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Opinión

  • | 2002/07/15 00:00

    Al fin, la democracia

    El establecimiento de sistemas democráticos en toda la región y el fin de las dictaduras muestran que ha habido un cambio político de gran envergadura en la región. ¿Durará?

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Si una frase comienza con las palabras: "En América Latina...", es muy probable que lo que siga tenga un tono crítico o negativo. La invitación que me hace SEMANA para reflexionar sobre el estado actual de la democracia en América Latina puede conducir fácilmente a asumir dicho tono. Dadas las experiencias de las últimas dos décadas y tomando ejemplos de uno o de otro país, no costaría nada poner el acento en los cambios presidenciales anómalos, en las presiones militares que aún subsisten, en los intentos de golpes de Estado, en la impotencia de las legislaturas, en partidos débiles que no representan a nadie, en la lentitud o inoperancia de las instituciones judiciales, o en los enfrentamientos armados que no cejan. Y esta mirada negativa es pan de cada día entre los analistas de prácticamente todo aspecto de las sociedades latinoamericanas.

En su visión, la región suma anomalías y disfunciones. Tiene una profunda desigualdad social, produce crisis constantes y se ahoga en burocratismos ritualistas e ineficientes. Hay opresión, autoritarismos, exclusiones, corrupción y violaciones a los derechos humanos. Económicamente sufre de una falta de iniciativa, de ciclos de ganancia fácil seguidos de reventones. Es el continente del mañana que nunca llega.



Nuevos hitos

Mi reflexión sobre la democracia en lo que sigue va por otro lado. Invito al lector a fijarse por un momento en el lado lleno, no en el vacío, del proverbial vaso. En los logros, no las deficiencias.

Así, fijémonos que por primera vez todos los países de América Latina, excepto Cuba, tienen actualmente gobiernos que han sido elegidos en procesos electorales que cumplen con las exigencias mínimas de la democracia. Es decir, ha habido las libertades de presentar candidaturas, de hacer campañas, de acceso de toda la población adulta a las urnas, y un conteo veraz de los votos con resultados que han llevado a los ganadores a constituir los gobiernos, congresos, y poderes locales.

Este es un hito importante en la historia latinoamericana, pero hay que agregar que va acompañado de otro que es aún más trascendental. También por primera vez, y en toda la región con la sola excepción mencionada, las autoridades elegidas gobiernan o legislan actualmente con la expectativa, incluso la confianza, de que habrá un nuevo proceso electoral igualmente democrático al caducar el plazo de sus mandatos actuales. La democracia es el único régimen que establece temporalidades claras y su estabilidad se mide no por la permanencia de quienes ocupan cargos de autoridad, como en las dictaduras, sino por el hecho de que éstos se renuevan regularmente a través de elecciones libres (y en caso de crisis severas por medio de los mecanismos contemplados en las constituciones mientras llegue la nueva contienda electoral).

Estos hitos muestran que ha habido un cambio político de gran envergadura en la región. ¿Quién se hubiera atrevido a pensar hace veinte, diez, o incluso cinco años atrás que podríamos confiar que la próxima renovación de los gobiernos en toda América Latina ocurriría con elecciones libres y exentas de todo fraude? Era prácticamente inconcebible que en México el largamente gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) fuera a permitir que los votos se contasen como corresponde y que desde algo más que un par de años todos los líderes políticos mexicanos y el grueso de la opinión pública asumieran que dicha experiencia se repetirá indefinidamente.



Vivir lo impensable

Nadie hubiera creído que en Paraguay, Perú, Ecuador, Guatemala y Venezuela los golpes o autogolpes de Estado, las presiones de rebeliones populares, la intromisión de los militares o los intentos de manipular los resultados electorales terminarían en procesos de reequilibración de la democracia y no en una victoria clara para quienes se apartaban de la legalidad constitucional. ¿Y qué de El Salvador y Nicaragua? Las armas se callaron, y en vez de balas han primado los votos, abriendo un horizonte de posibles alternancias en el poder de parte de quienes hasta ayer se enfrentaban como enemigos acérrimos.

