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Opinión

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    Juan Manuel Charry     | 2019/02/06 17:40

    ¿Que Gobierno considere libertad de Santrich? No, que JEP determine fecha de los hechos

    JEP prorrogó 20 días plazo para asistencia judicial de EE.UU. Copia de decisión a Presidente y Fiscalía para examen de libertad de Santrich. Nueva facultad del Gobierno de remitir o no extracción para captura. Se equivoca JEP: Hechos cumplidos y decisión de Gobierno anterior; se inmiscuye en justicia ordinaria; se sustenta en simple interpretación. Que JEP resuelva solo acusación, según tradición jurídica, suficiente para establecer fecha de los hechos, como dice Magistrada que salvó voto.

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El pasado 4 de febrero, la Sección de Revisión de la Justicia Especial para la Paz prorrogó por 20 días el plazo para recibir asistencia judicial solicitada a Estados Unidos, en el caso de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, a raíz de las irregularidades en el envío de la carta rogatoria.

De otro lado, a partir de la sentencia C-080 de 2018 de la Corte Constitucional, ordenó remitir copia de la decisión al Presidente de la República y al Fiscal General de la Nación, para que se examine la prolongación de la privación de la libertad de Jesús Santrich. No sobra mencionar, que la Magistrada Claudia López salvó su voto, por considerar que la acusación era suficiente para determinar la fecha de realización de la conducta.

La Sección de Revisión, a partir de unas consideraciones de la sentencia de la Corte Constitucional, infiere que el Gobierno tiene una nueva facultad consistente en examinar si remite o no la solicitud de extradición a la Fiscalía General para la captura, en los casos en que la conducta prima facie hayan ocurrido con posterioridad al Acuerdo Final. Así las cosas, correspondería al Gobierno ponderar la conveniencia de la extradición, en aras de la paz y de los derechos de las víctimas, a pesar de que la Justicia Especial de Paz no tiene competencia para pronunciarse sobre la libertad de Hernández Solarte, con el pretexto de la remisión de copias a las dos autoridades.

Se equivoca la Sección de Revisión en sugerir al Gobierno y a la Fiscalía reconsiderar la captura del dirigente de las Farc, en lugar de definir la fecha de la conducta, por las razones que a continuación se explican.

Primero, porque se trata de hechos cumplidos, de decisiones adoptadas por el Gobierno anterior, que ya surtida queda en el campo judicial de la Fiscalía y no pueden ser  a posteriori objeto de modificación por parte del Ejecutivo, pues vulneraría la separación de poderes.

Segundo, porque la Justicia Especial no tiene competencia alguna sobre hechos ocurridos con posterioridad al Acuerdo Final, que están en el ámbito de la justicia ordinaria, por lo cual se estaría inmiscuyendo indebidamente en asuntos de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia.

Tercero, porque la ley estatutaria respecto de la cual la Corte Constitucional realizó tales consideraciones no ha sido sancionada y por tanto no está vigente, se trata de análisis de contexto, si acaso de simples interpretaciones que no deben ser sugeridas por un tercero al Gobierno.

En suma, se extralimita la Justicia Especial para la Paz y pone en entredicho su imparcialidad, al sugerir al Gobierno considerar la libertad de Santrich, sustentada en una supuesta nueva facultad sobre situaciones anteriores ya surtidas en el Gobierno anterior, relacionadas con supuestos de competencia de la justicia ordinaria, a partir de simples interpretaciones. Es tanto como, sin tener interés en el asunto, pedir al Presidente que no envíe lo que ya envío su predecesor.

Más valdría, que la Sección de Revisión en aras de la pronta y cumplida justicia, así como del principio de economía procesal, resolviera la situación del señor Hernández Solarte con los elementos de la acusación, atendiendo la tradición jurídica nacional e internacional, que según la Magistrada Claudia López permiten establecer la fecha de los hechos.



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