Las pugnas sobre la extradición

La extradición, en especial la de nacionales, ha sido durante mucho tiempo materia de numerosos análisis, debates y discusiones en muchos estados y es materia de obligatorio estudio en las facultades de jurisprudencia.  

Aunque parezca increíble, en Colombia, especialmente después de la concertación del tratado de extradición con los Estados Unidos el 14 de septiembre de 1979, casi sin darnos cuenta, la extradición de nacionales, por delitos relacionados con la producción, procesamiento y tráfico de drogas, se constituyó en un tema que ha alterado gravemente la vida de la nación. Precipitando incluso la horrible noche del terrorismo rampante de los carteles de los carteles de la droga que azotó a nuestro país a partir de la década de los ochenta y que ha generado además innumerables conflictos y pugnas de las que todavía no hemos salido.

Existe un evidente paralelismo entre el incremento de la producción de cocaína en Colombia y el desaforado consumo de drogas, primero en los Estados Unidos y luego en otras partes del mundo, con ocasión la desastrosa guerra de Vietnam. Los vietnamitas decían que no sólo habían derrotado militarmente a los Estados Unidos, sino que se les “habían metido por la rendija de la puerta” a su territorio, ya que muchos de los soldados que habían participado en el conflicto, regresaban a su país adictos especialmente a la heroína producida en el llamado “triángulo de oro”: Myanmar-Laos-Tailandia.

Ya en su patria, extendieron el consumo a las nuevas generaciones norteamericanas y Colombia surgió entonces como el punto de aprovisionamiento más cercano y efectivo.    

Algunos observadores internacionales se preguntan porque, aparte de la modalidad de los delitos y los tecnicismos legales, en Colombia el tema de la extradición, especialmente a los Estados Unidos, se ha constituido en un recurso ante la impotencia del establecimiento de impartir “pronta y cumplida justicia”.

¿Será porque los jueces corren el riesgo de convertirse en eventuales víctimas de la retaliación de los inculpados? ¿Acaso porque la extradición es la única posibilidad de que un delito no quede impune? o ¿Tal vez porque es un medio para evitar que un delincuente confeso que ha servido de testigo no sea asesinado en un establecimiento carcelario?

De todas maneras, cuando se presenta el caso de posible extradición, en el que generalmente el inculpado lucha para evitarla, mientras que otros tratan de impulsarla con la convicción de que si no se procede así, el delito del que se acusa al inculpado quedaría a la larga impune.

Cualquiera que sea la respuesta, en nuestro caso hay una evidente desconfianza en la eficiencia del principio de “la pronta y cumplida justicia” que es una de las columnas vertebrales del ordenamiento de una nación.

Además, por más acuerdos que se concierten y procedimientos que se adopten, nuestro país nunca podrá tener el cambio que todos esperan, mientras el problema de la producción, procesamiento y comercialización de la coca persista.

Naturalmente que es utópico pensar que Colombia pueda ser una especie de Shangri-La o de paraíso terrenal, pero ¿Qué pasaría si en Colombia hubiera “pronta y cumplida justicia” y quedáramos libres del azote del narcotráfico?

(*) Profesor de la facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la universidad del Rosario.