Es más, vivimos en una América Latina en la cual las dictaduras militares del Cono Sur ya pasaron a la historia, dejando memorias aún dolorosas pero memorias al fin. Las crisis de los gobiernos de Fernando Collor de Melo en Brasil y de Fernando de la Rúa en Argentina se resolvieron por vías constitucionales. Y ya llevamos una generación sin ninguna dictadura personalista y caudillesca como las Stroessner, Trujillo o Somoza. Sólo falta Cuba, queda un Haití incierto y en Guatemala la trayectoria sigue difícil.

Es común minimizar el importe de esta nueva situación en la región, señalando que sus democracias sólo tienen apenas un carácter 'formal' y no 'real'.

El contenido específico de la crítica varía de país en país. Algunas de las nociones típicas son que la igualdad ante la ley es sólo teórica dadas las enormes diferencias de clases; que si bien en las elecciones cada persona tiene un voto, la inscripción de las candidaturas favorece a unos y no a otros, y hay grandes diferencias en los recursos que tienen los candidatos para hacer sus campañas; que los presidentes, creyéndose césares, gobiernan por decreto sin que las legislaturas ni los poderes judiciales o las instituciones que revisan la contabilidad fiscal puedan controlar las acciones del ejecutivo; que las reformas que benefician a los más pobres tardan años en ejecutarse pero los grandes intereses se las arreglan para protegerse de cualquier iniciativa que los afecte; que nadie se fija en el deterioro ambiental producido por empresas cuyo afán es la ganancia rápida; que los militares están sólo aparentemente bajo el control civil ya que en el fondo se manejan solos, guardan celosamente sus cuotas abultadas del presupuesto nacional e imponen sus puntos de vista en momentos críticos. Y así sucesivamente, no falta qué reprochar.

No cabe duda que las democracias, y ello en todas partes ?incluso en Europa y Estados Unidos? tienen deficiencias, ¿pero qué alternativa hay a ellas? Cualquier otro régimen de gobierno introduce problemas mayores. Sólo las democracias se comprometen a proteger los derechos esenciales de todos, incluidos los de quienes se pongan por razones políticas al margen de la Constitución y la ley. ¿Qué dictadura hace esto? Y ningún otro sistema es, como las democracias, perfectible en un sentido positivo. En cambio perfeccionar cualquier tipo de dictadura sólo aumenta la eficiencia de su despotismo.

Hay una sola forma de eliminar las deficiencias de una democracia, y ésta es perseverando con su reforma, cuidando siempre de mantener en todo momento su formalidad institucional. La experiencia muestra que ello puede demorar bastante. Paciencia: las democracias no favorecen los cambios rápidos. La experiencia también muestra que quienes han tratado de imponer algún contenido "real" que asocian con la democracia por la vía insurreccional o la presión de las masas movilizadas en manifestaciones que rompen todo en el centro de las ciudades, rara vez consiguen lo que quieren. Sin embargo, a menudo estas acciones deslegitiman las instituciones formales de la democracia y generan el ambiente propicio para el triunfo de reacciones autoritarias que quiebran la democracia y/o socavan sus libertades. Resulta lo contrario de lo que se quiere obtener.

En consecuencia, alcanzar una democracia con fuerte contenido 'real' depende en el fondo de conservar sus formalidades legales e institucionales mínimas. El respeto por los derechos humanos y las libertades de expresión y de organización significan que quienes proponen toda suerte de cambios pueden elevar con confianza su voz. El hecho de que se cumpla fielmente el calendario electoral hace que todos los líderes políticos sepan que, al fin de cuentas, sus carreras y posibilidades de constituir gobiernos no dependen de propiciar golpes, ni insurrecciones, ni acomodos con quienes ya gobiernan, sino que sólo dependen de las opciones expresadas en las mayorías electorales. Con ello, las percepciones que tiene la ciudadanía respecto al desempeño del liderazgo político y el efecto las nuevas medidas que ha impulsado vienen a ser un eje central, un referente obligatorio de las formas de hacer política ?aspecto este que no se encuentra en ningún otro régimen de gobierno?. Dado dicho referente, quienes gobiernen echando manos a la corrupción debieran recibir eventualmente su sanción, y las políticas sociales debieran tender a ser más incluyentes, abriendo mayores oportunidades, de un modo que beneficie a la mayoría. Y de renovarse siempre el poder a través de elecciones tarde o temprano las presiones extraconstitucionales de los militares declinarán, ya que éstas dependen de su amenaza de interrumpir la democracia. Finalmente, sólo si perdura la separación de poderes podrán afirmarse a la larga las legislaturas y los sistemas judiciales, fiscalizando las acciones gubernamentales y mostrándose cada vez más dispuestos a combatir el abuso y la impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos.



