A la Andi y a los empresarios no los legitima ser gobiernistas

Convertirse en empresario es difícil. Tener una idea, desarrollarla hasta convertirla en un producto útil para los mercados y sostenerse en el tiempo es el ciclo que debe lograr cada emprendedor. La dificultad no son los requisitos o el dinero que se debe invertir, es el rigor que se exige, la disciplina personal, los sacrificios.  Llámese una tienda, una comercializadora, una pequeña o mediana industria, todo ello requiere de gran esfuerzo.

Hay mil ejemplos.

Quienes lo han intentado una y otra vez saben de los riesgos, del sube y baja, del volver a empezar, del implacable cumplimiento de obligaciones con los empleados, con los bancos o particulares.

Ahora bien, quienes logran consolidar sus negocios en cualquier ámbito, obtienen beneficios personales, pero también -y en ocasiones se olvidan-, responsabilidades sociales. De acuerdo con la dimensión de sus emprendimientos, inversiones y alianzas, empiezan a ser parte de lo que en genérico se llama “clase dirigente”.

Esa “clase dirigente” enrumba el destino de la economía y de las inversiones del país en lo local o regional, incide en la eficiencia o no de nuestra tributación. En su círculo familiar y social gana respetabilidad y  dado el impacto que genera con la creación de empleo adquiere prestigio social.

Desde luego, el “capitalismo” descrito líneas arriba no se cumple siempre y menos en un país atravesado por toda suerte de ilegalidades: empresas que evaden impuestos, que comercializan productos robados, que venden contrabando, que ofrecen una calidad en sus productos y entregan otra, que se refugian en la informalidad para evadir responsabilidades tributarias y laborales. Así mismo, hay quienes hacen de los sobornos y la corrupción su activo logrando posiciones dominantes.

La ética de lo empresarial esta rota y la confianza sobre los controles institucionales a esta corrupción es cada vez menor.

Todo lo anterior es de alta gravedad, pero el reto más complejo que hoy tiene el empresariado es político. Y lo es porque estamos enfrentando una encrucijada vital: preservar el modelo económico imperante en el país con las llagas y podredumbres arriba anotadas o transitar hacia la modernidad integralmente.

Resolver esa encrucijada es lo que Álvaro Gómez denominó el Acuerdo sobre lo Fundamental, lo mismo que en el proceso constituyente del 91 definimos como “Estado de derecho” y en muy buena medida, lo que como reclamo vivo escuchamos durante las marchas del año pasado y que probablemente se escuchará con fuerza en los siguientes meses.

Empresarios grandes, medianos y pequeños no pueden ser sordos a lo que la gente está reclamando. Han de actuar como ciudadanos poniendo los intereses del país por encima de los propios. Los empresarios deben pensar en que su mejor negocio es que la sociedad sea más justa, que la sostenibilidad de la sociedad va más allá de las oportunidades de negocio que les signifique a algunos las decisiones del actual gobierno.

Vamos mal, señores de la empresa.

Vamos mal por la inconformidad de vastos sectores con la política económica, vamos mal porque el control territorial está en manos de actores armados no estatales y vamos mal porque la desfachatez se ha convertido en norma de gobierno.

El mundo empresarial conoce bien lo que ocurre cuando la desfachatez, la pérdida de control de una porción o del todo afecta una empresa y la inconformidad con sus productos son lo dominante en el mercado.

El resultado es la bancarrota.

Quienes integran la “clase dirigente” son corresponsables también de lo social.

Cerrar los ojos y los oídos a la catastrófica situación de un país a la deriva que retorna a formas y hechos violentos de años atrás, producto del sectarismo y la ausencia total de liderazgo para enrumbar la nación, es tremendo error.

Cerrar filas como lo están haciendo frente al Gobierno Duque sin posiciones críticas, sin acompañar el debate ciudadano en democracia, sin poner de su parte para construir con los diferentes el país y viendo al resto de la sociedad solo como consumidores es un muy mal negocio.

La prédica por un empresariado activo en la modernización social, económica y política del país viene de décadas atrás, no empieza ahora. Es un reclamo que pudo evitar mucha sangre pero que no fue escuchado.

Los tiempos en que como dogma ustedes aceptaron que a la economía le fuera bien, aunque al país le fuera mal, deben ser superados.

El país es mucho más que las odas al pasado pendenciero que hizo del odio la herramienta para sostener el status quo.

Señores de la Andi por ese camino vamos mal, ustedes deben ser sujetso de la transformación que Colombia requiere. Esa transformación podrá quitarles algunos privilegios, pero puede darnos a todos un país cierto, justo y moderno como manda la Constitución Nacional.

Nada más, pero nada menos.

@alvarojimenezmi

ajimillan@gmail.com