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Opinión

  • | 2019/03/19 15:20

    4.136 estudios contra 1

    Antes que el debate sobre el glifosato se enfríe totalmente y se olviden los argumentos que en pro y en contra de la aspersión aérea se expusieron ante la Corte Constitucional, es importante por su gravedad centrar el análisis en uno de ellos.

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Según tres de los citados a la pasada audiencia está demostrada la causalidad del glifosato con la ocurrencia de abortos en Colombia, razón suficiente según ellos para la suspensión indefinida del programa de aspersión. Esta tesis se sustenta en el controvertido artículo de los economistas Adriana Camacho y Daniel Mejia, cuya primera versión se dio a conocer en 2013 en medio de un escándalo por supuestas censuras y “presiones indebidas” por parte de la Cancillería para no publicar sus resultados.

Más allá de la forma como los autores decidieron difundir sus resultados en radio y televisión, varios años antes de ser publicados en revistas especializadas (JHE, 2017), han resurgido una serie de cuestionamientos técnicos a este estudio. En criterio del investigador en salud pública Orlando Scoppetta, el matemático Diego Cuéllar y el suscrito, se trata de una investigación interesante, como exploración de posibles asociaciones entre el uso de glifosato y efectos en la salud humana. Sin embargo, Camacho y Mejía llevaron sus conclusiones mucho más allá, informando que habían encontrado relaciones causales, esto sin considerar las fallas metodológicas estructurales que lo convierte en un caso típico de falacia ecológica.

Resumimos nuestras reservas en siete falencias significativas, siendo cada una de ellas por sí mismas suficiente para invalidar los resultados.

La supuesta condición causal se debilita por la ausencia total de trabajo de campo que por medio de tomas de sangre, estudio de pacientes, pruebas de laboratorio, observación in situ de un cultivo de coca o algún tipo de validación primaria que diera robustez a las conclusiones. Otro asunto es que no basta con que una persona resida en un municipio donde se hizo aspersión con glifosato para asumir que esa persona estuvo expuesta a ese producto, un estudio serio debe partir del principio de demostración del contacto del individuo con la sustancia.

También destacamos que los casos de abortos nunca fueron probados por los autores. Estos construyeron una serie estadística a partir de los RIPS donde asumían que cuando una paciente era atendida por un embarazo y posteriormente esta paciente no reportaba un nacimiento entonces esto constituía una condición firme de aborto. ¿Son estos abortos reales? La falta de registro de atenciones en los RIPS es el resultado de problemas de funcionamiento de ese sistema, de las dificultades de acceso de atención en salud por parte de las maternas, de los partos atendidos por fuera de los hospitales y de tantos otros eventos que a diario ocurren en las zonas rurales.

Lo cierto es que los RIPS no generan reportes fiables para este tipo de estudios. Probamos en nuestro análisis que con la metodología elegida por los autores se subestima en más de cien mil casos los nacimientos que ocurren cada año en Colombia. Es decir que en las estadísticas usadas se les perdieron a los autores casi medio millón de nacimientos, y sin embargo sus conclusiones las soportan en una veintena de casos de “abortos” que además les resultan inobservables.

En el universo que conocemos sobre los impactos (directos e indirectos) del glifosato en la salud y medioambiente se cuentan 4.136 estudios, en ninguno de ellos se encuentra evidencia sólida que corrobore los hallazgos de causalidad sugeridos por Daniel Mejia y Adriana Camacho.  

Visibilizar las deficiencias de este trabajo no es un capricho académico o un asunto ad hominem (como nos respondió Mejia en El Espectador), es un asunto de interés nacional dado que sus conclusiones han sido referenciadas en dos pronunciamientos de la corte como evidencia científica, fue también el estudio más citado en la última audiencia y además buena parte de las demandas contra la nación por efectos del glifosato (que suman 1,7 billones) se apoyan en la “evidencia” de este trabajo.

Ojalá que cualquiera que sea la decisión de la Honorable Corte para mantener, ampliar o eliminar las condiciones de suspensión de la aspersión aérea, esta se haga en función de una lectura general del grueso de la evidencia científica sin distraerse en la pirotecnia generada por un solo estudio.

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