Ahora, a derrotar a los “Guachos” del Amazonas

Mientras el país sigue anestesiado por los desenfrenos y las rumbas de fin de año, las selvas del Amazonas están en la antesala de otro saqueo monumental por grupos de criminales cuyo negocio es destruir e invadir allí, grandes  extensiones de tierras baldías del Estado. Los primeros meses del año registran la mayor actividad de esas mafias que desde 2017 han destruido más de 530 mil hectáreas de bosques. 

La que está ocurriendo en una vasta extensión de nuestra selva es una colonización estratégica, dirigida por delincuentes ambiciosos y sin escrúpulos -algunos terratenientes de áreas vecinas, mafias del narcotráfico y la minería y disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales-. En una carrera insensata y voraz por acaparar tierra, reclutan campesinos humildes en diferentes zonas del país, les proporcionan alimentos y recursos económicos para sobrevivir, herramientas, motosierras y herbicidas para destruir la vegetación y gasolina para movilizarse o para incendiar grandes extensiones.  

 A estas alturas ya están listos para el asalto de enero y para la nueva temporada de talas y de incendios. Más de la mitad de la deforestación se realiza a través de esos métodos. Un estudio reciente de la Universidad Nacional señala que en 2018 los incendios en áreas protegidas aumentaron seis veces y que la deforestación aumentó 50%. 

Desde hace décadas hay actividades criminales y presencia casi nula del Estado en nuestra Amazonía. Pero la depredación de ahora tiene dimensión, dinámica y causas particulares. No obedece a tráfico de madera o de especies. La meta principal de quienes la adelantan es la apropiación de tierras. 65 % de la desforestación de los últimos dos años se dio en dos municipios del corazón de las Farc: Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán. También es desenfrenada en el Guaviare, noventa por ciento de cuyo territorio está clasificado como parque natural, reserva forestal o resguardo indígena. Más de un millón de hectáreas de esas áreas protegidas ya fueron invadidas y apropiadas por las mafias. 

El gobierno anterior había formulado la solemne promesa de dejar en cero la deforestación en la Amazonía para 2020 y lo que ocurre en realidad es que estamos cada vez más cerca de un punto de inflexión, que puede hacer irreversible la destrucción de zonas de protección, con sus bosques, especies y recursos únicos e irremplazables para nuestro país y para el mundo. En los últimos 25 años nuestro país perdió irremediablemente 6,4 de los 60 millones de hectáreas que componen el patrimonio común de bosque natural. Si no hay respuestas rápidas y contundentes y acciones militares contínuas y de gran escala para frenar la destrucción y a la vez neutralizar y castigar a sus responsables, en 40 años asistiríamos  a la destrucción total de la Amazonia, una gran calamidad para el país y para el planeta porque es el mayor bosque húmedo tropical del mundo por lo cual su pérdida tendría enorme impacto en el cambio climático.

 La situación de destrucción de la Amazonía colombiana es tan descomunal que sus otrora verdes extensiones de naturaleza imponente, en la actualidad ya acumulan más de 13 mil kilómetros de accesos viales -caminos, trochas, carreteras- construidas por comunidades, por empresas petroleras, por el gobierno y una buena parte por organizaciones criminales del narcotráfico, la explotación ilegal de madera, la minería criminal y la guerrilla de las Farc -su famosa red de vías debajo del bosque-.  Son las rutas por las cuales se mueven coca, oro, armas, capitales y también los insumos, las herramientas y la maquinaria que garantizan el avance incesante e imparable de la depredación. 

Que este robo de tierras en gran escala esté focalizado facilita la identificación de sus autores. La desmovilización de las FARC y la negligencia del gobierno para tomar los territorios desató en la Amazonía, como en otras regiones del país que estuvieron bajo su dominio -Catatumbo, Chocó, Nudo de Paramillo- encendidas disputas entre grupos armados por el control de los mismos. La Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la Policía, realizan acciones en forma permanente que confirman que la expoliación está dirigida por terratenientes de zonas adyacentes, disidencias de las Farc, y bandas criminales. Y que son ellos quienes dirigen la movilización de centenares de familias con las cuales estructuran una base social que les sirve de mampara y escudo protector para la invasión y para la toma ilegal de tierras.    

El Amazonas -pulmón del mundo- no puede ser un botín ni un territorio abierto para criminales. Además de recuperar los territorios el gobierno está en la obligación de demoler la apariencia social que sus actores dan a la destrucción. Su enorme gravedad también hace inaplazable clarificar algunas ambigüedades que envenenan el proceso de paz con las Farc. Si es cierto o no que por la pasmosa ineficiencia en la implementación de lo pactado, entre 1.000 y 3.000  desmovilizados ya volvieron a la guerra. O clarificar qué rol cumple en la apropiación dolosa de tierras, la Zona de Reserva Campesina del Guaviare. 

Cayó “Guacho”, amo y señor de esa especie de república de la coca que integran Putumayo, Nariño, Cauca y Valle. Recuperar la seguridad en el país exige muchas más acciones como esa -importantes, sostenidas, contundentes- contra otros jefes del narcotráfico y de la minería criminal y al mismo tiempo enfrentar, combatir y neutralizar con rapidez y máxima energía a los criminales que están saqueando y destruyendo los bosques y las selvas del país.  El avance imparable y desafiante de ese saqueo está entre las peores noticias de 2018 para Colombia y para el mundo.