Ambientalizar el Plan (2da Parte)

Entre las prioridades ambientales para Ambientalizar el Plan, señaladas en artículo anterior (Ambientalizar el Plan, 1a parte), sigue fluyendo información desde las regiones para tener en consideración. En este país centralizado en la toma de decisiones, donde existen principios constitucionales para motivar la participación ciudadana, los medios y las redes sociales están jugando un papel central para hacer visibles las incertidumbres de organizaciones sociales que no tienen escucha a nivel nacional.

El ministro de Ambiente Ricardo Lozano, anunció al llamado “Cuerpo de Ilustres” reunido en su despacho, varios frentes de su gestión. Entre esos, el fortalecimiento de la planificación y el ordenamiento del territorio y la creación de Centros Regionales de Prevención y Conciliación de los Conflictos socio-ambientales y la Participación de Colombia. Esta iniciativa no reemplaza, en ninguna forma otros mecanismos de participación como son las Consultas Previas, que maneja el Ministerio del Interior, y las Consultas Populares, cuya suerte está en manos de la magistrada Pardo de la Corte Constitucional, que con su saber y entender, expresa que tales movimientos ciudadanos no pueden desconocer la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales, en cabeza del Estado, forma de resolver controversias generadas por proyectos mineros y explotación de hidrocarburos. La ponencia reconoce que “existe un déficit de protección constitucionalmente inadmisible”, planteando una solución a mediano plazo para que el Congreso expida la regulación, de vital importancia ambiental y social.

Entre tanto, hay presiones de corto plazo, del grupo político que quiere “reglamentar”, o mejor dicho, aniquilar las consultas para poder entrar rápidamente a los territorios ancestrales, sin talanqueras. A lo mero macho, sin mayores consideraciones. Esta es una de las piedras mayores para aumentar conflictos socio-ambientales en las regiones en la mira del extractivismo.

El Ministerio de Ambiente urge la creación de los Centros Regionales de Prevención y Conciliación en sitios sufriendo el desespero de las mentiras a medias de alcaldes locales, que adelantan gestiones bajo presión de grandes empresas. Ante esta situación, por qué no adelantar cuatro centros piloto en distintas regiones del país, antes de que sea aprobada la Ley del Plan Nacional de Desarrollo en Mayo del 2019.

Mientras se re-negocia el presupuesto del Sistema Nacional Ambiental, SINA, el gobierno podría solicitar apoyo a la cooperación internacional, para el armazón de centros prioritarios en pueblos críticos como Valdivia o Ituango, en el bajo Cauca antioqueño (y sentar a EPM, Gobernación de Antioquia, representantes del Ejército y de las Águilas Negras, en el banquillo) frente a las comunidades desplazadas desde hace meses por Hidroituango. Ese conflicto está pendiente de resolución desde hace meses.

Otro Centro podría ser en el Rincón del Mar o en Berrugas, corregimientos del municipio de San Onofre, Sucre, para monitorear el cambio de uso del suelo agrícola de 500.000 hectáreas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, ( a ser revisado próximamente por CARsucre), para facilitar la construcción del megaproyecto “Complejo Industrial de Generación Térmica de Ciclo Combinado” de la empresa Generación e Interconexión Eléctrica del Pacífico S.A.S, un Mamonal alterno que ya perturba el futuro de pescadores artesanales, comunidades étnicas, cabildos indígenas, negocios locales de turismo y organizaciones que conservan de los bosques de mangle, fuente de vida de la región costera del norte del Golfo de Morrosquillo. Allí el tema está que arde por falta de buena comunicación e información a la ciudadanía.

Un centro urbano, en la Alcaldía de Chapinero en Bogotá, podría ayudar a lidiar con el modelo paisajístico del alcalde mayor y su concepto muy peculiar de flora y fauna de alta montaña andina, para frenar el dolor público por la deforestación planificada. Ante el hecho, que arrugó el corazón a miles de ciudadanos, el Centro de Prevención y Conciliación en Bogotá deberá también abordar otros temas ambientales y de salud pública, proyectos como el Transmilenio por la Carrera 7a, la tala de otros miles de árboles sanos, que así no sean las especies que más le gusten al burgomaestre, están protegiendo a la ciudadanía de la espantosa contaminación generada por la infame gestión del servicio de transporte de la capital y el humero ilegal emitido por buses y camiones que circulan libremente, quemando diésel a 2.800 metros sobre el nivel del mar. A ver quién se le mide a conciliar interés entre la presente administración y la ciudadanía enfurecida por las motosierras a la madrugada.

