El pecado de las FARC

Para algunos, las FARC son narcotraficantes porque se financian del negocio de droga. Para otros, la participación de la guerrilla es indirecta: cobran un 'impuesto' a las personas que operan en su zona de influencia, desde los cultivadores de la coca hasta los administradores de los laboratorios. Y porque esos ingresos –en teoría– no son destinados al lucro personal sino para pagar las actividades bélicas de la organización armada, sería un error equiparlos con los carteles de Medellín y Cali. Esta es la tesis de quiénes –como el presidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos– piensan que el narcotráfico debería ser considerado conexo a delitos políticos.

Hay precedentes: muchos de los jefes paramilitares (Jorge 40, Don Berna, Salvatore Mancuso, Macaco) alegaron lo mismo y lograron ser cobijados inicialmente por la ley de justicia de paz. Si bien terminaron extraditados a Estados Unidos y condenados precisamente por ser exportadores de drogas ilícitas, en Colombia había disposición política –del gobierno de Uribe y del Congreso– y judicial –la Fiscalía– de perdonar ese accionar delictivo si confesaban crímenes más graves como masacres y asesinatos de sindicalistas y defensores de derechos humanos. Se aceptaba el argumento de que el narcotráfico no era el negocio principal o “core business”, como diría un consultor de administración de empresas, de estos señores de la guerra.

Las FARC no sólo plantean lo mismo sino que quieren agregar una ñapa horripilante: que al secuestro extorsivo se le aplique la misma interpretación, ya que era necesario para la supervivencia de la organización. Y que por lo tanto, sus miembros que incurrieron en esa actividad criminal deben recibir el beneficio de una amnistía sin la necesidad de confesarle al tribunal especial de justicia transicional, acordado en las negociaciones en La Habana, los detalles de su participación en ella.

El secuestro es para las FARC lo que fueron los carrobombas para Pablo Escobar y las masacres para Carlos Castaño. Es el acto en el cual sus presuntos intereses altruistas cruzaron la línea de la barbarie. Es indefendible como fue la decisión de Escobar volar en mil pedazos a centenares de personas para intimidar al Estado o la de Castaño de asesinar a miles de civiles en su lucha anticomunista. Nada puede justificar raptar a alguien, retenerlo meses, incluso años, lejos de sus familiares con el fin de recibir una contraprestación económica.

Al igual que Escobar revolucionó el sicariato con el uso masivo y coordinado de jóvenes como asesinos a sueldo, y Castaño llevó el terror a límites insospechados con la utilización de motosierras para descuartizar a sus víctimas, las FARC convirtieron el secuestro en una industria multimillonaria.

Aún me acuerdo de una charla que escuché a finales de los años noventa de un representante de esas firmas internacionales de negociación de rehenes, que afloraron en esa época en el país  y que fueron grandes beneficiadas de las tácticas de la guerrilla (las multinacionales las contrataban para que los asesoraran).   No ocultó su admiración por la máquina delictiva que había implementado las FARC. Le impresionaba la capacidad organizativa y financiera de una guerrilla que podría mantener secuestrados durante años. O inventario, para ponerlo en términos empresariales.

También le llamaba la atención la logística; tanto la manera cómo se conseguía el recurso –con retenes o seguimiento personalizado– cómo la eficacia en el transporte de la mercancía (secuestrados) fuera de las ciudades.

Las FARC no sólo innovaron en los métodos sino como buenos capitalistas, fueron expandiendo su mercado y sus posibles fuentes de ingreso: industriales, comerciantes, ganaderos, tenderos. Y como el peor capitalista salvaje, hasta negociaban los cadáveres de sus víctimas.

Nada alimentó más el odio de los colombianos a las FARC que el secuestro extorsivo. Es frente a este delito de lesa humanidad que se medirá el compromiso real de la guerrilla a la verdad, la reparación y la no repetición de este flagelo. Nada de indulto, señores. Que pongan la cara y confiesen su responsabilidad ante el tribunal de justicia transicional. Si no, apaga y vámonos.

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