Cambio perdurable

Si la formalidad democrática tiene ahora la mayor extensión que jamás ha tenido en América Latina, ¿por qué pienso que es un cambio perdurable? Resalto aquí cinco razones.

La primera es que la democracia tiene en América Latina una larga tradición histórica, aunque ésta es mucho más fuerte en algunos países que en otros. La democracia no es, en consecuencia, una institucionalidad política de transplante como lo sería en otras regiones (como en países musulmanes, asiáticos, este-europeos o africanos). A la hora de la independencia, tanto en las repúblicas como el Brasil monárquico, los líderes políticos y de opinión suscribieron al liberalismo constitucional de las nacientes doctrinas democráticas del siglo XVIII.

La región contó posteriormente con un amplio abanico de experiencias en la construcción de la democracia, que van desde ser países pioneros en forjarla desde el siglo XIX (como Chile, Colombia, y Costa Rica, agregándose Uruguay desde comienzos del siglo XX), a ser países que registraron fracasos reiterados en hacerlo (como Bolivia, Perú, El Salvador o México). Así, no es cierto que América Latina en su conjunto sea sólo el continente de caudillos y dictadores, de asonadas y golpes. Mirado con una perspectiva mundial y desde 1825, la región tiene una historia electoral que se compara favorablemente a Europa Occidental en cuanto al número de contiendas y al acceso de la ciudadanía a ellas. Y no olvidemos que países como Chile y Argentina fueron pioneros mundiales en abolir la esclavitud?décadas antes que lo hicieran Inglaterra, Francia, y Estados Unidos. Es sólo el sesgo oscuro con que miramos la historia de los países de la región que nos hace olvidar todo esto.

Los fracasos de la democracia en América Latina fueron en parte el resultado de la precocidad de los intentos por iniciarla. Una dificultad básica en implantar la democracia a comienzos del siglo XIX es que no había entonces plena claridad respecto a cómo debían realizarse las elecciones. Estas no conseguían, por lo tanto, diferenciar claramente a los vencedores de los vencidos, y dicha ambigüedad le quitó legitimidad al mecanismo electoral como medio para llegar al poder, llevando a muchas disputas armadas entre los partidarios de unos y de otros.



Pedagogia politica

Eventualmente los mecanismos electorales fueron perfeccionados. Pero en aquellos países en los cuales las autoridades constituidas no pudieron mantener la continuidad constitucional la noción de que las elecciones no eran el único mecanismo para llegar al poder caló demasiado hondo, y las interrupciones del orden constitucional a través de la fuerza militar, revueltas callejeras o autogolpes se mantuvo en el siglo XX. En consecuencia, aunque la tradición democrática forma parte del tejido político latinoamericano, también existen las excepciones autoritarias, y esto más en algunos países que en otros.

Ello conduce a la segunda razón por la cual se puede suponer que la formalidad democrática se va a mantener ahora en la región: ha habido en las últimas décadas un proceso importante de aprendizaje político. Los líderes políticos, los actores sociales, e incluso los militares, se han dado cuenta de que los períodos de gobierno extrademocrático y de enfrentamientos armados han dejado saldos negativos. El apartarse de la formalidad democrática lleva a efectos peores, no sólo en el terreno de los derechos humanos.

Por ello la formalidad democrática es vista crecientemente como un valor en sí. Se llega al poder por las elecciones, no por la fuerza, y la ley se cumple. Tal vez falte para que estas nociones se afiancen plenamente, pero el progreso en este sentido ha sido notable. Piénsese en Bolivia, que ya casi completa una generación con transiciones normales de un gobierno a otro, cosa nunca antes vista. O recordemos el ya mencionado El Salvador. Y no olvidemos que en Argentina frente a una gran crisis económica, como la actual, los militares anteriormente ya hubieran dado un golpe de Estado. Y que en Chile, Uruguay y Brasil quienes fueron opositores o partidarios de sus respectivos regímenes militares dialogan actualmente en democracias que no dudan en compartir.



