Desde cuando el Cura Pérez y el ELN (y luego las FARC) descubrieron que la extorsión y el secuestro a las multinacionales en Arauca era una fuente inagotable de recursos, el conflicto rural  colombiano ha estado inmerso en petróleo.  Literalmente. El daño ambiental de las voladuras de los oleoductos es incuantificable.

Y cada día aumenta, ya que las FRC, en su infinita sabiduría y conscientes de su debilidad militar, han considerado que la mejor manera de mantenerse vigentes es explotando –de nuevo literalmente– las instalaciones encargadas de convertir el crudo en oro negro. Con cada bombazo, hay menos plata para la educación, para la salud, para las vías, para financiar los acuerdos de La Habana.

Sin duda, si las FARC y el ELN dejan las armas, la primera favorecida sería la industria petrolera. Ya no tendrían que gastar tanto en seguridad y sus preocupaciones serían más parecidas a las que enfrentan en otras partes del mundo: extraer la mayor cantidad de hidrocarburos de la manera más eficiente, ambiental y socialmente responsable.

Lo paradójico es que hoy en día, independientemente del conflicto, cada vez es más difícil explorar y producir petróleo y gas en Colombia. Es como si el país entero –los funcionarios gubernamentales, los reguladores, las empleados judiciales, los abogados los ambientalistas, los académicos, los periodistas, los defensores de derechos humanos, los protectores de animales, etcétera, etcétera– vivieran en una burbuja y no entendieran un hecho irrefutable: sin los cuantiosos recursos que genera el petróleo no hay cómo financiar el posconflicto. La alternativa – más y más impuestos– no alcanza. Ni es políticamente viable, ni económicamente racional. El via crucis que afronta hoy la reforma tributaria propuesta por el gobierno es una prueba fehaciente de lo difícil que es reemplazar los recursos petroleros.

En la última década el Estado colombiano se ha nutrido de una coyuntura energética excepcional: altos precios que hicieron posible la aplicación de la costosa tecnología de recobro en campos antiguos. Así, Colombia duplicó su producción en pocos años. Esa política de raspar la olla, sin embargo, es finita. Lo sabe el Gobierno y por eso el interés de acelerar la exploración petrolera y, en particular, de los llamados hidrocarburos no convencionales, que se obtienen mediante la técnica del “fracking”. Fue precisamente el empleo de esa tecnología lo que convirtió a Estados Unidos en el segundo productor de petróleo del mundo.

En Colombia mencionar la palabra “fracking” es hablar del mismísimo diablo. Pero, según los expertos, la mayor probabilidad de agregar más reservas de petróleo en el país es en el campo de los no convencionales. Es curioso que los que más se oponen a que se busque petróleo son los que más apoyan las negociaciones con las FARC y el ELN y la necesidad de hacer billonarias inversiones en el campo durante el posconflicto. No entienden que sin lo primero no es posible lo segundo. No hay plan B. Y muchas de esas exploración y explotación necesariamente tendrán que hacerlas las grandes multinacionales, como ocurre ya en todo el mundo. Si hasta Pemex, el símbolo del siglo XX de la petrolera estatal latinoamericana, anda por el globo a la caza de inversionistas y socios.

Muchos colombianos fueron lectores ávidos de Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que durante décadas ha sido el tomo de excelencia para explicar el atraso en la región; por algo el presidente Hugo Chávez le regaló una copia a Obama en el 2009. Ya que el mismo autor reconoció recientemente que intentó escribir “una obra de economía política, sólo que yo no tenía la formación necesaria”, podría ser hora que los enemigos acérrimos del desarrollo petrolero y creyentes fervientes de la paz cambien de texto guía. Porque si no facilitamos esa actividad económica, los sueños de un posconflicto boyante se podrían convertir en una pesadilla.