A la fuerza pública la mandan los civiles

El cambio de Gobierno ha traído consigo un preocupante envalentonamiento de la fuerza pública que se manifiesta en un creciente desconocimiento de los derechos civiles y humanos de individuos y poblaciones. Todo empezó con las agrias críticas de exponentes del uribismo contra la cúpula militar saliente que jugó un papel institucional crucial en el proceso de negociación, firma y puesta en marcha de los acuerdos de paz liderados por el presidente Juan Manuel Santos.

Para la senadora María Fernanda Cabal el acuerdo de paz llevó a tener una “cúpula inservible”, que también fue tachada de blandengue en el manejo de la protesta social y la lucha antisubversiva. Fue una cúpula pensada en 2013 para un periodo de posconflicto con mayor cercanía con la población civil que jugó un papel ejemplar en reposicionar la imagen del ejército, tan duramente golpeada por haber presentado a más de 2.500 jóvenes de las barriadas populares como muertos en combate. Ahora, estrenamos nueva cúpula, para un país que debe avanzar, no retroceder en legalidad, que también es sinónimo de derechos humanos.

Todos los oficiales de la fuerza pública reciben el mismo entrenamiento, deben seguir la misma doctrina y hasta ofrendar su propia vida para preservar el orden institucional vigente. Ni la prohibición de participar en política, ni los cursos de derechos humanos inoculan a la fuerza pública de influencias ideológicas externas. Sus comandantes no deben permitir que influencias extremas propicien o encubran la violación de los derechos humanos.

Tampoco debe olvidarse que las órdenes superiores siempre las imparten los civiles que no pueden lavarse las manos cuando sus orientaciones conducen a graves violaciones del DIH. De todos los hechos irregulares anteriores se ocupa ahora la justicia transicional de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la justicia ordinaria debe ocuparse de los hechos posteriores a la firma de los acuerdos de paz.

Durante los últimos días han surgido graves cuestionamientos que no se pueden soslayar. El más delicado ha sido el cambio de órdenes operacionales que dio a conocer el New York Times, que involucran exigencias que pueden reproducir el grave fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en personas protegidas para mostrar resultados medidos en litros de sangre.

Aun cuando las órdenes fueron retiradas, ahora Semana revela que en el ejército se ha desatado una cacería de brujas para dar con los responsables, no de los abusos, sino de las filtraciones a la prensa. A los militares comparecientes ante la JEP los asedian y amenazan pretendiendo hacerlos ocultar la verdad. Se cumple la sentencia del trino, también retirado, del general Nicacio Martínez, en el cual afirmaba que una onza de lealtad valía más que una libra de valor. Lealtad sí, pero a las instituciones, no al “¡tapen! ¡tapen!” que tanto daño le ha hecho a la imagen y a la moral de las Fuerzas Armadas.

El envalentonamiento también se puede observar en la Policía Nacional. La imposición de multas de 800.000 pesos a un transeúnte que compra una empanada y a quienes se quejan por esa exageración, aduciendo irrespeto a la autoridad, son apenas la punta del iceberg del ambiente de agresividad contra la población que se está gestando. Han circulado en redes unas imágenes de abuso de autoridad y exceso de uso de la fuerza que impactan por el talante autoritario que despliegan.  

Unos jóvenes skaters estaban celebrando su deporte en los espacios autorizados cuando aparecieron motorizados de la Policía invadiendo irresponsablemente su carril terminando por atropellar a uno de ellos. Cuando reaccionaron sus compañeros, se observa a un policía agrediendo a una joven de un cabezazo con el casco puesto que lanza a la joven ¡varios metros!  Antes vimos en Noticias UNO la violencia desplegada contra un humilde vendedor ambulante y cómo agredieron a quienes protestaron por el atropello.

Ojo. La autoridad se deslegitima con su abuso y ejemplos inaceptables, están siendo denunciados casi a diario. El presidente Duque, comandante en jefe de la fuerza pública, debe actuar con contundencia y no permitir que esta se le salga de las manos.