará un costo muy alto si acepta que criminales de lesa humanidad entren a la política apalancados por la violencia y el narcotráfico a imponerse. Por eso el reto debe ser que no puedan gobernar a Colombia.

Nota al margen: El atentado contra Aida Avella y Carlos Lozano resultó carreta comunista. El propio ELN los desmintió. Hay quienes intentan crear una narrativa que busca relegitimar la continuidad de la violencia guerrillera en caso de que no se llegue a un Acuerdo en La Habana o este sea rechazado en un referendo o una Asamblea Constituyente.