La carta OEA

La tercera razón por la cual se puede apostar por la permanencia de la democracia en el continente se deriva de los compromisos asumidos en el sistema interamericano. Me refiero a la Carta Democrática ratificada al reunirse la Organización de Estados Americanos (OEA) en Lima el año pasado, documento que recoge nociones aprobadas originalmente por la OEA en Santiago en 1991.

Dicha Carta establece por primera vez a nivel mundial un sistema regional en el que si un país transgrede las normas de la democracia será sancionado por los demás. (La Unión Europea establece que los países deben tener democracias para integrarse a ella, pero no crea formalmente mecanismos de sanción si alguno de éstos viola sus principios).

Este nuevo resorte del sistema interamericano es consecuencia del aprendizaje ya mencionado. Abandona parcialmente el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros países, pero siempre y cuando la intervención sea en un concierto multilateral y tenga por causa oponerse a una discontinuidad en el funcionamiento de la democracia.

El hecho de que este nuevo activismo prodemocrático entre los países de la región se haya plasmado en un compromiso formal ayuda a contrarrestar, por un lado, la posibilidad de que haya golpes militares exitosos, ya que los líderes de tales pronunciamientos saben que se expondrán a sanciones. Y por otro lado, la Carta Democrática ayuda a comprometer formalmente a Estados Unidos a apoyar la democracia latinoamericana.

La Carta defiende lo que los líderes estadounidenses siempre han dicho defender, aunque en sus relaciones con América Latina los intereses estratégicos de Estados Unidos y los de sus grandes empresas transnacionales han primado muy a menudo sobre su apoyo a la democracia, con consecuencias fatales.

El nuevo activismo antigolpista y el efecto de la Carta sobre la diplomacia estadounidense se pusieron a prueba exitosamente con el intento de remover a mediados de abril de este año al presidente Hugo Chávez en Venezuela. Y dada la resolución adoptada en Santiago en 1991, la diplomacia latinoamericana intervino positivamente en las irregularidades que ocurrieron en Perú, Ecuador, Guatemala y Paraguay en la última década, ayudando al reencuentro con la democracia.



En via del consenso

El fin de la Guerra Fría y la nueva convergencia de criterios en cuanto a políticas económicas y sociales entre derecha e izquierda son la cuarta razón que afianza la democracia latinoamericana. La Guerra Fría tuvo un fuerte impacto en las doctrinas militares y de seguridad nacional que fueron negativos para la democracia. La misión militar fue definida como la protección del mundo occidental y cristiano frente al "totalitarismo ateo", protección que pasaba por una vigilancia del frente interno, es decir nacional, en lo que era una guerra que involucraba todos los aspectos de la sociedad.

Por su lado Estados Unidos miraba cada situación en América Latina con el lente de su visión geopolítica mundial. Actualmente las nuevas doctrinas militares son más compatibles con la democracia, dado su énfasis en el consenso y el desarrollo nacionales como medios para afianzar la seguridad y capacidad disuasiva. Y Washington ya no enfrenta a Moscú y a sus seguidores, reales o supuestos, en América Latina.

Por su parte, el acercamiento de posiciones en cuanto a políticas económico-sociales hace que los problemas del continente ya no se debatan con un marco ideológico de posiciones absolutas y encontradas, como lo fue hasta hace poco. Obviamente siguen las diferencias de criterio y de intereses; es normal que éstos se manifiesten en una democracia. Pero hoy en día la discusión pública no involucra grandes cuestiones de fondo.

Finalmente, la quinta razón para pensar que la democracia en América Latina tiene un futuro más sólido que antes obedece a un cambio societal. A pesar de que el desarrollo económico de la región ha sido deficiente, el desarrollo social en todas sus dimensiones ha sido mayor. Ha disminuido, por ejemplo, el analfabetismo y la región ya cuenta con varios países donde todos los adultos saben leer y donde la escolaridad en los niveles de escuela básica cubre al ciento por ciento de todos los niños que tienen la edad correspondiente.

Ha aumentado también la extensión de la cobertura mediática y la facilidad de los desplazamientos y las comunicaciones. Una población más educada, más informada, más móvil, más conectada, es también una que sabrá hacer valer mejor sus derechos en un marco democrático, y tratará de preservarlos.
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