¡A superar el temor a la participación!

Es innegable: estamos ante el ascenso de la participación ciudadana que produce vientos favorables para el proceso de implementación.

Desde 2010 Colombia registra un ascenso cuantitativo y cualitativo de la dinámica social que se ve reflejado en el aumento de las protestas y acciones colectivas. Entre 1990 y 2002 se dieron en promedio 434 protestas anuales; entre 2002 y 2010, ascendieron a 625 y para el periodo comprendido entre 2010 y 2015 se elevaron a 915 . Sumado a ello, de 2012 a 2015 se identifica una serie de acciones colectivas por la paz, 123 marchas y concentraciones, 99 encuentros, 96 actos culturales, 63 acciones educativas, 35 acciones de organización y coordinación, entre otras, que demuestran contundentemente la reactivación de la participación ciudadana.

Con estas cifras resulta evidente que al país lo atraviesa una ola oxigenante de democracia participativa, asignatura pendiente desde la expedición de la Constitución Política del 91. Asistimos a una profundización de la participación y la incorporación de nuevos formatos de ejercicio del poder ciudadano y popular local. Su fuerza, la pluralidad de sus protagonistas, la diversidad y legitimidad de sus demandas, y la sinergia social y política, robustecen la capacidad movilizadora en el desarrollo de iniciativas sectoriales, territoriales y poblacionales.   

El proceso de negociación entre el Gobierno y las Farc y la implementación del Acuerdo están inmersos en estos vientos. Este ambiente contribuyó a la ampliación de la agenda pública hacia problemas sociales sistemáticamente bloqueados que abrieron paso a la necesidad de concretar un Acuerdo de carácter nacional y demandan la construcción de paz como una tarea territorial. Esperamos que la comunidad internacional, el Gobierno nacional, las instituciones nacionales y regionales, y los entes territoriales, comprendan que los conflictos sociales solo es posible resolverlos si se atienden las demandas de la población en los territorios.

Recientemente asistimos a una tendencia de cambio de ciclo en el ascenso de la movilización social. Pareciera que transitamos de las grandes movilizaciones nacionales a las movilizaciones locales, sectoriales y poblacionales, tal como lo evidencian los paros cívicos de Chocó, Tumaco y, quizás el más contundente y eficaz en los últimos tiempos, el de Buenaventura. Esa parece ser la tendencia que marca el cambio de ciclo político: los asuntos socialmente problemáticos que se posicionan en la agenda nacional se inspiran en la organización, el sentido de comunidad y la movilización de lo local y regional; ahora la agenda política es ciudadana y territorial.

No de otra manera se puede entender las resistencias al modelo económico de acumulación extractivista, que ha encontrado una férrea oposición de las comunidades locales producto de la conciencia social y política sobre las consecuencias negativas que tiene para el desarrollo económico, social y ambiental; expresada irrebatiblemente en los resultados de las consultas sobre explotación mineroenergética. Con más del 96 por ciento de los votos, las comunidades de Piedras (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera (Cundinamarca), Cajamarca (Tolima) Cumaral (Meta), Arbeláez (Cundinamarca), Pijao (Quindío), han decidido decirle No a la minería.

Los resultados son contundentes. Las comunidades se pronuncian para mantener el derecho a defender el destino de sus tierras y a mantener en alto las banderas ambientales.

Otra expresión de insatisfacción ciudadana ha desembocado en la solicitud de 107 revocatorias de mandato en todo el país. Del total de los procesos, ocho han sido ya convocados a las urnas, San Benito Abad (Sucre), Icononzo (Tolima), El Copey (Cesar), Ocaña (Norte de Santander), Remolino (Magdalena), Carmen de Bolívar (Bolívar), Barrancabermeja, (Santander), Palmito (Sucre); y están programadas dos:  Puerto Carreño, (Vichada) para el 30 de julio y Sogamoso (Boyacá) para el 13 de agosto.  En proceso está la revisión de firmas entregadas por los comités de la revocatoria de los alcaldes de Girardot (Cundinamarca), Timaná (Huila), Jamundí y La Cumbre (Valle del Cauca), Villamaría (Caldas), y Bogotá

La dirigencia política, los medios de comunicación, los gobernantes, las instituciones, deben superar el temor a la democracia participativa. No hace bien a la democracia habilitar espacios de participación y, cuando los ciudadanos se deciden a utilizarlos, descalificarlos. La solución a los problemas nunca es menos democracia, siempre es más democracia.

Si la ecuación virtuosa de participación y legitimación social y comunitaria logra consolidar el nuevo ciclo y desatar plenamente su esencia territorial, se generarán circuitos favorables para la construcción definitiva de la paz.

Qué mejor para la implementación del Acuerdo que la potencia transformadora de la participación social y comunitaria.  Es una oportunidad para nuestra alicaída y malograda democracia.

Hoy existen plenas condiciones toda vez que la culminación del conflicto armado entre las Farc y el Estado colombiano ha proscrito la violencia como método de acción política. Hoy se puede fomentar el pluralismo político promoviendo la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización como principios democráticos y práctica social generalizada. Hoy podemos fortalecer la participación política de las mujeres, comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas y sectores minoritarios. Y lo que resulta esencial y determinante, garantizar la participación ciudadana en instancias de planeación territorial y construcción de políticas públicas. En últimas: desatar la democracia participativa en los territorios.