Alianzas ‘non sanctas’

La acusación del ex presidente Andrés Pastrana de pactos secretos del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares no cae en el vacío. Así de éstos no haya prueba, se tiene que ser ciego, cómplice o cínico para negar la existencia de compromisos de políticos de la coalición gubernamental con el narcoparamilitarismo. Son ya cerca de 40 los congresistas procesados judicialmente por dichos vínculos y que participaron en la aprobación de penas simbólicas para sus amigos en armas.

Los involucrados jugaron del lado de las autodefensas al tiempo que pretendieron usufructuar la coyuntura. Hasta ahora ninguno ha sido capaz de defender su actuación, ni siquiera de argumentar que obedeció a una convicción antisubversiva, lo que deja claro que se trató, y se sigue tratando en la mayoría de los casos, de un burdo pacto delincuencial. ¡No hay duda! Resultaron peores los políticos que quieren pasar de víctimas que los autores de decenas de masacres.
No obstante, llama la atención que Pastrana olvide el pacto de su campaña con las Farc para ser elegido Presidente en 1998.
 
Clandestinamente su campaña concertó el encuentro de uno de sus miembros con Manuel Marulanda y el ‘Mono Jojoy’. Incluso trascendió que previamente, representantes de esa guerrilla asistieron a la presentación de su política de paz y que el propio discurso leído por el candidato consultaba las expectativas farianas. También se tiene que ser ciego, cómplice o cínico para pensar que la foto tomada a ‘Tirofijo’ con publicidad electoral de Pastrana y las declaraciones favorables de ‘Raúl Reyes’ no fueron consecuencia de una oscura maniobra, con su debida contraprestación.

Ese episodio no fue el punto de partida de los diálogos de paz, sino el primer resultado de un arreglo que pasaba por la derrota del Partido Liberal. ¿Qué fue lo que negociaron previamente Pastrana y su campaña con las Farc? ¿Acaso la desmilitarización sin condiciones de 42.000 kilómetros cuadrados, como efectivamente se hizo? ¿Tal vez el abandono del Estado a miles de ciudadanos que vivían en la zona? ¿O el establecimiento de un refugio del crimen bajo la fachada de un proceso de paz?

Aunque son casos diferentes, las alianzas non sanctas de uribistas y pastranistas demuestran, entre otras cosas, que cuando la paz y la seguridad se convierten en bandera electoral y no en propósito nacional, nos alejamos de ellas cada vez más. Las Farc afirmaron sentirse traicionadas por el gobierno Pastrana, y los paramilitares, por el de Uribe. ¿A qué se refieren? ¿En qué les faltaron los gobiernos?
Someter al escrutinio público las cuestiones más sensibles en las negociaciones con grupos ilegales beneficia la paz. Ventilarlas públicamente les otorga sostenibilidad política a los acuerdos y rodea de legitimidad las decisiones. Parece olvidarse que de la transparencia en temas delicados como las penas, la extradición, el indulto, la amnistía, la verdad y la reparación a las víctimas, dependen la confianza y el apoyo nacional e internacional.

La historia lo ratifica. Los exitosos procesos de paz celebrados por las administraciones de Virgilio Barco y César Gaviria con el M-19, PRT, EPL, Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista, a comienzo de la década pasada, se concretaron de frente al país. Respecto a los primeros, la participación ciudadana fue decisiva y desembocó en una Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, las guerrillas entendieron que las negociaciones necesitaban amplio respaldo y que era un error despreciar la opinión pública, cosa que no tienen suficientemente claro el ELN y mucho menos las Farc.

Finalmente, es interesante advertir que mientras los para-políticos son investigados y encarcelados, los miembros de la campaña pastranista gozaron de las mieles del poder y ni siquiera se les reclamó responsabilidad política por los pactos secretos, tampoco por sus deplorables resultados.

De esto hay que sacar lecciones. Ni siquiera con la excusa de la paz o de la seguridad, los partidos y los políticos pueden consentir contactos ocultos con organizaciones al margen de la ley. Su búsqueda debe ser objeto de una agenda nacional que incorpore todas las colectividades políticas, y no instrumento de ventajismo electoral. Y tercero, los procesos de paz y de sometimiento de la delincuencia a la justicia se deben hacer con las cartas sobre la mesa.
Nota al margen: Mi solidaridad con Gonzalo Guillén, corresponsal de El Nuevo Herald en Colombia, por la injusta acusación hecha por el presidente Uribe.

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