Acuerdo de Vida, Justicia y Paz

No hay tiempo para más asuntos. La prioridad es la vida y también deberían ser las regiones.

Las masacres recientes, dolorosas, rechazadas por todos en Argelia, Cauca y en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, suman o mejor multiplican el asesinato continuo de líderes sociales, de activistas comunitarios, en departamentos débiles institucionalmente, en municipios capturados por las mafias en el poder local, o por aquellas que lo controlan desde actividades económicas legales e ilegales, distantes de la normativa, el debate y las preocupaciones que rondan la vida de Bogotá y los poderes que habitan la capital.

La persistente violencia, temor y zozobra en regiones como Arauca, Norte de Santander, municipios del Bajo Cauca y en la entrada al Urabá Antioqueño por el municipio de Dabeiba, en departamentos como Guaviare, Meta. Vichada, zonas del Caquetá etc, permanecen sepultados en medio de la algarabía política que marca el día a día de los medios y el acontecer político partidista de Bogotá: Uribe sí , Uribe no, cartel de la toga, Corte Suprema respetable o no, los abogados de narcos que son los mismos de los políticos más conocidos, fiscal general de bolsillo, Fiscalía que se compra y se vende, FFAA aprestigiadas pero divididas, procurador que ladra pero no muerde a los que hay que morder, drones para los cultivos ilícitos, incremento de los cultivos, los hijos de Santos enemigos de los hijos de Uribe, Paloma Valencia no saludó a la esposa de Manuel Marulanda fundador de las Farc y así, en esas se las pasan los líderes y lo reflejan las noticias.

Somos un país que persiste en excluir, quitar del camino, mirar para otro lado y que se asusta frente a la oportunidad de cambiar, somos una nación que tiene la posibilidad de ejercer liderazgo regional y decide enfrascarse en la pelea interna, somos una sociedad de fragmentos que hasta ahora y al parecer por largo tiempo serán imposibles de juntar.

Una fractura enorme atenaza nuestra historia en el pasado y parece que logrará hacerlo hacia el futuro.

Gustavo Petro, los liderazgos de la oposición que buscan consolidarse, Iván Duque polémico e incógnito en lo que de él podemos esperar en términos de autonomía, tienen la posibilidad de liderar al país y a la sociedad si construyen acuerdos básicos.

Es necesario que todos los partidos y liderazgos promuevan en sus dirigidos, respetar y respaldar las decisiones que el poder judicial colombiano tome frente al senador y expresidente Álvaro Uribe, en su situación jurídica y los desarrollos que de ella se desprendan.

Por esa razón, el liderazgo, que reclama su condición opositora, debe hacer los mayores esfuerzos por trasladar el eje del debate, de los temas partidistas fuertes en Bogotá y las acusaciones a Uribe, a los ejes del mundo rural en las regiones.

Esa sería la conducta apropiada para cumplir lo dicho durante las campañas de Congreso y durante los debates presidenciales.

Los partidos todos, están en mora de establecer que la prioridad está en la vida de los ciudadanos y que la actividad de los partidos debe tener esa premisa definida.

Según información entregada por la organización Forjando Futuros que hace seguimiento al tema de Restitución de Tierras en el departamento de Antioquia, del total de 79 líderes de procesos de restitución que han sido asesinados, 20 de ellos son ciudadanos que vivían y desarrollaban acciones en el Urabá Antioqueño.

En zonas de Nariño como bien lo ha denunciado y sobre lo cual ha reclamado de manera insistente el gobernador Camilo Romero, la paz es una quimera para los ciudadanos y como tambien dice en Norte de Santander Wilfredo Cañizares de la Fundación Progresar, los “consejos de paz y los de seguridad” repetidos en los municipios del Catatumbo, cada vez que se presenta una masacre, atentado personal, o un asesinato, son fórmula desgastada e ineficiente para enfrentar la ola de crímenes durante los últimos ocho años y en las décadas que la violencia ha azotado la región.

Los ciudadanos podemos reclamar de las fuerzas políticas y de sus liderazgos, un acuerdo con tres elementos, suscritos en documento público que se presente para ser acogido a los gremios y los medios de comunicación,

1. Presentar desde el gobierno y los voceros de la oposición, informe periódico público, sobre el plan que el gobierno implementa para la protección de ciudadanos en condición de amenazados en el territorio nacional.

1. Respetar y respaldar la acción de la Justicia en todos los casos que la misma conoce.

1. Fortalecer la decisión de una salida concertada a la confrontación armada con el ELN antes que la revitalización de la guerra con esa organización.

Un acuerdo de este tipo nos entrega mínimos comunes, en defensa de la vida, el imperio de la justicia y la afirmación del fin de la confrontación política por la vía armada como decisión de la sociedad.

Un acuerdo de este tipo permite mantener las diferencias políticas, ideológicas, territoriales sin el desangre en que parece que estamos adentrándonos nuevamente.

Las cifras oficiales de este año, parecen afirmar que recorreremos de nuevo el camino que empezábamos a superar. Solo en el primer semestre de 2018 se ha incrementado el número total de víctimas de minas antipersonal del año 2017.

Las masacres y el secuestro han vuelto a dejar su huella de dolor en algunas regiones, no para el asesinato de ciudadanos que ejercen labores como activistas o líderes sociales,  50 excombatientes de las Farc han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz con esa guerrilla, la corrupción en temas de seguridad, control delincuencial sigue siendo factor que dificulta el control territorial, y la producción de resultados por parte del Estado en zonas como Tumaco, Bajo Cauca, Urabá Antioqueño, la explotación de nuestros recursos naturales por fuera de la legalidad y la deforestación de tierras son pan diario en zonas de la región amazónica y de la Orinoquia. Sin mencionar el extendido flagelo de vacunas y extorsión en zonas urbanas y rurales.

Las informaciones anteriores exigen un acuerdo de mínimos por parte del liderazgo partidista, un acuerdo que podría servir para reconstruir la confianza perdida entre el ciudadano y una acción política en la que parecen reflejarse más los desacuerdos personalistas de los líderes, que las preocupaciones cotidianas por los ciudadanos que viven en mayores condiciones de inseguridad, en medio de factores de ilegalidad y que continúan percibiendo más distante eso que llamamos país y gobierno.

@alvarojimenzmi

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