Trampa "decente" y curules anuladas

La reforma requerida no es solo institucional y organizacional. Debe empezar por plantear una revisión de la calidad de la formación jurídica, cuántos abogados y cuántas facultades realmente debe tener el país para que se devuelva la dignidad al ejercicio de esa profesión y lo más importante: una revisión de la cantidad y calidad de las leyes vigentes –porque es tal el desorden que la mayoría de abogados no sabe cuál es la ley que se aplica, sin tener que revisar un manual actualizado.

 Es ridículo, y los colombianos no lo ven porque ya están acostumbrados, el que meses después, -y en muchos casos años- se fallen asuntos sobre el derecho que tenía una persona a ser candidato a una elección o de ocupar un cargo público. Sobran los ejemplos de destituciones años después de que la persona dejó de tener el cargo y de anulaciones de elecciones cuando ya han pasado uno y dos procesos electorales más.

 ¿Nadie se pregunta, cómo es que las condiciones para tener una posición en el sector privado pueden ser claras y a pesar de que algunos se presenten sin cumplir los requisitos, pues salen en el primer filtro, pero en el sector público colombiano no pasa así? Es cierto que hay algo de corrupción y viveza, y hay expertos profesionales en brincarse las normas para cobrar su salario varios años mientras salen los fallos. Pero tiene que haber problemas con las normas y las leyes si eso sigue pasando y si se requiere que el Consejo de Estado siente a las mentes más brillantes del país a discutir si alguien cumplía los requisitos o no.

 El caso de Mockus es de risa y llanto. Toda Colombia sabe que hay inhabilidades para quienes contratan con el Estado y el colombiano promedio sabe que el representante legal de una empresa es quien contrata. Mockus y los vivos de su partido decidieron tratar de convencer a la gente de lo contrario pero es que sí hay que buscar una explicación muy rebuscada para decir que un representante legal no contrata. Como si fuera poco, ahora además presentó una tutela "pedagógica" y la corte ha decidido admitirla. Qué tristeza con Mockus quien después de crear fama de impoluto y ético se ha dado cuenta, -sin duda empujado por su partido-, de que puede hacer lo que se le dé la gana y presentarlo como "pedagógico" y el país le sigue comiendo cuento.

 El caso de Robledo es más complejo y sí tiene sus dificultades legales, pero aún así, estas cosas no deberían pasar. Los requisitos deben ser suficientemente claros como para que el órgano electoral decida si alguien los cumple o no, y no debería ser tema de demandas después de elecciones ni nombramientos. El cumplimiento de los requisitos es una cosa de sí o no.  De todas formas para algunas personas era claro que Robledo estaba haciendo una trampa, -sí! como la hizo el pedagogo Mockus-, y aquí puede usted leer a Claudia López criticando hace un año exacto la jugada de Robledo.

La situación es tan absurda, que si Petro hubiera ganado la presidencia, legalmente no se hubiera podido posesionar, pues tiene una sanción administrativa y la ley es clara al respecto. Y ayer hubiera sido anulada la elección de la vicepresidenta Robledo por doble militancia. El que los dos hayan sido candidatos y que hoy ostenten cargos habla muy mal de la ley, de las autoridades electorales, de la justicia y de ellos y sus partidos –es que acaso esas, y la trampa de Mockus, ¿no son un  fraude al elector?-.

 Colombia requiere la reforma a la justicia y la requiere urgentemente. Hoy se está debatiendo sobre las implicaciones que tiene todo esto sobre la aplicación del estatuto de la oposición, pero estuvimos cerca de tener un presidente y una vicepresidenta esperando ver su elección ratificada o anulada por las cortes. ¿Se imagina usted cuánto le hubiera costado a Petro y al país arreglar ese lío a punta de mermelada y nombramientos diplomáticos para los familiares de los magistrados?