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Opinión

  • | 2019/04/01 06:52

    Repensar la extradición con o sin JEP

    Tras lustros de inercia y desgaste en la cooperación judicial entre Estados Unidos Y Colombia, la extradición vuelve finalmente a ser un tema central en la agenda legislativa, esta vez por cuenta de dos de las objeciones presidenciales a la ley de la JEP y el intenso debate generado por la interpretación del artículo 150 de dicha ley y la potestad de los magistrados de la JEP en los casos de no extradición a terceros.

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Más allá de lo que pase con la JEP esta semana, lo cierto es que la extradición es un coco que cada vez asusta menos a los traquetos. Con o sin cambios derivados de la JEP lo fundamental sería lograr una reflexión legislativa profunda y serena sobre la extradición como se hizo por última vez hace 22 años.

Funcionaría mejor la extradición si la atención judicial fuera proporcional a la violencia y capacidad criminal. Un ejemplo, en el análisis de la transición del poder criminal de la Oficina de Envigado, el periodista Juan Diego Restrepo del portal Verdad Abierta destaca que el actual mando de esta extensa, diversificada y poderosa red criminal se ejerce desde las cárceles de Antioquia, donde sus jefes a pesar de estar tras las rejas coordinan “las vueltas” y sin embargo, estos mega-narcos no han sido solicitados en extradición por las cortes federales. Son varios casos más los que muestran que en los indictments que llegan en inglés no están todos los que son.

Otro asunto por revisar son las fallas en la individualización de las personas solicitadas en extradición, es decir, tampoco son todos los que están. Resonó por unos días en la prensa el caso del humilde carpintero Ariel Martínez quien además de haber sido desplazado por las Farc en el Caquetá, fue extraditado por errores en su identificación como jefe de una red de lavado. Este no es el único caso, ni han sido dos, ni cinco ni diez. Otros nombres de quienes han sido extraditados por razones tan absurdas como los homónimos o por injusticias de buena y mala fe en los procesos, son: Nelson Vargas, Tito Molina y Marlon Guerrero (datos de Sebastián Zuleta, 2014).

Lo que allá es una ventaja judicial acá es una desventaja estratégica, tras el desmonte de los carteles criollos y la guerra frontal contra el narcotráfico en México, los extraditados desde acá cuentan con una carta adicional en la negociación al delatar a los antiguos socios del norte. Esto se rumoraba desde hacía años y quedó expuesto en su total magnitud con el desfile de los narcos colombianos en el juicio del Chapo Guzmán.

La extradición se ha convertido poco a poco en una política criminal basada más en la cantidad de personas extraditadas que en el peso criminal de los narcotraficantes. En el Gobierno Pastrana cuando se inauguró el tratado eran solo cuatro los extraditados por año, con Uribe I y II la cifra subió a 857 (107 por año) y con Santos I y II faltó poco para llegar al millar. En contraste, el año que más extraditados envió México a Estados Unidos fue en 2016 con un total de 29. Es el momento de revisar las prioridades y concentrar las capacidades judiciales de ambos países en verdaderos objetivos de alto valor.

Se necesita una política de cooperación judicial que genere más casos como los del general Santoyo, que aterrizó esta semana en Bogotá y fue recapturado para pagar la otra parte de la condena pendiente acá. Y menos casos como los de Mueblefino, Florecita, el Doctor, Vincha y tantos otros narcos puros, que pagaron un par de años de cárcel en Estados Unidos y no tienen causas penales en Colombia (datos de El Tiempo, 2019).

No hay que dudarlo ni un instante, la extradición es una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen organizado, no solo contra el narcotráfico sino contra tantos otros males que aquejan al país. El asunto es que como cualquier herramienta requiere de mantenimiento, calibración y reforzamientos, y eso ni se empeora ni se resuelve con la JEP. 

***

Anticipo: El perdón oportuno, honesto y valiente que ofreció el general Luis Villegas a los habitantes del Catatumbo por el asesinato de Dimar Torres a manos de miembros del Ejército (sin reconocer ningún forcejeo). Honra su juramento, su uniforme, su grado de oficial de insignia y su condición humana. Ojala sean falsos los rumores de una investigación en su contra por este acto de grandeza.  

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