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Opinión

  • | 2007/02/17 00:00

    Anestesia moral

    Hablamos de alianzas con grupos que han cometido asesinatos múltiples, que han desplazado a miles, que han cometido masacres...

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Lo más grave sería que no nos pareciera grave. Lo más indignante, que no nos indignáramos. Hay ocho congresistas de la coalición de gobierno presos, y uno fugitivo, por decisión de la Corte Suprema de Justicia (o de la Fiscalía, si prefirieron renunciar a su investidura). No los mandó llamar por líos de faldas un juez municipal. Es la Corte Suprema de Justicia en un país que, se supone, tiene tres poderes que se equilibran. En un caso como este no tiene menos poder la Corte que el Presidente de la República: tiene más. No están condenados definitivamente, es cierto, pero para la Corte sería impresentable meter en la cárcel a senadores y representantes elegidos, si no tuviera indicios muy serios de su culpabilidad.

Y fíjense: no los están acusando de haberse robado una vaca o de haber hecho un fraude con las loterías; no es la monótona y repetida corrupción colombiana. Los acusan de ser aliados políticos y de haber recibido dineros y apoyos de un grupo definido como terrorista por la comunidad internacional, de un grupo que ha traficado con drogas para enriquecer a sus capos, para apoderarse de tierras y para financiar masacres en el campo y en las ciudades. Los ciudadanos, si todavía nos queda alguna sensibilidad moral, si no queremos ser representados por delincuentes, tenemos que apoyar decididamente este principio de limpieza que está haciendo la Corte. Y debemos vigilar para que haya un juicio justo, sin presiones y sin amenazas.

César Julio Valencia, el presidente de la Corte Suprema, denunció que un juez de esa misma corporación, Yesid Ramírez Bastidas, magistrado de la sala penal (la que se ha ocupado de estas investigaciones) ha sido amenazado de muerte. Lo más indignante, una vez más, sería que esta amenaza no nos indignara. Lo más grave, que no nos pareciera grave. Alguien que conozca a Estados Unidos, ¿sabe lo que supondría en ese país que un magistrado de su Corte Suprema fuera amenazado de muerte? ¿Sabe lo que significaría para un Presidente, en cualquier país normal, que nueve congresistas de su partido fueran metidos en la cárcel por nexos con un grupo terrorista?

Si los colombianos tenemos todavía una mínima noción de ética, deberíamos ver el tamaño de los hechos frente a los que estamos, y apoyar a los jueces, y reaccionar al mismo tiempo con confianza en la justicia y con indignación por el nivel moral tan bajo al que ha llegado buena parte de nuestra clase política. Las revelaciones, esta misma semana, de hasta dónde penetró el narcotráfico en una campaña anterior, es otra confirmación de una podredumbre parecida, que en su momento tampoco despertó suficiente indignación ciudadana.

Si queda alguna decencia en este país, si no nos parece normal que los políticos reciban plata de mafiosos, si no nos parece bien que personas elegidas con votos de los ciudadanos estén aliadas con bandas que confiesan abiertamente asesinatos, este es el momento para demostrar, con seriedad y apoyo a la justicia, que somos una Nación que es capaz, todavía, de reaccionar. Los jueces amenazados, los jueces que están haciendo su deber, no pueden sentirse solos, deben sentir nuestro apoyo.

Aquí la gente se enfurece porque un pobre diablo hace un raponazo de reloj o de cartera en la calle. Si llegan a coger al ladrón, corre el riesgo de que lo linchen. Pues en este caso estamos frente a delitos infinitamente más graves que el robo. Hablamos de alianzas con grupos que han cometido asesinatos múltiples, que han desplazado a miles de personas, que han perpetrado masacres y sanguinarios ajustes de cuentas entre mafiosos. Así que no podemos quedarnos indiferentes, como si fuera lo habitual, como si ya nuestro país estuviera tan podrido que una nueva fetidez ni siquiera la notáramos.

"Esto es la apoteosis de la justicia", dijo el asesor presidencial José Obdulio Gaviria. Lo será, tal vez, si llegamos hasta el fondo de la verdad, si el gobierno no interfiere para salvar a sus socios, si se protege a los magistrados, en lugar de permitir que se los amenace y se los intimide. De todos nosotros, los ciudadanos, depende que Colombia se fortalezca con este principio de limpieza contra uno de los grupos más turbios y más sucios que ha habido aquí.
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