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Acuerdo con las Farc frente al Estado

Gobierno aceptó debilidad del Estado y juzgamiento de sus agentes. Congreso quedó subordinado a mayorías gubernamentales, con excepciones. Rama Judicial ha sido ambivalente, ha aceptado el acuerdo pero lo ha venido acotando. Decisiones populares no han apoyado a las Farc. Estado debilitado no se ha fortalecido. En Estado democrático serán los jueces y el pueblo, en estas elecciones, quienes decidirán el futuro del acuerdo y su implementación.

Juan Manuel Charry Urueña
20 de marzo de 2018

Se podría decir que las Farc obtuvieron del Gobierno Santos el mejor acuerdo posible: El gobierno aceptó que la causa del conflicto era la debilidad del Estado, la pobreza y la inequidad. También aceptó que el Estado había cometido extralimitaciones y que aceptaba que la pactada justicia especial para crímenes de guerra y lesa humanidad, también juzgará a sus agentes e incluso a particulares. En consecuencia, el gobierno aceptó adelantar una especie de “programa” político de las Farc, que corrigiera tales causas, una reforma rural integral, una reforma política, una solución a las drogas ilícitas, una comisión de la verdad, así como mecanismos de implementación y verificación, que no solo demandarían más de 180 billones de pesos en los próximos años, sino que tendrían una institucionalidad paralela, fast track para el Congreso, Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación-CSIVI para el gobierno y JEP para la Rama Judicial.

Lo anterior, sin perjuicio de la amnistía e indulto para delitos políticos, planes de reinserción y apoyos económicos para los exguerrilleros.

Es cierto que a cambio, se obtuvo la desmovilización y desarme del grupo guerrillero, la teórica aceptación de responsabilidad de los delitos de guerra y de lesa humanidad sujetos a sanciones alternativas y simbólicas, con el supuesto compromiso de reparar a las víctimas, que en la práctica será más del Estado que de la organización subversiva.

Se podría decir que el Congreso, en cuanto a la implementación del acuerdo, quedó subordinado a las mayorías gubernamentales, por lo tanto, expidió varias reformas constitucionales, y algunas leyes. Sin embargo, en un acto de independencia, no aprobó la creación de 16 circunscripciones electorales para las zonas de conflicto.

La Rama Judicial ha jugado un papel ambivalente, de un lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en acción de tutela y en acción de cumplimiento, relativas a las 16 circunscripciones, a partir de un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, decidió a favor de la interpretación gubernamental, sin embargo, tales decisiones fueron revocadas por el superior.

La Corte Constitucional declaró inexequibles algunos aspectos del fast track, a favor de la autonomía del Congreso; no atribuyó rango normativo al acuerdo, sino el de política de Estado; sustrajo a terceros de la Justicia Especial de Paz; y, rechazó la impunidad para los delitos de gravedad internacional. En otros términos, aceptó el acuerdo pero lo ha venido acotando.

El Consejo de Estado, suspendió provisionalmente una de las funciones de la CSIVI, consistente en constatar que las decisiones e iniciativas del gobierno se ajustarán al acuerdo, en un acto de elemental preservación de soberanía estatal e independencia gubernamental.

Ahora bien, las decisiones populares de Plebisicito de 2 de octubre de 2016 y de elecciones para Congreso de 11 de marzo de 2018, no refrendó el acuerdo y votó ínfimamente por los candidatos de la Farc.

En resumen, el gobierno aceptó el enfoque de las Farc y acogió sus políticas, con la pretensión de vincular tres futuros gobiernos y comprometer más de 180 billones de pesos. El Congreso obedeció las mayorías gubernamentales, aunque hubo excepciones. La Rama Judicial, dentro de su independencia y autonomía, aceptó el acuerdo, pero poco a poco lo ha venido acotando al orden jurídico de forma muy diferente a los pretendido por sus suscribientes. El Estado debilitado no se ha fortalecido y las Farc triunfadoras ante gobierno, perdieron con los electores.

En fin, en un Estado democrático, será el pueblo, mediante decisiones electorales, quien decidirá el futuro del acuerdo y la manera de implementación. El nuevo Congreso, el próximo presidente y la Rama Judicial, señalarán la forma de entender el acuerdo, su implementación y hasta su incumplimiento.