Justicia y paz

Dice el expresidente César Gaviria en el remate de su propuesta de justicia transicional para todos los que han tenido participación en la guerra: “La paz que buscamos es una decisión política colectiva”. Y en esa frase, que parece de cajón, se esconden media docena de problemas: “paz”, “buscamos”, “decisión”, “política”, y “colectiva”.

“Paz”. No todos entienden de igual modo la palabra. Para unos –los llamados “enemigos de la paz”, que se llaman a sí mismos partidarios de una “paz sin impunidad”– la paz consiste en la desaparición de las guerrillas sin dejar rastro y en el mantenimiento de todo lo demás tal como está: es decir, dejando intactas las causas del surgimiento de las guerrillas. Para otros, la paz es la ocasión de empezar a eliminar esas causas, en lugar de seguirlas ignorando. Para otros más –los más pragmáticos–, la paz se resume en la famosa frase desengañada de Lampedusa: “Que todo cambie para que todo siga igual”.

“Buscamos”. No todos caben en ese plural. No caben ni quienes quieren la perpetuación de la guerra, que les acomoda y los beneficia; ni los que aspiran a una paz de otra índole: la también famosa “paz de los sepulcros” que viene de la aniquilación del enemigo; ni quienes no quieren entender por qué hay una guerra, y por qué persiste a pesar de haber usado para ganarla todos los recursos posibles, desde las motosierras hasta las bombas inteligentes.

“Decisión” (de buscar la paz). Es lo que ha faltado siempre. Le faltó al propio Gaviria cuando, siendo presidente y en el día mismo de las elecciones para la Constituyente, rompió el proceso de paz bombardeando el campamento central de las FARC en la Casa Verde, sobre el cañón del río Duda. No ha habido hasta ahora sino decisiones a medias, vacilaciones, dudas. Se han salido siempre con la suya los partidarios de continuar la guerra –militares, políticos, ganaderos, empresarios: los mismos que Gaviria propone como candidatos a la justicia transicional. Ha ganado siempre la fuerza de la inercia.

“Decisión política”. Entendiendo, claro, la palabra “política” en su sentido amplio y serio, y no en el estrecho, mezquino, mecánico de politiquería, que es el único que tiene curso en Colombia. Entendiéndola como el ordenamiento de la sociedad y del Estado.

“Decisión colectiva”. No todos quieren formar parte de la misma colectividad, y la del uribismo es excluyente ante quienes considera sus enemigos. Estos no son las guerrillas, que no constituyen una amenaza directa para el control del poder, sino el santismo, que ya está instalado en él.

Pero pese a todos los problemas que plantea su propuesta, tiene razón César Gaviria. Así se terminan todas las guerras: por una decisión política, cualesquiera que hayan sido sus causas y desarrollos (sobre los cuales acaba de aparecer una enésima versión a cargo de la Comisión Histórica, compuesta a su vez por doce versiones discrepantes). Y esa decisión política es siempre, bajo distintos nombres, la misma: una amnistía general que cubre a todos los participantes, directos o indirectos, de todos los bandos. “Miles de miembros –dice Gaviria– de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial…”.

La idea levanta protestas. No solo de índole política, lo cual es natural, y están ahí para ser discutidas, sino también jurídica. Desde la firma del Estatuto de Roma –Colombia lo ratificó en 2002, con siete años de gracia acordados por el presidente saliente Andrés Pastrana y el entrante Álvaro Uribe, lapso que consideraron suficiente para acabar con las guerrillas poniéndose al abrigo de persecuciones jurídicas por crímenes de guerra–, el ‘borrón y cuenta nueva’ no es ya internacionalmente aceptable. No hay que tomar en serio tales alegatos jurídicos cuando vienen de los mismos que aplaudieron al presidente Uribe cuando, por ejemplo, este perdonó por sí y ante sí los crímenes atroces de Karina, la feroz guerrillera de las FARC, y la nombró gestora de paz. El propio Gaviria señala que nadie ha protestado por el “indulto automático” otorgado a los miles de guerrilleros y paramilitares que se han desmovilizado en los gobiernos de Uribe y de Santos, “en plena vigencia del Estatuto de Roma”. Pero tienen mayor peso las críticas en boca de un jurista como César Rodríguez Garavito, uno de los fundadores de Dejusticia (Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad), quien afirma que la propuesta del expresidente equivale a una “autoamnistía colectiva”.

Sí, lo es. Y es, repito, la salida inevitable que tienen todas las guerras. Porque se amnistía todo lo que, por demasiado culpable, no se puede absolver, y por demasiado colectivo no se puede resolver castigándolo. Eso no es justicia, por supuesto. Pero permite alcanzar la paz.