El cuarto centro piloto de Prevención y Conciliación podría estar en San José del Guaviare y más específicamente en la Estación Experimental “El Trueno” del SINCHI (Instituto de Investigaciones Científicas Amazónicas o en el pueblo de La Macarena). En ambos lugares se están perpetrando los mayores de delitos de incendios de bosque y acaparamiento de tierras, sin que la opinión pública sepa quién paga por provocar las quemas y cómo se están escriturando tierras para fincas ganaderas. Allí se tumban hectáreas de maderas preciosas que aún no han sido evaluadas, se aniquilan especies de flora asociadas al bosque, desaparece fauna que queda tostada en cada incendio y se producen desplazamientos de pueblos ancestrales nómadas, como los nukak, que están siendo acorralados en su resguardo, por nuevas fincas ganaderas, que desprecian su cultura.

Esto ante los ojos tolerantes del gobernador y alcaldes locales, acostumbrados al joropo y a la colonización de tierras “baldías”. En este nuevo Centro amazónico de Prevención y Conciliación, quizás el más complejo, tendrá que haber militares probos que no estén de un solo lado, que no promuevan el uso de glifosato para acabar con praderas de cultivos ilegales, pagadas por el narcotráfico.

Esas praderas ilegales, verdes y frondosas, como las que hay en la región de Tarazá y Cáceres en el bajo Cauca antioqueño, están camino al mar, de donde siguen saliendo olímpicamente las barcas y avionetas cargadas de droga, ante los ojos ciegos de la autoridad. Este y los demás Centros de Prevención y Conciliación deberán ponerse de acuerdo para implementar una política común ante los actores que deforestan sin piedad, ante los que pagan por matar líderes sociales a quemarropa, ante autoridades policiales y ambientales de mano floja frente a los megaproyectos que inducen a cambios y acomodos en los Planes de Ordenamiento Territorial. Los centros, querido ministro, tendrán que lidiar con esa cultura de la corrupción, bien instalada en administraciones ambientales locales, regionales y en varias instancias sectoriales a nivel nacional.

Esto sucede en gran parte por la verticalidad de decisiones en el Estado, sin una subsidiaridad bien organizada, además por falta de mecanismos de información que fluyan a los territorios objeto de “inversión de interés de la Nación”. Hay que ponerse en los zapatos de habitantes rurales que “descubren” megaplanes del Estado, de empresas transformadoras de ecosistemas locales, que supuestamente son generadoras de empleo y con intenciones de hacer grandes negocios, en detrimento de los ecosistemas.

A la gran mayoría de los territorios rurales llegan planes y órdenes en paracaídas, sin previa información. La conciliación de los centros regionales radicará justamente en la defensa del derecho a un ambiente sano, pues son miles los ejemplos que ya ilustran impactos y conflictos socio-ambientales generados por minería extractiva, contaminación de aguas por mercurio y derrames de petróleo, tala de bosques y arbolado urbano sano, ríos represados que han dejado sin trabajo a miles de pescadores artesanales, entre otros. ¿Todo eso para “modernizar” el país, a costa de generar más conflictos socio-ambientales?

Entonces cómo Ambientalizar el Plan de Desarrollo 2018-2022 cuando se vislumbran cambios tan radicales como reglamentar el único recurso que es garantía para la defensa y protección de la biodiversidad, acabando con las Consultas Populares y de paso cuestionar que no existen Pueblos Ancestrales en la cartografía anticuada del Ministerio del Interior?

A las comunidades les queda como única salida, el Derecho de Petición, las Tutelas o salir a marchar en multitud para que sean escuchadas sus voces. Dicho esto, los Centros Regionales de Prevención y Conciliación de los Conflictos socio-ambientales y la Participación deberán quedar estructurados y financiados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y deberá quedar explícito que tecnologías que aún están sin base científica en el país, como es el fraccionamiento hidráulico - fracking, quedan congeladas bajo el principio de precaución.

Sería oportuno que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo replantee la necesidad de sanear y robustecer la institucionalidad ambiental descentralizada, en una coyuntura histórica de movimientos ciudadanos independientes, laicos y pacifistas, de jóvenes urbanos y rurales activos políticamente,, que están comunicándose por redes sociales en torno a la conservación del patrimonio natural y la defensa de las culturas en los territorios. Hay que reconocer que ya se está evolucionando hacia sistemas modernos de participación ciudadana, con incidencia nacional, donde quejas e incertidumbres pueden ser escuchadas en redes sociales y la presión masiva de éstas si producen resultados.

Ambientalizar el Plan en los territorios y poner a marchar los Centros Regionales de Prevención y Conciliación implica jugarse una nueva carta para gobernar un país complejo y diverso: Sí hay que prevenir, sí hay que conciliar, pero imposible forzar a que el subsuelo no sea parte espiritual del municipio y de la gente que cuida el agua, los suelos, la biodiversidad y el aire, como parte integral de la descarbonización de la vida contemporánea, en plena crisis climática.

Ambientalizar el Plan implica identificar y reconocer muchas prácticas comunitarias e investigativas exitosas, que están en curso en varias regiones del país. Estas serán muy útiles para apoyar a cada Centro Regional de Prevención y Conciliación, estimulando transferencia de saberes y escalar dichas prácticas en otras regiones.

Amerita tener en consideración para el Centro sugerido en San José del Guaviare, la investigación ”Piraiba, ecología ilustrada del gran bagre amazónico”, producto de la interacción entre la biología pesquera, la ictiología y el saber local. Esta investigación realizada por Carlos Rodríguez (coordinador), Confucio Hernández Makuritofe y Luis A. Trujillo, residente en Puerto Carreño, ganó el Premio Nacional 2018 en la categoría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Fundación Alejandro Ángel Escobar. Este trabajo ilustrado por Confucio, artista indígena conocedor de su ecosistema amazónico, muestra el recurso pesquero que hay que salvar de las garras de la tala del bosque asociado al ecosistema acuático y de la contaminación de los ríos producida por la minería de oro. Destaca el conocimiento que tienen las comunidades locales de su territorio y estimula a que otros grupos indígenas realicen más investigaciones con base en su saber ancestral, para prevenir conflictos.

En la identificación de personajes que saben lidiar con la conciliación porque viven en zonas donde aún están presentes actores del conflicto y del narcotráfico, ellas pueden ser de apoyo para apoyar resolución de conflictos socio-ambientales. Personas como Martha Elena Toledo, filósofa bogotana que decidió irse a vivir a Inírida, en el Guanía, en las selvas a pocos kilómetros de la frontera con Brasil y Venezuela, enseña historia en el colegio público donde estudian niños y niñas de 6 comunidades indígenas. Vive desde hace más de 25 años en la comunidad Curripaco, donde se casó y tuvo a sus hijos. Fundó una asociación que protege y comercializa la flor de Inírida, de la cual viven hoy más de 20 familias, en época de cosecha. Los Cerros de Mavicure son testigos de la labor que ella y otras mujeres están realizando para prevenir conflictos y evitar la extinción de una flor única en el mundo. Ella es candidata al Premio Titanes Caracol y ya voté por ella por un merecido reconocimiento nacional. Mujeres como Martha serían claves en los Centros Regionales de Prevención y Conciliación.

El gremio de los Administradores Ambientales formados en la Universidad Distrital, constituyen un colectivo profesional que podría también apoyar técnicamente a los Centros Regionales. En su primer simposio realizado en la Aduanilla de Paiba, sede del antiguo Matadero Municipal en la Alcaldía de los Mártires en Bogotá, hoy biblioteca de la Universidad, se destacó el rol múltiple que desempeñan Administradores Ambientales y su potencial para ayudar a reducir problemáticas socio-ambientales e influir en la información y decisiones de las comunidades.

En el campo de las comunicaciones, ejemplos audiovisuales pueden también apoyar la pedagogía para la prevención, la conciliación, la información y la participación de los nuevos centros. Piezas de comunicación como los documentales sobre Usos Sostenibles del Bosque, Pesca Artesanal y Delimitación de Páramo de Sumapaz, de la nueva serie para televisión “Ambiente de Paz”, de la Productora Formato 19K, deberán formar parte del material educativo de nuevos centros, sitios de encuentro y de deleite. Así, con múltiples actores interesados en apoyar la gestión para prevenir conflictos socio-ambientales, se podrá volver a tener presencia de Estado en donde tanta falta está haciendo.